Donald Trump ha firmado un número récord de órdenes ejecutivas y decisiones en la historia de los presidentes de Estados Unidos, muchas de las cuales nos suscitan una enorme preocupación.
Esperamos que algunas de estas órdenes ejecutivas queden en papel mojado por ser anticonstitucionales, ir en contra de alguna ley estadounidense o por decisión de su propio congreso. Sin embargo, el mensaje y las ideas que promueven permanecen en el consciente y subconsciente colectivo, haciéndolas parecer “más aceptables”. Esto abre la puerta a que se perciban como necesarias, generando el riesgo de retrocesos en derechos que antes se consideraban firmemente establecidos como logros sociales.
Aplicación de la pena de muerte, siempre que sea posible
La orden ejecutiva empieza con la afirmación desacreditada en repetidas ocasiones que es una “herramienta para disuadir […] los crímenes más atroces”. No hay pruebas que demuestren que la pena de muerte sea más eficaz que la cárcel para reducir el crimen. Según esta orden ejecutiva, el Fiscal General debe solicitar la pena de muerte para crímenes graves, en especial el asesinato de agentes de la ley y los crímenes capitales cometidos por extranjeros en situación irregular. Además, se debe garantizar que los estados con pena capital dispongan de los medicamentos necesarios para llevar a cabo ejecuciones por inyección letal.
No podemos estar más en desacuerdo con esta decisión, ya que Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en cualquier circunstancia y condición. Ejecutar a una persona implica negarle el derecho a la vida, tal y como lo proclama la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En Estados Unidos, se ha demostrado que las personas pobres o pertenecientes a minorías raciales, étnicas o religiosas tienen más probabilidades que el resto de ser condenadas a muerte por el mismo delito, debido a la discriminación presente en el sistema de justicia. A esto hay que añadir que estos colectivos suelen tener más dificultades para acceder a los recursos legales necesarios para defenderse. Otro argumento contra la pena de muerte es el riesgo de ejecutar a personas inocentes. Desde 1976, en Estados Unidos, 150 condenados a muerte han sido absueltos. En algunos casos, la absolución llegó cuando ya habían sido ejecutados.
Retirada de la Organización Mundial de la Salud (OMS)
Campaña de vacunación contra la poliomielitis en Deir al Balah, Gaza. La campaña está siendo llevada a cabo por el Ministerio de Salud de Palestina en colaboración con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y otras organizaciones. © Naaman Omar apaimages/SIPA/2409011216
Esta medida representa una decisión que afecta al principal organismo internacional encargado de apoyar la salud pública mundial. La OMS implementa numerosos programas para prevenir, controlar y tratar enfermedades como el ébola, el sarampión, la malaria, el VIH/sida, la diabetes, las cardiopatías, el cáncer, entre otras, y desempeñó un papel crucial durante la pandemia de COVID-19. Según la orden, esta medida se justifica por “la mala gestión de la COVID-19 y otras crisis sanitarias globales, su incapacidad para adoptar reformas que demuestren su independencia y los pagos desproporcionados que exige a Estados Unidos en comparación con otros países”.
Con esta decisión, el presidente Trump muestra un claro desprecio por la salud pública mundial y por la cooperación internacional necesaria para enfrentar amenazas globales a la salud. Históricamente, Estados Unidos ha sido uno de los mayores financiadores y un socio clave de la OMS, contribuyendo a garantizar que exista una organización global capaz de promover la salud, proteger al mundo y trabajar para que todas las personas, independientemente de sus circunstancias, puedan acceder a este derecho humano.
Sin embargo, esta decisión tendrá consecuencias devastadoras para la salud pública, tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo. La pandemia de COVID-19 es un claro recordatorio de que las enfermedades no respetan fronteras. La OMS es la institución mejor equipada para responder a emergencias sanitarias globales, y la retirada de la financiación y participación de Estados Unidos amenaza con poner en peligro los derechos y las vidas de millones de personas en todo el mundo, incluidos los propios estadounidenses. Además, también puede impactar en la percepción de la población sobre el trabajo que es necesario hacer para defender la salud pública y poner en entredicho la capacidad de las instituciones para llevar a cabo campañas que protegen a la población.
Retirada del Acuerdo de París
Un incendio de rápido movimiento estalló en el condado de Los Ángeles. © Chine Nouvelle/SIPA/2501231013
Esta medida que afecta al tratado internacional más ambicioso hasta la fecha en materia de cambio climático, representa un grave retroceso en la lucha global contra el calentamiento global. Según el acuerdo, Estados Unidos se había comprometido a reducir entre un 61 % y un 66 % sus emisiones netas de gases de efecto invernadero para 2035, tomando como referencia los niveles de 2005, un objetivo clave para limitar el aumento de la temperatura global a menos de 2°C. Sin embargo, al abandonar el acuerdo, este objetivo se aleja, lo que no solo agrava la crisis climática, sino que también pone en riesgo derechos fundamentales como el acceso a alimentos, agua y vivienda.
El cambio climático ya es una amenaza significativa para los derechos humanos. Genera hambre, desplazamientos masivos, pobreza y desastres humanitarios a una escala sin precedentes. Los recientes incendios forestales en California y los devastadores huracanes en Carolina del Norte son claros ejemplos de cómo el cambio climático está afectando directamente a los estadounidenses. A pesar de ello, parece que este mensaje no termina de calar en algunos sectores de la sociedad y del liderazgo político. Como segundo mayor emisor de carbono del mundo, Estados Unidos tiene una responsabilidad histórica y moral de liderar la transición hacia una economía global de cero emisiones. Su retirada del Acuerdo de París no solo incumple este deber, sino que además envía un mensaje negativo a otros líderes mundiales, dificultando la cooperación global necesaria para mitigar los efectos del cambio climático.
Las consecuencias de esta inacción son alarmantes: si no se toman medidas contundentes, se estima que la crisis climática provocará alrededor de 250.000 muertes anuales entre 2030 y 2050, causadas por malaria, malnutrición, diarrea y golpes de calor. Además, con un aumento de solo 2°C en la temperatura media global, más de 1.000 millones de personas verán drásticamente reducidos sus recursos hídricos, lo que podría llevar a al menos 600 millones de personas adicionales al borde de la hambruna para 2080. También se prevé que el cambio climático y los desastres naturales asociados desplacen a 1.200 millones de personas en todo el mundo para 2050, creando una crisis humanitaria de dimensiones nunca vistas.
Esta retirada no solo es un paso atrás para Estados Unidos, sino también para la humanidad, que necesita una acción climática concertada y decidida para enfrentar los desafíos del siglo XXI. La inacción en este momento crítico no solo pone en peligro al planeta, sino que también hipoteca el futuro de millones de personas, incluidas las generaciones venideras.
Prórroga para TikTok
(Orden ejecutiva sobre la “Aplicación a Tiktok de la ley de protección de los estadounidenses frente a aplicaciones controladas por adversarios extranjeros”).
El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, pidió al Tribunal Supremo que suspendiera una ley que amenazaba con prohibir TikTok en Estados Unidos antes de su investidura oficial, el 20 de enero, a menos que la empresa china propietaria de la app la vendiera el 28 de diciembre de 2024. © Yassine Mahjoub/SIPA/2412301214
Tanto TikTok, Google y Meta, entre otras empresas gestionadas por diversos países y personas, controlan los principales canales que las personas utilizan en internet. Su modelo de negocio se basa en la vigilancia, es decir, cuanto más tiempo pasamos en sus plataformas, más datos recopilan y mayores son sus ganancias. Esto, por un lado, viola el derecho a la privacidad y genera un efecto en cadena que pone en riesgo otros derechos fundamentales, desde la libertad de expresión y opinión hasta la libertad de pensamiento y el derecho a la no discriminación. Por otro lado, fomenta la amplificación de contenido incendiario y de odio, que afecta de manera desproporcionada a mujeres y a grupos históricamente marginados, como minorías étnicas o religiosas, personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo.
Restaurar la “verdad biológica”
Este es el “curioso” título de la orden ejecutiva que establece que solo se van a reconocer el género masculino y femenino, borrando el resto de identidades. Desgraciadamente, el discurso homófobo y tránsfobo de Trump no cae en el vacío. En Estados Unidos, se ha documentado que la población LGBTIQ+ tiene una probabilidad nueve veces mayor que la población no LGBTIQ+ de ser víctima de delitos de odio con violencia. Solo el 54% de las personas adultas LGBTIQ+ vive en estados con legislación sobre delitos de odio que incluye la orientación sexual y la identidad y expresión de género. De hecho la aprobación de legislación estatal anti-LGBTIQ+ aumentó notablemente. En 2023 se aprobaron 84 proyectos de ley anti-LGBTIQ+, cuadruplicando la cifra de 2022. Cada vez se promulgan más leyes que, bajo el argumento de la libertad religiosa, limitan o eliminan de facto los derechos de las personas LGBTIQ+. Estas medidas de Trump fomentan un clima de intolerancia y discriminación contra la diversidad sexual de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales, e incluso alienta la violencia contra esas personas. La creciente tendencia a atacar los logros alcanzados por los movimientos de defensa de los derechos de las mujeres y las personas LGBTIQ+ en las Américas se encontrará con una férrea resistencia y solidaridad, desde el extremo norte hasta el extremo sur del continente.
Restablecer la libertad de expresión
Según esta orden ejecutiva durante la administración Biden el gobierno “pisoteó los derechos de libertad de expresión censurando la expresión de los estadounidenses en plataformas en línea […] Bajo el pretexto de combatir la «desinformación”, el Gobierno Federal infringió los derechos de expresión constitucionalmente protegidos de la ciudadanía estadounidense en todo el país, de manera que promovió la narrativa preferida por el Gobierno sobre asuntos importantes del debate público. Esta directiva es interpretada como una respuesta a la presión de la administración Biden a las empresas de redes sociales para que eliminaran discursos que consideraba desinformativos especialmente respecto a la COVID-19 y a las elecciones. Esta orden contradice una decisión del Tribunal Supremo que dictaminó el año pasado que el gobierno de Estados Unidos puede contactar con las empresas de medios sociales para informarles sobre la desinformación que circula en sus plataformas. Punto para Biden.
Amnistía Internacional ha trabajado desde sus inicios en defensa de la libertad de expresión en todos los países que monitorea. Sin embargo, esta orden ejecutiva, en su planteamiento y espíritu, podría tener consecuencias negativas, como reforzar la desinformación, fomentar la violencia contra las personas más vulnerables y facilitar agresiones e insultos. Además, decisiones recientes de algunas redes sociales, como Meta (propietaria de Facebook e Instagram), de reducir el uso de verificadores de datos cuestionan aún más el impacto de esta medida.
Acabar con el uso político del gobierno federal
En esta orden ejecutiva se acusa a la administración previa de usar agencias federales, incluyendo organismos de inteligencia y fuerzas del orden, para atacar a opositores políticos mediante investigaciones, procesos judiciales y otras acciones. El poco respeto a la independencia entre estamentos y poderes y el uso arbitrario del poder acerca a la administración Trump a gobiernos tan poco ejemplares como Venezuela, Cuba o Nicaragua.
Desde Amnistía Internacional seguiremos demandando en todos los países del continente la libertad de expresión y asociación, la protección del espacio de la sociedad civil y de las personas que defienden los derechos humanos.
Reajuste del programa de admisiones de personas refugiadas
Un grupo de migrantes llegó al cruce fronterizo ‘Paso del Norte’, con la esperanza de cumplir con sus citas originalmente programadas a través de CBP One, a pesar de que fueron canceladas por Trump. © Alice MORITZ/SIPA/2501221137
Con este viraje lingüístico se suspende el programa de admisión de personas refugiadas, estableciendo un plazo de 90 días para analizar si la reanudación de la entrada “redundaría en interés de los Estados Unidos”. La suspensión ha sido tan tajante que hay personas que se han quedado con el asilo concedido y los billetes de avión comprados varados fuera de EEUU. Es evidente que los obstáculos a la admisión legal y organizada de las personas refugiadas no solo agravan el caos y la crisis humanitaria en la frontera, sino que también aumentan los cruces ilegales, poniendo en peligro la vida de quienes los intentan. Además, esta medida fortalecerá el poder y el negocio de los coyotes, hará que algunas personas permanezcan en situaciones de riesgo y generará un declive económico en empresas y ciudades revitalizadas por la mano de obra de comunidades refugiadas.
Proteger el significado y el valor de la ciudadanía estadounidense
En otras palabras, fin de la nacionalidad por nacimiento. A pesar de que la constitución de EEUU dice que “todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de los Estados Unidos y del Estado en el que residen”, Trump pretende retirar la nacionalidad a las personas nacidas en EEUU cuyos progenitores no tengan permiso para residir en el país o cuya estancia sea solo temporal. Esta medida pone en riesgo de apatridia —la condición de no tener ninguna nacionalidad reconocida— a muchas personas que quedarían en situación de indefensión, con serios obstáculos para ejercer derechos como el de la salud, la educación y un empleo digno. Además el derecho a una nacionalidad está consagrado en el artículo 15 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948). Esta orden presidencial contradice directamente la Constitución de EEUU, tanto es así que un juez ya ha emitido una suspensión temporal de la medida y los fiscales generales de 22 estados ya han presentado un recurso judicial contra su implementación.
Órdenes ejecutivas de Trump referente a la migración:
- Congelación normativa pendiente de revisión
- Declaración de emergencia nacional en la frontera de los Estados Unidos
- Clarificación del papel de las Fuerzas Armadas en la protección de la integridad territorial de los Estados Unidos
- Garantizar la seguridad de nuestras fronteras
- Proteger al pueblo estadounidense contra la invasión
- Garantizar la protección de los estados contra las invasiones
Proteger a Estados Unidos de terroristas extranjeros y otras amenazas a la seguridad nacional y pública
Un helicóptero sobrevuela el muro fronterizo entre Estados Unidos y México, intensificando la vigilancia fronteriza tras la toma de posesión de Donald Trump. © Alice Moritz/SIPA Press/SIPA
Esta orden ejecutiva es extensa, preocupante y totalmente coherente con el historial de Trump durante su primera administración, marcada por declaraciones xenófobas y promesas de deportaciones masivas, declaración de emergencia nacional, detenciones arbitrarias y deportaciones sin el debido proceso. En este sentido Trump ha cumplido. La medida se basa en la premisa falsa de que existe una “crisis sin precedentes en la frontera sur del país” debido a la “entrada masiva de migrantes indocumentados” en los últimos cuatro años. En realidad las cifras reflejan que el flujo en la frontera es menor que el que había cuando gobernaba Trump, y Obama deportó a tantas personas que se ganó el mote de “deportador en jefe (“deporter in chief” en inglés, juego de palabras con el título de “commander in chief” del presidente del país). También apuntan a una campaña de deportación masiva dirigida a millones de migrantes y personas que buscan seguridad, estimados entre 11 y 25 millones empezando por los migrantes con antecedentes penales aunque no hayan sido condenados. Detrás de estos antecedentes hay mayoritariamente infracciones leves como infracciones relacionadas con el tráfico (saltarse una señal o conducir sin carnet) o delitos de inmigración (entrada al país de manera ilegal, mentir en el momento de ingresar).
Amnistía Internacional considera violatoria del derecho internacional cualquier medida que no garantice que sus leyes, políticas y prácticas no ponen en un peligro mayor de sufrir abusos contra los derechos humanos a las personas migrantes y las que buscan seguridad. Las deportaciones masivas privan a la gente de la oportunidad de pedir protección, la someterá a detención arbitraria, devolverá a personas a situaciones de peligro, separará a familias, destrozará comunidades, someterá a personas al uso de perfiles raciales, propagará el miedo y socavará la seguridad, prosperidad y dignidad humanas.
El papel de Amnistía Internacional
Nuestra misión en Amnistía Internacional es defender los derechos humanos para todas las personas en cualquier lugar del planeta. Seguiremos movilizando a millones de personas comprometidas de todo el mundo para garantizar que los derechos humanos estén protegidos, sin importar quién ocupe la Casa Blanca. Cuando un gobierno promete promover políticas contrarias a los derechos humanos es muy importante esta movilización. Especialmente en este caso porque sabemos que el impacto de la política de Estados Unidos en los derechos humanos puede tener el efecto de una onda expansiva tanto en el resto del continente americano como en todo el mundo. Ahora más que nunca es crucial poner la defensa de los derechos humanos en el centro, por ello seguiremos analizando la acción del gobierno del presidente Trump y denunciando todas las violaciones de derechos humanos que se puedan producir.
