La Xunta de Galicia ha determinado que la planta de celulosa propuesta por un consorcio de multinacionales en Palas de Rei, Lugo, es viable desde el punto de vista ambiental. Después del visto bueno de la Xunta, los proponentes se han visto otorgar el permiso para seguir adelante con el proyecto.
El debate sobre la macrocelulosa continúa durante años. Se trata de un proyecto de fábrica para la producción de celulosa presentado en Galicia por el consorcio Greenfiber, participado a su vez por la portuguesa Altri y la española Greenalia. En funcionamiento, la planta debería producir celulosa soluble y lyocell, ambos útiles para la industria textil. Aprobado en su momento por todo el parlamento gallego, el proyecto es respaldado por 250 millones de euros en financiación pública a través del fondo europeo Next Generation EU, es decir el plan de relanzamiento de la economía continental después de la pandemia.
El informe de la Xunta explica que el proyecto es «ambientalmente viable», siempre que se respeten los requisitos establecidos en el estudio de impacto ambiental. También se abre la puerta a que, si se produjeran en el futuro impactos no contemplados, las autoridades ambientales podrán imponer nuevas condiciones adicionales.
Desde el principio, la propuesta de establecer la planta de macrocelulosa preocupó a la población. La plataforma Ulloa Viva llevó a 100.000 personas a las calles de Santiago en diciembre del año pasado, mientras que Greenpeace España recogió más de 550.000 firmas en una petición en línea para exigir la paralización del proyecto.
Según lo que explican los activistas, la fábrica consumirá 46 millones de litros de agua al día, el equivalente a las necesidades de toda la provincia de Lugo, y producirá diariamente 30 millones de litros de agua contaminada que requerirán tratamiento. También preocupa la cantidad de eucalipto, materia prima necesaria para la celulosa, que se consumirá: el temor de los ecologistas es que se expanda el monocultivo de este árbol en Galicia. Dos elementos han sido el centro de las críticas. Primero, la producción de celulosa soluble – la más impactante – no se desveló hasta después de las elecciones autonómicas de febrero del año pasado. Para los críticos, esto permitió al PP no perder apoyo y votos debido a este controvertido proyecto. Segundo, Greenalia, una de las dos empresas promotoras, tiene como directiva a Beatriz Mato, exconsejera de Medio Ambiente de Alberto Núñez Feijóo.
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Por su lado, el Partido Popular y la Xunta siempre defendieron la posición por la que es justo que los técnicos decidan. «Es imposible que un proyecto como esto otorga una declaración ambiental positiva» – dice al contrario Juan López de Uralde, coordinador de Alianza Verde, a Diario Red – «porque va a ser devastador del medio ambiente en muchos aspectos: consumo de agua, alteración de ecosistemas, expansión de la cultura de eucalipto. No podemos no concluir que esta declaración se basa en valoraciones políticas, y no en la ciencia». «Galicia no necesita otra celulosa. Ni más eucalipto» escribe en X Nicolás María González Casares, parlamentario europeo gallego del PSOE. «Una vez más [el PP y la Xunta] demuestran que sus intereses están en el bolsillo de las grandes empresas y no en los gallegos» escribe el BNG, mientras que Podemos Galicia dice que «Alfonso Rueda y Ángeles Vázquez ponen en marcha toda la maquinaria para entregar Galicia a las multinacionales».
