El Diario Oficial de Galicia anuncia este viernes 14 de marzo la declaración de impacto ambiental (DIA) favorable para el proyecto Gama, una macrocelulosa impulsada por un consorcio de la empresa portuguesa Altri y la gallega Greenalia que afectará directamente a los municipios de Palas de Rei (Lugo), Santiso y Melide (A Coruña) y Agolada (Pontevedra), así como a todas las localidades en el margen del río Ulla y en la ría de Arousa. La esperada declaración (fechada a 5 de marzo) es un duro golpe para las organizaciones vecinales, ecologistas y de los sectores agrícola, pesquero y marisquero que se oponen al proyecto, pero no es un documento definitivo que certifique que la fábrica vaya a acabar construyéndose.
La DIA –que puede consultarse aquí– está firmada por Alejandro Carrera, subdirector Xeral de Avaliación Ambiental, y María José Echevarría, directora xeral de Calidade Ambiental e Sostibilidade. El documento señala que el proyecto es “ambientalmente viable” siempre y cuando cumpla con lo recogido en la declaración y se someta al programa de vigilancia especificado en la misma. También indica que la DIA no exime al promotor de la macrocelulsa de obtener todas las autorizaciones, licencias, permisos o informes necesarios.
Esta declaración recaba también la información de más de una veintena de informes técnicos que la Xunta fue encargando a diferentes organismos públicos durante los últimos meses, informes cuyo contenido nunca ha sido publicado en su totalidad y solo se ha ido conociendo a cuentagotas a través de algunos medios de comunicación. Además, ignora lo señalado por el Consello da Cultura Galega, un órgano consultor y asesor de la Xunta de Galicia, que en un informe propio concluía que la fábrica generaría una fractura grave en el territorio y que el proyecto no tiene en consideración los valores ni las capacidades de la zona en la que se quiere instalar.
El impacto ambiental del proyecto Gama
La macrocelulosa de Altri y Greenalia, declarada proyecto industrial estratégico por el Gobierno de Alfonso Rueda en diciembre de 2022, ocupará 360 hectáreas –cuatro veces el tamaño de la celulosa de ENCE en Pontevedra– y producirá 400.000 toneladas de celulosa y 200.000 de lyocell al año. Para lograrlo, consumirá 1,2 millones de metros cúbicos de madera de eucalipto al año (alrededor del 20% de todo lo que se tala en Galicia) y 46 millones de litros de agua al día procedente del río Ulla. De acuerdo con los cálculos de la organización ecologista Adega, que asiste a la plataforma vecinal contra la celulosa (Ulloa Viva), este volumen de agua es el 9,2% del caudal medio del río en el punto de captación.
La fábrica devolverá diariamente unos 30 millones de litros de agua al río a una temperatura de 27 °C y con una carga orgánica importante, lo que afectará negativamente a un río que sufre ya episodios de eutrofización serios y a la ría de Arousa, en la que desemboca el Ulla y donde se concentra buena parte de la producción marisquera de Galicia. Además, el proyecto no recoge cálculos de emisiones de gases de efecto invernadero (ni de partículas en suspensión) a pesar de que pretende captar 250 millones de euros de dinero público a través de la línea de fondos PERTE para la descarbonización industrial. Sin ellos, la empresa asegura que la construcción de la fábrica no podría ser viable.
Las emisiones tampoco aparecen recogidas en la declaración de impacto ambiental aprobada por la Xunta, que se limita a señalar medidas correctoras para algunos de los impactos, como la necesidad de construir una estación de tratamiento de aguas residuales industriales con un caudal de 30 millones de litros de agua al día y la instalación de una chimenea de 75 metros de altura para garantizar que las emisiones no afectarán a la salud humana o al medioambiente según la normativa vigente.
Para Ulloa Viva, la plataforma que ha articulado la protesta de los vecinos y de los sectores económicos afectados, la decisión de autorizar la macrocelulosa estaba tomada desde el principio. “Este DIA anticipa las resoluciones futuras de Autorización Ambiental Integrada y de la propia aprobación del proyecto, en una secuencia de decisiones político-administrativas que no tienen otra finalidad que amparar la ejecución de una industria contaminante y de gran impacto negativo a nivel territorial, patrimonial, socioeconómico y de salud”, señalan desde Ulloa Viva en un comunicado.
La plataforma pide a toda la población gallega que salga a las plazas de sus pueblos y ciudades este domingo a mediodía para mostrar su rechazo al proyecto Gama y emplaza a todo el mundo a acudir a la manifestación convocada para el 22 de marzo en A Pobra do Caramiñal. Además, asegura estar preparada para hacer ejercicio de todas las medidas administrativas y legales a su alcance frente a cualquier resolución que autorice la construcción de la fábrica.
“Es un ejemplo lamentable de la falta de respeto a la población”, concluyen. “La Administración ha aprovechado cualquier ocasión para vender el proyecto Gama, dejando de lado la garantía de imparcialidad que debería caracterizar a un gobierno que cuidase los intereses de la población y no los intereses particulares de una empresa. Denunciamos que lo que ha pasado a nivel administrativo es inadmisible y que las normas han sido adaptadas al proyecto para garantizar que salga adelante”.
