Donald Trump las describe como presas del crimen, hoyos sin ley, zonas de guerra. Son las llamadas ciudades santuario, entre las que están algunas de las urbes más importantes del país, desde Nueva York a Los Ángeles, de Seattle a Atlanta. El término no tiene una definición legal exacta, pero en general se refiere a ciudades que de acuerdo a sus leyes locales no colaboran con los servicios de inmigración federales. Algunas tienen esa norma escrita en sus constituciones, en otras es una orden ejecutiva, y en algunas más es un compromiso menos formalizado. Pero el resultado es el mismo: la policía y autoridades locales no proporcionan información migratoria sobre sus residentes, no persiguen a personas por su estatus migratorio, y no llevan a cabo órdenes de detenciones y deportaciones mandadas por el gobierno central, todo para generar mayor confianza entre las fuerzas del orden locales y las poblaciones inmigrantes.
No es sorpresa entonces que estén en el punto de mira del presidente electo, pues su falta de cooperación puede torpedear significativamente sus planes de llevar a cabo “la mayor deportación de la historia”. Desde la campaña las amenazas hacia estas ciudades han sido comunes, pero en las últimas semanas la batalla entre las autoridades locales y el equipo de Trump, en especial el nuevo “zar de la frontera”, Tom Homan, se ha calentado. Las amenazas cruzadas —de no colaborar, por parte de las ciudades; de persecución legal y retención de fondos federales, por parte de Homan— auguran un enfrentamiento directo en cuanto Trump tome posesión del cargo de presidente el próximo 20 de enero. Pero si el objetivo es acabar con las ciudades santuario, como ha dicho el republicano incluso desde su primer mandato, todavía no está del todo claro cómo lo va a hacer, aunque se perfilan varias posibilidades.
Desde hace unos años, el gobernador de Texas, Greg Abbott, ha demostrado cómo se les puede aplicar presión a las ciudades santuario. Como parte de su programa de movilización en contra de la inmigración masiva en su Estado, Abbott envió cientos de buses y decenas de aviones llenos de migrantes desde Texas a varias de estas ciudades, principalmente Washington, Nueva York, Chicago y Denver. En cada una de estas se generó una crisis sin precedentes, los servicios de acogida prácticamente colapsaron y el tejido social de las ciudades se resintió por la llegada sin aviso de decenas de miles de migrantes nuevos. El mensaje de Abbott era sencillo: si tanto quieren proteger a los migrantes, lidien con ellos ustedes. La instrumentalización del destino de tantas personas fue efectivo para Abbott en cuanto el clima de bienvenida de los ciudadanos de estas ciudades se resintió y creció el sentimiento antiinmigrante. Sin embargo, a nivel institucional, las administraciones locales se mantuvieron firmes y no comprometieron sus valores, como dijo desafiante el alcalde de Denver que seguiría haciendo hace unos días.
Así que, sin prospectos de que los dirigentes de las ciudades santuario rechacen sus propios precedentes y opten por colaborar voluntariamente en los planes de deportación masivos, solo quedan métodos todavía más agresivos y contundentes para conseguir su cooperación. En la famosa y vasta guía ultraconservadora escrita por la Heritage Foundation, Proyecto 2025, hay un esbozo de un plan que, ya que varios de los autores del documento de 900 páginas ahora hacen parte del círculo más cercano del presidente electo, dan pistas transparentes de lo que podrían hacer una vez estén en el poder.
En el capítulo dedicado al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) está la mayor parte de los planes en materia migratoria, entre los que se incluye cómo desarticular a las ciudades santuario. La principal estrategia consiste en desmantelar por completo el DHS, crear una agencia centrada en las fronteras compuesta por otras organizaciones relacionadas con la inmigración y subcontratar el resto de sus componentes a agencias ya existentes. Esto podría facilitar el intercambio de información entre diferentes entes, como datos de los departamentos de transporte, que tienen información de carnets de conducción que incluso personas sin papeles pueden sacar, o del registro de votantes, pues en algunos condados los no-ciudadanos pueden votar en elecciones locales. No obstante, aun así, es posible que las autoridades de las ciudades santuario rechacen colaborar, pues la nueva hipotética agencia no dejaría de ser un cuerpo migratorio federal.
Así que la táctica más realista es la segunda: usar la restricción de fondos federales, en especial los de la Agencia de Manejo de Emergencias Federales (FEMA), para torcer el brazo de las ciudades para que cooperen con los agentes migratorios en la misión de deportación masiva. La idea de retener dinero desde Washington de esta forma no es nueva para Trump. Durante su primer mandato, intentó utilizar los fondos del Gobierno federal para privar de un programa de subvenciones del Departamento de Justicia a las ciudades que no acataran las políticas de inmigración, aunque el proceso quedó atascado en los tribunales durante años. La diferencia esta vez es que el republicano tiene un sistema de judicial afín que previsiblemente desestimaría cualquier recurso contra sus medidas migratorias. De hecho, Homan aseguró hace poco la congelación de fondos federales. “Eso va a suceder. Garantizo que el presidente Trump hará eso”.
Hay todavía otro frente, el legislativo. Con el control absoluto del Congreso, Trump podrá pasar nuevas normas sin mayores obstáculos, y ya hay un proyecto de ley sobre ciudades santuario en la Cámara desde el año pasado que avanza la agenda de Trump al pie de la letra. La Ley de No Rescate a las Ciudades Santuario (No Bailout for Sanctuary Cities Act), o H.R. 5717, es un proyecto de ley que definiría el término “jurisdicciones santuario”, que ahora mismo no tiene una definición estándar, y prohibiría a esas localidades recibir fondos federales destinados a ser “utilizados en beneficio” de inmigrantes indocumentados. El proyecto de ley fue presentado por el representante Nick LaLota, republicano de Nueva York, el 26 de septiembre de 2023, y ha sido copatrocinado por 35 miembros del Congreso de su partido hasta el 12 de septiembre de 2024.
Según el texto propuesto, la nueva ley definiría las jurisdicciones santuario como “subdivisiones de un Estado que prohíben o restringen que sus entidades gubernamentales compartan información con las fuerzas del orden federales, estatales o locales sobre la ciudadanía o el estatus migratorio de cualquier persona; o que restrinjan el cumplimiento de las órdenes de retención de inmigrantes emitidas por el DHS”.
A pesar del poder que ostentan los republicanos en el Congreso, la ley propuesta genera varios problemas jurídicos. Por un lado, los principios del federalismo y la 10ª Enmienda limitan lo que el Congreso puede hacer para obligar a las fuerzas del orden estatales y locales a cumplir las prioridades y programas federales en materia de inmigración. Las restricciones constitucionales impiden que el gobierno federal intente “tomar el control” de los gobiernos estatales y locales para que lleven a cabo directamente programas federales. Al forzar a los funcionarios estatales y locales a cumplir las órdenes de detención de inmigrantes como parte de un programa federal más amplio, el proyecto de ley puede estar en contra de un principio ya avalado por el Tribunal Supremo.
La retención de financiación federal propuesta también estaría en tensión con los precedentes legales existentes que ponen límites a las condiciones coercitivas que puede imponer el Gobierno central. Entre estos, está incluida la norma de que las condiciones impuestas deben estar razonablemente relacionadas con la financiación, un requisito que podría violarse si se incluyen partidas de financiación que no tienen que ver con migración. Aunque Trump ponga a las ciudades santuario frente al paredón y tenga cargada el arma, todavía no puede disparar.
