Las 3 razones que explican por qué Joe Biden se la juega por una de las políticas migratorias más draconianas de la historia de Estados Unidos

Mientras tanto, Estados Unidos seguirá procesando las solicitudes de asilo que hayan sido programadas a través de la aplicación CPB One y las de aquellas de personas que puedan demostrar una amenaza extrema a su vida y seguridad, una emergencia médica o sea un menor no acompañado por un adulto.

Si bien son muchas las razones que explican el paso dado por Biden, hay tres muy concretas que saltan a la vista y que se entrelazan en sí mismas.

La primera es bastante obvia y en eso los números no mienten. Hay una crisis en la frontera, a donde desde hace años vienen llegando números récord de inmigrantes, principalmente de América Latina.

En 2022, por ejemplo, fueron detenidas 2’379.000 personas, una cifra histórica que equivale a más del doble de los arrestos anuales que se presentaron en esta misma zona entre el 2001 y 2019. Sin embargo, en 2023 el número siguió creciendo hasta rozar los 2’500.000 de detenciones.

Si bien en los últimos meses el flujo ha bajado un poco (van 1’500,000 en los primeros siete meses del año fiscal que arranca en octubre), el 2024 va camino a ser otro año con un flujo extremadamente inusual.

Las motivaciones de los migrantes son de varios tintes: la crisis humanitaria en Venezuela, la pobreza que desató la pandemia del covid-19, el desplazamiento forzado por el cambio climático, entre otras. Pero en el fondo, lo que se viene presentando es la explotación de una falencia en el sistema de asilo que emergió de la Segunda Guerra Mundial y que Estados Unidos adoptó en su legislación.

Es decir, un “hueco” que los migrantes han aprendido a navegar y que es el que Biden, con su nueva orden, intenta ahora taponar.

En principio, el asilo está destinado para personas que son perseguidas por razones políticas y religiosas en sus países de origen y cuyas vidas están amenazadas, como por ejemplo los judíos que huyeron del Holocausto, los disidentes del régimen soviético o quienes abandonaron Irán tras la revolución islámica. En tiempos más recientes, afganos o ucranianos también se cuentan en el listado.

Sin embargo, la gran mayoría de los que han estado llegando últimamente bajo esta figura -salvo por algunos casos de nicaragüenses, cubanos y venezolanos- lo hacen por razones económicas que en realidad no califican para un asilo.

De hecho, según estadísticas oficiales, más del 90 por ciento de todas las solicitudes de asilo que recibe Estados Unidos son rechazadas por falta de mérito. Sin embargo, el trámite que se requiere para llegar a esa determinación suele tardar años, en gran parte porque el país no cuenta con la capacidad ni el personal para procesar tal magnitud de casos.

Por lo tanto, las autoridades se ven obligadas a liberarlos en territorio estadounidense mientras avanza el proceso. Para cuando este concluye con el rechazo del asilo y la orden de deportación, el inmigrante ya lleva años viviendo en EE. UU. y por lo general opta por quedarse de manera ilegal a la espera de alguna amnistía futura.

Su riesgo de deportación, aun en este caso, es bajo debido a que las autoridades tampoco tienen personal para dedicarse a perseguir a ilegales cuando deben afrontar otros riesgos de orden público que son más apremiantes.

Y esa, precisamente, es la apuesta de la gran mayoría: pedir asilo tan pronto llegan a la frontera confiando a sabiendas de que EE. UU. solo puede procesar a un 10 o 20 por ciento de los recién llegados y por lo tanto termina liberando a todos los demás.

De hecho, otros de los cambios que prevé la orden ejecutiva de Biden es elevar el estándar que actualmente se emplea durante la primera entrevista del migrante con las autoridades para que le sea más difícil aplicar al asilo y pueda ser deportado antes de que ingrese al sistema.

Algo que se llama entrevista de “miedo creíble” y que desde ahora buscará determinar si hay una probabilidad real de persecución o tortura en su país de origen.

El problema que tiene Biden, y que es el mismo que tuvo el expresidente republicano Donald Trump cuando intentó implementar medidas similares durante su administración, es que probablemente la Orden Ejecutiva –o algunos de sus apartes- es ilegal.

Bajos las normas actuales de Estados Unidos, cualquier persona que llegue al país tiene derecho a solicitar asilo y a que su caso sea considerado por las autoridades y cortes bajo los criterios establecidos.

“La administración no nos ha dejado otra opción que demandar”, dice Lee Gelernt, abogado de la Unión para las Libertades Civiles de América (ALCU por su sigla en inglés), que encabezó la demanda contra el intento de la administración Trump de bloquear el asilo en 2018 y que terminó ganando ante las cortes federales. “Era ilegal bajo Trump y es igualmente ilegal ahora”, sostiene Gelernt.

La única salida aparente para este impasse es una ley del Congreso que modifique el sistema y le de herramientas a la administración para combatir el problema.

En enero, y bajo mucha presión política, congresistas de ambos partidos avanzaron en un proyecto de ley que solucionaba muchas de las deficiencias.

El proyecto, entre otras cosas, autorizaba más recursos para contratar y entrenar jueces migratorios y personal en la frontera que habrían permitido procesar con más rapidez los casos de asilo y reducir el retraso de años que ya existe en el sistema.

Adicionalmente, establecía una medida similar de cierre de frontera si se llegaba a un umbral máximo de detenciones y modificaba los términos y requisitos para demostrar persecución política.

El proyecto, sin embargo, fue derrotado por los mismos republicanos -que llevaban meses pidiendo este tipo de medidas- por instrucción directa de Trump.

Desde su perspectiva, permitir la aprobación de ley era darle a Biden un triunfo en plena campaña electoral y en un tema -la crisis fronteriza- que su caballito de batalla para recuperar la Casa Blanca.

El mes pasado los demócratas del senado y algunos republicanos intentaron promover una ley similar, pero fue nuevamente bloqueada por Trump y sus simpatizantes en el Congreso.

Lo cual nos lleva a la tercera motivación de Biden tras su Orden Ejecutiva. A pesar de que su instinto es el contrario -en la campaña del 2020 criticó a Trump por su esfuerzo por acabar con el derecho al asilo-, es muy consciente de que la opinión pública se ha endurecido frente a la inmigración.

De acuerdo con sondeos recientes, 6 de cada 10 estadounidenses cree que la inmigración ilegal es un problema muy serio y ha sido nombrada como la “principal preocupación” de la mayoría a lo largo de los últimos tres meses, según Gallup. Incluso por encima del estado de la economía.

En gran parte eso tiene que ver con el impacto que ha tenido la llegada de los nuevos inmigrantes a grandes centros urbanos como Nueva York, Chicago y otros donde las autoridades ya no dan abasto para atenderlos y se agotan los recursos públicos.

Aunque la mayoría de los economistas insisten en que la llegada de nuevos inmigrantes es precisamente lo que ha permitido la rápida recuperación económica post covid-19, la percepción generalizada es que son un lastre.

Aunque la crisis fronteriza no ha sido creada necesariamente por las políticas de Biden -ha deportado a más gente que cualquiera de sus antecesores- como presidente en funciones sí es el que asume el costo político de la crisis. Algo que Trump y los republicanos saben y que Biden, con su nueva Orden Ejecutiva, está ahora tratando de limitar.