La Unión Europea ha dejado entrever la posibilidad de que los Estados miembros empleen campos de deportación ubicados fuera de sus propios territorios para ubicar a aquellos migrantes con una orden de retorno. Esta nueva normativa no solo es muy cercana a la perspectiva de la mandataria italiana Giorgia Meloni, que ya desarrolla esta idea en Albania, sino que, además, busca incrementar la cantidad de deportaciones aprobadas para aquellas personas que han visto denegado el asilo dentro de la unión. Así, tal y como ha podido adelantar el diario El País, es una opción que abre una nueva senda para aquellos que tengan que volver forzosamente a su país de origen, pudiendo marcharse, también, a un tercer territorio externo con el que la UE tenga acuerdo de repatriación.
A pesar de que los autores de este texto borrador insisten en que es una medida que debería incluir una serie de matices que protejan y no vulneren los derechos de esos migrantes, como no aplicarla a menores, lo cierto es que todo puede cambiar en el debate dentro del organismo. En realidad, el flujo migratorio es uno de los temas que más fuerza ha ganado ya no solo en España, donde el Barómetro del CIS determinó el pasado mes de septiembre que la inmigración era para el 30% de la población el principal problema de los españoles, sino dentro del marco europeo. En este contexto, desde distintos Estados se ha insistido en la voluntad de encontrar otras salidas para el control migratorio más allá de las conocidas y preestablecidas, uno de los motivos que ha llevado a la autoridad europea a modificar o actualizar este escrito. Sin embargo, este modelo que se posiciona bastante cerca de las decisiones tomadas por Italia, no busca replicarlo del todo. Es decir, en la aplicación de Meloni, esas personas extranjeras son llevadas a los centros de deportación mientras tiene lugar el proceso que estudia su aceptación o rechazo, mientras que el que quiere articular Bruselas solo se usaría en caso de que ya hayan sido denegados.
