Bruselas, 28 de noviembre de 2024.- Con motivo del 9º Foro Europeo de Migración que se celebra en Bruselas, centrado este año en «mejorar el papel de la sociedad civil en la aplicación del Pacto Europeo sobre Migración y Asilo», denunciamos el marcado contraste entre la fachada de inclusión de la sociedad civil y la realidad del proceso liderado por la Comisión Europea y los Estados miembros de la UE.
La UE debe po0ner fin a la criminalización de la solidaridad
Adoptado a principios de este año, el Pacto Europeo sobre Migración y Asilo, un compendio de 10 textos legislativos, comenzará a aplicarse en 2025 y entrará en vigor en junio de 2026 para todos los Estados miembros. Antes de finales de diciembre, se espera que los Estados miembros de la UE publiquen sus respectivos planes de acción. A pesar de las promesas de inclusión, muchos Estados miembros siguen dejando de lado las voces de las organizaciones de la sociedad civil y, lo que es más importante, de los propios migrantes, cuyas vidas y derechos se verán directamente afectados por este Pacto. Numerosas ONG europeas, entre ellas Médicos del Mundo, advertimos en repetidas ocasiones sobre los graves riesgos que plantean estas medidas legislativas para la vida, la salud y los derechos de los migrantes y solicitantes de asilo, ya sea que se dirijan a Europa o que ya vivan aquí. Estas advertencias han sido ignoradas en gran medida.
En su lugar, ahora se pide a las organizaciones de la sociedad civil que desempeñen un papel en la aplicación de un Pacto que contradice los derechos fundamentales de las personas migrantes. Mientras tanto, las propias acciones de solidaridad llevadas a cabo por la sociedad civil —como el rescate de vidas en el mar, la asistencia a las personas en los cruces fronterizos, la provisión de alimentos, refugio y apoyo legal, y el acompañamiento a solicitantes de asilo y refugiados en sus procedimientos— se ven cada vez más obstruidas por los mismos Estados que están obligados a proteger y promover los derechos humanos. Hemos dado reiteradas alarmas sobre la criminalización de la solidaridad con los migrantes, una tendencia profundamente preocupante que este Pacto no aborda y que probablemente refuerza. Esta regresión de los derechos perpetúa un peligroso ciclo de exclusión y represión, en lugar de fomentar la protección y la dignidad de quienes buscan refugio o una vida mejor. Nos oponemos firmemente a muchas de las medidas fundamentales del Pacto, en particular al Reglamento sobre el control, al Reglamento sobre los procedimientos de asilo, al Reglamento sobre la gestión del asilo y la migración y al Reglamento sobre las crisis. Estos instrumentos legislativos enmarcan la migración como un problema de seguridad, violan los derechos humanos y conducirán a más detenciones, incluso de menores y otras poblaciones vulnerables, al mismo tiempo que corren el riesgo de deteriorar su salud y erigir barreras aún mayores a la atención médica, la asistencia jurídica y otros servicios esenciales.
El Pacto hace un énfasis desproporcionado en la gestión de las fronteras, descuidando las causas profundas de la migración y la necesidad urgente de vías seguras y legales, medidas de integración efectivas y la protección de sus vidas y su salud. Al dar prioridad a la disuasión y el control, la UE corre el riesgo de perpetuar una crisis humanitaria y de derechos humanos tanto dentro como fuera de sus fronteras.
Médicos del Mundo pide a los Estados miembros de la UE:
- Garantizar vías seguras y legales hacia Europa para garantizar que los migrantes puedan viajar sin arriesgar sus vidas.
- Poner fin a las devoluciones en caliente y las detenciones arbitrarias, que violan el derecho internacional y la dignidad humana.
- Invertir en el acceso a servicios esenciales, como atención médica, vivienda y asistencia legal, para todos los migrantes y solicitantes de asilo.
- Participar en consultas significativas y sistémicas con la sociedad civil, incluidas las organizaciones que trabajan directamente con las personas migrantes, para garantizar que las políticas respeten los derechos fundamentales.
Es hora de que la UE y sus Estados miembros dejen de criminalizar la solidaridad y empiecen a cumplir su compromiso con los derechos humanos. Las personas migrantes no solo merecen protección, sino también la dignidad y la inclusión que conlleva el acceso equitativo a la atención médica, la seguridad y la justicia.
