Aunque no hay muchos detalles del ambicioso plan de deportaciones anunciado por Donald Trump, el presidente electo ha dejado claro que empezará por expulsar del país a los migrantes indocumentados que hayan sido condenados por algún delito y aquellos que ya tengan orden de deportación. Lo que no es tan evidente es a quienes se refiere. Durante su campaña electoral, el magnate se apoyó en algunos datos para difundir la idea de que la Administración de Joe Biden abrió las puertas a los delincuentes, que llegaban a Estados Unidos desde cárceles de otros países, justificando así sus promesas de expulsarlos a todos. En varias ocasiones, Trump reiteró que hay 13.000 asesinos indocumentados sueltos vagando por el país. La realidad, sin embargo, es otra.
“Se trata de personas que han sido condenadas por homicidio en los últimos 40 o 50 años, y lo único que significa es que hay 13.000 de ellos que no están bajo custodia de inmigración, lo que significa que o están en prisión o fueron deportados de Estados Unidos, o están muertos. No son personas que deambulan libres por el país”, explica Alex Nowrasteh, vicepresidente de Estudios Económicos y de Política Social del instituto CATO. Por no estar en las dependencias controladas por la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), asumen que vagan por las calles.
El discurso sobre el peligro que los migrantes indocumentados suponen para los ciudadanos fue fundamental para que muchos votantes apoyaran a Trump en sus planes de aplicar mano dura contra ellos. En torno a la mitad de la población aprueba las deportaciones masivas.
Sin embargo, lo que muestran las estadísticas es que los indocumentados cometen menos crímenes que los migrantes documentados y que los ciudadanos nacidos en Estados Unidos. El único Estado que tiene en cuenta la diferenciación en sus estadísticas es Texas y los expertos lo usan como referencia para el resto del país. Cuando un agente policial de Texas arresta a alguien, tiene que buscar el lugar de nacimiento y ciudadanía de esa persona. Para hacerlo, las agencias envían las huellas dactilares del detenido al Departamento de Seguridad Nacional, que informa de su estado migratorio.
Entre 2012 y 2018 en Texas, la tasa total de arrestos por delitos violentos fue de 213 por 100.000 para ciudadanos nacidos en Estados Unidos y 96,2 por 100.000 para inmigrantes indocumentados. Y según datos recogidos por CATO, un total de 1.336 personas fueron condenadas por homicidio en Texas en 2022. De ellas, 1.209 eran estadounidenses nativos, 67 eran inmigrantes ilegales y 60 eran inmigrantes legales. Los inmigrantes ilegales constituían alrededor del 7,1% de la población del Estado fronterizo en 2022, pero representaban solo el 5% de las personas condenadas por homicidio. Para el resto de los delitos como agresión, agresión sexual, robo, hurto e incendio provocado, el patrón es parecido y las tasas de delincuencia de los inmigrantes indocumentados son más bajas que las de los ciudadanos nacidos en Estados Unidos. También en el caso de delitos relacionados con drogas, los indocumentados tiene menos de la mitad de probabilidades de ser arrestados que los ciudadanos estadounidenses nativos.
Uno de los motivos que lo explican es que después de arriesgar la vida en largas travesías no tiene sentido exponerse a una expulsión. Los migrantes recorren miles de kilómetros atravesando selva y desierto y sobreviven a la violencia de las mafias que operan a lo largo del camino en busca de una vida mejor. Arriesgarse a ser devuelto a sus países de origen no parece una idea muy atractiva. “Temen ser arrestados, por lo que no cometen delitos”, explica Nowrasteh.
Texas es la excepción y la mayoría de los estudios tratan a todos los migrantes como un grupo uniforme, independientemente de si se encuentran legalmente en el país. Como grupo, los migrantes han tenido tasas de encarcelamiento más bajas que los nacidos en Estados Unidos durante 150 años y han disminuido desde 1960: los inmigrantes hoy tienen un 60% menos de probabilidades de ser encarcelados que los nacidos en Estados Unidos, según un estudio de la Oficina Nacional de Investigación Económica.
El ejemplo de ciudades que han acogido a más migrantes indocumentados en los últimos años revela que un aumento de la migración no es equivalente a un aumento de la delincuencia. En Nueva York, Chicago y Denver, ciudades que han recibido más migrantes, las tasas de homicidio han disminuido. De manera similar, los condados fronterizos de Texas tienen tasas de delitos violentos más bajas que el estado y el país en general, según ha publicado The New York Times con datos del analista criminal Jeff Asher.
Multas de tráfico, no asesinatos
Otra contradicción con el discurso que ha repetido Trump en la campaña electoral y después de su victoria tiene que ver con el tipo de delito que les atribuye. Frente a los “asesinos” y “violadores” con los que el magnate ha equiparado a los migrantes indocumentados, la mayoría de los delitos cometidos son leves, como multas de tráfico o conducir bajo los efectos del alcohol, según los datos del ICE.
En Estados Unidos hay entre 11 y 13 millones de indocumentados y casi el 90% no tiene antecedentes penales. Cerca de cinco millones de niños tienen a un progenitor con estatus migratorio irregular. Angela Kelley, asesora principal del Consejo Estadounidense de Inmigración, ofrece un perfil de ellos: “Los 11 millones que viven aquí sin estatus han residido en los Estados Unidos durante un promedio de 16 años. Más de dos tercios viven con un ciudadano estadounidense, como su cónyuge o un hijo. No son turistas accidentales. Han echado raíces, no robado bancos. Es una mala política y perjudicial para Estados Unidos confundir a personas con antecedentes penales con personas que carecen de documentos”.
Trump ha dicho que las deportaciones, que el presidente electo pretende iniciar desde el primer día en el Despacho Oval, comenzarán con los delincuentes, pero en su anterior mandato la política migratoria estuvo más centrada en la frontera, donde se aplicó la llamada “tolerancia cero”, que resultó en la dramática separación de familias. Las deportaciones que realizó desde el interior del país fueron menores y no priorizó a migrantes con condenados por algún delito. Datos de CATO muestran que el magnate prefirió deportar a los migrantes que cruzaban ilegalmente al país que perseguir a los que habían cometido algún delito. En contraste, la Administración de Biden ha igualado en deportaciones a la primera de Trump y sí ha priorizado a quienes han cometido algún delito.
Desde 2021, la política laxa que el presidente aplicó supuso la entrada de dos millones de migrantes en el país, la mayor registrada, siendo un 60% de ellos indocumentados. La masiva llegada de extranjeros no supuso, sin embargo, un aumento de la delincuencia, más bien sucedió lo contrario y la criminalidad se redujo. Los cruces ilegales en la frontera han caído en los últimos meses por las restricciones al asilo que el presidente saliente aprobó en verano
Trump planea comenzar las deportaciones con los delincuentes, pero en su plan caben todos los indocumentados, una definición confusa donde caben desde los centroamericanos acogidos al Programa de Protección Temporal (TPS), que les ofreció asilo por huir de países de extrema violencia, hasta los dreamers, que llegaron al país siendo niños. Con respecto a estos últimos, el presidente electo ha suavizado su discurso y ha afirmado que buscará un acuerdo con los demócratas, pero muchos ponen en duda su credibilidad.
David Leopold, asesor legal de la organización America’s Voice, cree que “el plan de deportación masiva de Trump se centrará en los inmigrantes trabajadores que han estado aquí durante años, criaron hijos, enriquecieron el tejido de nuestras comunidades pero que se les impide obtener la ciudadanía estadounidense debido a la incapacidad del Congreso durante décadas para corregir la ley de inmigración. Trump habla duro sobre la deportación de criminales violentos pero, como vimos durante sus primeros cuatro años en el cargo, expulsará a cualquiera que caiga en sus manos”.
