La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, se ha esmerado este jueves en suavizar en público las tensas relaciones entre los gobiernos de Donald Trump y Gustavo Petro con su visita a Bogotá, la segunda parada de su viaje por América Latina. “Vamos a ayudar al pueblo colombiano a detectar e impedir que delincuentes y terroristas intenten cruzar sus fronteras”, aseguró en unas breves declaraciones desde el Palacio de San Carlos, la sede de la Cancillería, en las que intercambió elogios con la ministra de Exteriores, Laura Sarabia. Venían de una reunión en la que abordaron cuestiones de seguridad, narcotráfico, comercio y trata de personas, y de la que se produjo un memorando de entendimiento para compartir más información sobre las personas migrantes. En la tarde, la gran defensora de la deportación de migrantes se encontró también con el propio presidente Petro, sin que trascendieran mayores detalles.
“Mientras trabajemos juntos, el pueblo de Colombia estará más seguro, tendrá la oportunidad de prosperar y a su economía le irá mejor”, señaló en rueda de prensa Noem, la primera alta representante de la Administración Trump en pisar suelo colombiano desde que el republicano regresó a la Casa Blanca. Es también la primera en hacerlo desde que Bogotá y Washington chocaron hace dos meses por los vuelos de repatriación que Petro en un primer momento rechazó por el trato que considera indigno con los colombianos deportados. “Estamos comprometidos a trabajar mano a mano con nuestros socios colombianos para mejorar no solo la seguridad fronteriza, sino también para apoyar la aplicación de nuestras leyes de inmigración y penales”, añadió la secretaria, quien se refirió a Sarabia —quien estaba un par de metros a su derecha— como su “amiga” y una “líder fuerte”. En primera fila las acompañaban tanto el flamante ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, como el embajador del país en Washington, Daniel García-Peña.
La jefe de la diplomacia colombiana agradeció un diálogo que calificó como ”abierto, franco y productivo”. Ante las cámaras, firmaron una carta de intenciones para avanzar en un mecanismo que fortalezca la información migratoria, un documento del que aún no se conocen detalles. La secretaria ha resaltado que se trata de la posibilidad de compartir información biométrica, “lo que ya ha producido más de 1.700 deportaciones y 1.000 arrestos”. Se trata de una frase que retomó textualmente la presidencia de la República en su breve comunicado de prensa sobre el encuentro, en el que también se reveló que el presidente firmó la declaración de intención para la cooperación de datos biométricos. Al concluir su visita a Colombia, Noem viajará a México, donde se reunirá con la presidenta Claudia Sheinbaum.
El tono amistoso de la secretaria de Seguridad Nacional marcó un contraste con el garrote arancelario con el que Trump amenazó muy pronto a Petro. La relación entre las dos capitales atravesó el 26 de enero una crisis que se resolvió en menos de 24 horas. Luis Gilberto Murillo, el antecesor de Sarabia, quemó sus últimos cartuchos como diplomático al encabezar con ella el esfuerzo nacional para evitar que ese domingo turbulento Trump impusiera aranceles y sanciones, después de que Petro ordenó rechazar –de madrugada y a través de X– dos aviones militares con colombianos deportados. La sola amenaza asomó la economía colombiana al precipicio. Bogotá acabó por ceder a las pretensiones del republicano, en un aviso temprano de los potenciales desencuentros entre dos presidentes en las antípodas ideológicas y adictos a pronunciarse en las redes sociales.
Desde entonces, los colombianos expulsados vuelan sin cadenas ni grilletes, que Petro considera un trato inhumano, pero lo hacen en vuelos pagados por Colombia. Los ánimos se han calmado, aunque el país sudamericano es también el mayor afectado del continente con los recortes a la agencia de cooperación USAID. Unos 1.500 colombianos han retornado al país en este par de meses, que equivalen a cerca de la mitad de los 3.788 nacionales que fueron expulsados de Estados Unidos durante el primer cuatrienio de Trump. Esas cifras, sin embargo, palidecen frente a los casi 30.000 colombianos deportados en el periodo de Joe Biden, de acuerdo con cifras recopiladas por el periódico El Espectador.
La lucha contra el narcotráfico y la migración son asuntos críticos para la Administración estadounidense. El flujo de migrantes por la selva del Darién que marca la frontera con Panamá y los niveles récord de cultivos de coca en Colombia se anticipan desde ya como otros focos de tensión entre Bogotá y Washington, que han sido tradicionalmente dos estrechos aliados. A las previsiones se añade una posible decertificación en la lucha antinarcóticos el próximo septiembre, algo que no ha ocurrido desde el Gobierno de Ernesto Samper (1994-1998). La diplomacia colombiana intenta evitarlo a toda costa. Los oscuros nubarrones aún se asoman en el horizonte.
