“Hay una falta de reconocimiento sobre la seriedad de los daños que conlleva la violencia digital de género”, consigna el estudio “Violencia Política de Género en la Esfera Digital en América Latina” del Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral (IDEA Internacional), presentado el 28 de noviembre en Chile.
La directora regional de IDEA Internacional y autora del informe, Marcela Ríos, en conversación con nuestro medio aseveró que pese a las idiosincrasias, el fenómeno de la violencia digital contra la mujeres es extendido en toda la región. “Tienen una intención de disciplinamiento o de expulsión de las mujeres de la esfera pública”.
En concreto, según el informe de IDEA, los ataques contra niñas y mujeres no son a sus propuestas o lineamientos estratégicos, sino que buscan cuestionar sus capacidades, su apariencia y vida privada, con el objetivo de dañar a las mujeres en general y no a la persona en específico.
Para la directora de incidencia de ONG Amaranta, Karen Vergara, este estudio presenta un panorama que organizaciones como la que ella integra, junto a otras de Latinoamérica, han evidenciado en sus trabajos investigativos: las mujeres, niñas y las personas de la comunidad LGTBIQA+ son las principales afectadas de la violencia política digital.
“Esto plantea un desafío súper importante y que tiene que ver, por un lado, con cómo nos hacemos cargo de visibilizar este tipo de violencia, que es de tipo político, pero que se da en nuevos espacios como el digital, y, por otro lado, qué hacemos con las otras violencias que además se terminan dando dentro de ésta, porque es una violencia política a partir del espacio digital, pero que tiene un componente sexual, intimidatorio, muchas veces con búsqueda de daño emocional o de inestabilidad psicológica, donde en el fondo quien ataca en este caso busca restar de un espacio a la víctima, en este caso, a mujeres y disidencias que están trabajando en política”, enfatizó en conversación con Radio y Diario Universidad de Chile.
Así, la vicepresidenta y directora de incidencia de ONG Amaranta detalló que este tipo de violencia contra con mujeres y disidencias pretende “alejarlas del espacio e intenta disciplinar a todas las otras personas que están viendo esto, transformándose en un espacio hostil para todas y todes. Dentro de los desafíos está plantearse estrategias de abordaje de estas violencias, pero más allá de la edad adulta, cómo las vamos trabajando desde la infancia, porque lo que seguimos viendo es que hay una apropiación del cuerpo femenino en estos espacios”.
El informe de IDEA recoge varias investigaciones de ONG Amaranta y de Karen Vergara, pero no cita la investigación “Violencia política sexual y digital en Chile”, un trabajo que realizaron en 2023 con la Asociación de Derechos Civiles de Argentina sobre este tipo de violencia en nuestro país.
Vicepresidenta de ONG Amaranta, Karen Vergara. Foto: ONG Amaranta
“Ahí evidenciamos también que en Chile la violencia política digital hacia mujeres viene muy arraigada desde las prácticas de la dictadura, donde en el fondo las mujeres que militaban y las dirigentas sociales eran violentadas de una manera sexual mediante el disciplinamiento de sus cuerpos. Lo que en la actualidad se viene replicando por una generación que aún sigue al dictador y en este caso también a sus secuaces”, recalcó la vicepresidenta de ONG Amaranta.
En ese sentido, Vergara hizo hincapié en el contexto actual: “Estamos viendo movimientos super organizados, ultraconservadores, de derecha, de extrema derecha en este caso, que siguen replicando estas violencias de la dictadura, pero ahora en este espacio digital donde además sienten que hay una libertad para hacerlo que ya lo físico no les deja. Entonces, van encontrando nuevas formas de seguir perpetuando violencias política”.
A su vez, la académica de la Facultad de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile (FCEI) y directora de la ONG Datos Protegidos, Patricia Peña, sostuvo que la violencia política de género tiene una relación directa con mujeres, niñas y disidencias que son activistas por sus derechos, expresan su opinión y ejercen su liderazgo en redes sociales.
“Muchas veces el objetivo de estas situaciones de violencia es obstaculizar e impedir la participación de las mujeres y de las personas de la disidencias en estos espacios de participación y de acción política, lo que tiene que ver con que es un tipo de violencia que refuerza estereotipos y desigualdades de género, porque son finalmente casos en que los que se busca denigrar a la otra persona”, subrayó.
Asimismo, la docente de la Casa de Bello apuntó a que este tipo de violencia está cada vez más asociado al fenómeno de la desinformación. “El trabajo que hicimos desde la Comisión Asesora contra la Desinformación fue invitar a abrir este debate en Chile, pues el tema de la desinformación de género se está transformando en un riesgo”.
Fotografía referencial de teléfonos celulares. Foto: Aton.
“La desinformación de género es una mala información o una información engañosa que muchas veces también se crea en torno a una mujer que está participando en política. En el fondo, ambos procesos se potencien y se van mezclando (…) Nosotros en la comisión pusimos esta alerta y, por supuesto, va más allá de querer que todo este este tipo de problemática se solucione con una ley, aquí es muy importante también el papel que tiene el Estado frente a las empresas dueñas de plataformas digitales”, precisó en diálogo con Radio y Diario Universidad de Chile.
Las principales agresiones que reciben niñas, mujeres y disidencias en el espacio digital, de acuerdo al estudio de IDEA, van desde insultos, pasando por amenazas hasta llegar a la difusión de fotografías íntimas no consentidas, además de utilizar inteligencia artificial para crear imágenes o información falsa, lo que repercute en sus vidas personales y tiene consecuencias en las formas de participación en la política, pues muchas de las personas afectadas dejan de ser parte de los espacios colectivos.
Plataformas digitales: un lugar para agredir, sin repercusiones
Según el texto “Violencia política sexual y digital en Chile”, las plataformas están delegando su responsabilidad a algoritmos de denuncia que no consideran variables de género a la hora de procesar los contenidos reportados, provocando desigualdad al momento de dar de baja contenido agresivo o que ataca a las mujeres y disidencias.
Así, Karen Vergara de ONG Amaranta explicó que la violencia política digital se da en una dinámica en que el espacio online es un lugar válido para hostigar, acosar, denostar, entre otras acciones, sin ningún tipo de respuesta, ni represalia por ello.
“Ahí también fracasan las policías y sobre todo las plataformas. Las redes sociales en la actualidad no manejan estrategias para abordar este tipo de violencia y en el fondo se termina replicando violencias que que ya conocíamos como la psicológica y la física, pero en este caso, estamos hablando de un cuerpo digital que puede ser expuesto, vulnerado, hipersexualizado, entre otros”, aseguró.
Asimismo, la directora de ONG Datos Protegidos, Patricia Peña, señaló que “en situaciones donde hay un continuo hostigamiento o acoso no hay respuestas de parte de las plataformas, porque tampoco en los países de América Latina tenemos leyes que sancionen este tipo de violencia. No tenemos un marco regulatorio en materia de violencia digital de género y menos, específicamente, en materia de violencia política, que es algo que efectivamente hoy día está en debate”.
Patricia Peña, académica de la Universidad de Chile y directora de ONG Datos Protegidos. Foto: FCEI
“Cuando decía que es muy importante abrir esta discusión es porque necesitamos, por un lado, tener también más estudios y evidencia, como dice el trabajo de Marcela Ríos, que nos permita entender cómo ocurre, cuándo, cuáles son las características y sus especificidades, de manera que con eso se pueden construir marcos regulatorios y legislaciones, pero también políticas públicas y acciones, que no sean solamente regulatorias, que tienen que ver con una educación en este tema, que busque comprender qué es la violencia digital de género. Tenemos un importante desafío en ese aspecto, que está relacionado con la convivencia en espacios digitales”, puntualizó.
También, la académica de la Universidad de Chile hizo énfasis en otra arista de este tipo de violencia, que tiene que ver con los partidos y colectivos políticos: “Es necesario abrir un debate en el campo de la política partidista, sobre cómo el sistema de partidos puede generar condiciones y aportar a hacerse cargo de la situación, porque lo que está pasando en otros países del mundo es la señal de que finalmente muchas mujeres jóvenes que están iniciando una carrera política, de activistas o como líderes en el espacio público, están dando un paso al costado, tanto de sus propias redes sociales como del campo de la política, porque no quieren seguir adelante por las situaciones de hostigamiento y de acoso”.
Cabe señalar que según el estudio “Ser política en twitter: violencia política de género en redes sociales a candidatas constituyentes” de Corporación Humanas e Interpreta, de las 257 mil 792 publicaciones de Twitter (actual X) analizadas que aludían a 428 candidatas a la constituyente, el 9,2% correspondía a violencia explicita, el 69% a expresiones de discriminación y 31% a desprestigio, en otros hallazgos de esta investigación de 2021.
