El gobierno de Donald Trump puso en marcha una serie de operativos con el objetivo de llevar a cabo deportaciones masivas de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos. Sin embargo, este plan enfrenta serios desafíos logísticos, económicos y diplomáticos, lo que podría dificultar su cumplimiento en la escala prometida.
Las detenciones de inmigrantes requieren una planificación meticulosa y un despliegue extenso de agentes. Los operativos de ICE implican la investigación de los objetivos, la ubicación de sus paraderos y la movilización de recursos para su captura. En muchas ocasiones, los agentes deben esperar horas para poder ejecutar los arrestos, lo que ralentiza la operación, según un reciente análisis del The New York Times.
Además, en varias ciudades santuario, las autoridades locales limitan la cooperación con ICE, lo que complica la captura de personas indocumentadas en lugares públicos, educativos y religiosos, entre otros.
Estas políticas, que ponen en jaque la operación de deportación de Trump, fueron implementadas con el fin de garantizar la confianza de la comunidad inmigrante en las fuerzas del orden locales, para evitar así que el temor a la deportación impida la denuncia de delitos.
Para contrarrestar esta problemática, según lo retomado por el The New York Times, el gobierno de Trump propuso solicitar más órdenes judiciales que permitan el ingreso forzado de agentes a domicilios. Sin embargo, esta estrategia podría enfrentar impugnaciones legales y retrasos en su aplicación.
El gobierno también enfrenta obstáculos para asegurar el regreso de los inmigrantes a sus países de origen. La coordinación con naciones extranjeras para aceptar vuelos de deportación y facilitar la repatriación de personas indocumentadas ha sido un problema recurrente en el último tiempo.
Según documentos obtenidos por el The New York Times, la administración actual considera la posibilidad de enviar a los inmigrantes deportados a países terceros que se ofrezcan a colaborar. Costa Rica y Panamá son un claro ejemplo de esto, ya que funcionaron como “países puente”, luego de llegar a un acuerdo con el gobierno estadounidense, por lo cual recibieron 300 expulsados de EE.UU. de origen asiáticos.
Otro aspecto en consideración es la posible reactivación de centros de detención en bases militares, lo que permitiría ampliar la capacidad de alojamiento de indocumentados en espera de su deportación. Sin embargo, esta opción podría generar controversia debido a los costos operativos y a las críticas sobre el trato a los inmigrantes detenidos.
Ante las dificultades logísticas y financieras, la administración Trump comenzó a evaluar nuevas estrategias para persuadir a los inmigrantes indocumentados a abandonar EE.UU. por su cuenta. Entre estas medidas se encuentra el lanzamiento de una campaña publicitaria multimillonaria que advierte sobre las consecuencias de permanecer ilegalmente en EE.UU.
La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, anunció en redes sociales el inicio de esta campaña dirigida a inmigrantes que consideran ingresar a ese país de manera irregular. “Esto sirve como una fuerte advertencia. Si vienen ilegalmente, serán perseguidos”, afirmó.
A pesar de los esfuerzos de la administración Trump por aumentar las deportaciones, los límites presupuestarios, los problemas logísticos y la resistencia de gobiernos locales y extranjeros podrían ralentizar la ejecución de su plan.
Se estima que en EE.UU. residen más de 10,5 millones de inmigrantes sin estatus legal, lo que representa un reto significativo para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). La implementación de arrestos, procesos judiciales y deportaciones masivas requiere un nivel de recursos que actualmente excede las capacidades del sistema migratorio estadounidense.
Según un análisis de CBS News basado en datos oficiales, el costo promedio de deportar a una persona en los últimos cinco años fiscales ha sido de aproximadamente 19.599 dólares. Esta cifra contempla desde la aprehensión hasta el transporte del expulsado fuera de EE.UU.
Si el gobierno estadounidense busca deportar a la totalidad de la población indocumentada, el gasto anual podría alcanzar entre US$40.000 y US$54.000 millones, lo que totalizaría un estimado de más de US$216 mil millones durante e|l mandato presidencial.
Estos costos elevados han generado preocupación entre los funcionarios encargados de la operación, ya que la financiación requerida para lograr el objetivo no está garantizada.
