Robert Tann/Vail Daily
La política de inmigración más reciente de la Administración Biden, destinada a promover la unidad familiar en el sistema de inmigración, ya enfrenta desafíos legales y una suspensión administrativa desde su anuncio la semana pasada, y los abogados de la franja montañosa aconsejan a los inmigrantes calificados que carecen de estatus legal permanente que presenten la solicitud lo antes posible.
La política, llamada “Mantener juntas a las familias” (“Keeping Families Together”), se publicó en el Registro Federal el 19 de agosto. La política permite que los cónyuges no ciudadanos que hayan estado viviendo en los EE. UU. durante al menos 10 años y los hijastros calificados de ciudadanos estadounidenses soliciten el permiso de permanencia.
Cuando el Department of Homeland Security anunció la ley para Mantener Unidas a las Familias el 18 de junio, la ley de inmigración estadounidense vigente establecía que los inmigrantes que ingresaban al país sin autorización y estaban casados con ciudadanos estadounidenses no podrían obtener un estatus legal permanente. Para recibir un estatus legal permanente, los inmigrantes tendrían que abandonar el país, ser procesados por un consulado estadounidense en el extranjero y volver a ingresar a través de una solicitud de visa de residente o “green card” presentada por un cónyuge con ciudadanía estadounidense.
“Esto puede generar todo tipo de problemas legales. Es posible que no puedan regresar, por lo que es un momento muy aterrador para mucha gente hacer algo así”, dijo William McNamara, abogado de Elevation Law, con sede en Dillon. “Desde una perspectiva legal, el permiso de permanencia (parole in place) en vigor elimina por completo eso, y eso les permite obtener su permanencia en los Estados Unidos”.
Con el permiso en vigor, los solicitantes de un estatus legal permanente pueden permanecer legalmente en los Estados Unidos durante tres años “por razones humanitarias urgentes o por un beneficio público importante”, según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos. Los inmigrantes con permiso de permanencia pueden entonces calificar para un ajuste de estatus a residentes permanentes después de completar el proceso estándar para una visa de residencia. El permiso de permanencia fue creado originalmente como un programa para familiares de militares.
Support Local Journalism
Los funcionarios de la Casa Blanca estiman que el programa podría beneficiar a aproximadamente 500,000 cónyuges indocumentados y 50,000 hijastros. Aproximadamente 12,000 de esos cónyuges indocumentados viven actualmente en Colorado, según una carta de la oficina del senador John Hickenlooper, demócrata por Colorado, en la que se elogia la política.
¿Quiénes reúnen los requisitos para participar en el programa?
Para ser considerados para una concesión discrecional del permiso de permanencia, los cónyuges no ciudadanos de ciudadanos estadounidenses deben haber estado casados con su cónyuge y vivir en los Estados Unidos desde al menos el 17 de junio de 2014.
Los hijastros no ciudadanos de ciudadanos estadounidenses pueden recibir este beneficio si eran menores de 21 años y solteros al 17 de junio de 2024, y han estado presentes continuamente en los EE. UU. desde esa fecha. El padre o madre no ciudadana del niño debe haber estado casado con un ciudadano estadounidense el 17 de junio de 2024 o antes, y antes del cumpleaños número 18 del hijastro.
El permiso de permanencia sólo está disponible para los que no son ciudadanos que residen en los Estados Unidos, lo que significa que los cónyuges de ciudadanos estadounidenses que ya abandonaron el país para solicitar su visa de residente ya no pueden participar.
Todos los solicitantes deben someterse a verificaciones de antecedentes y a una investigación de seguridad nacional y seguridad pública, que es donde algunos solicitantes en Colorado ya han sido rechazados, según McNamara.
“Las personas que ya han sido rechazadas inicialmente fueron por antecedentes penales”, dijo McNamara.
Los delitos penales que descalifican para la nueva política de permiso de permanencia son más amplios que los motivos de inadmisibilidad de la ley estadounidense existente (clasificaciones que impedirían a los inmigrantes entrar al país, obtener una visa de residente o solicitar una visa) y la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que son mucho más específicas sobre qué condenas, problemas de salud y seguridad se marcan como obstáculos para la entrada.
“En esta nueva política (permiso de permanencia)… en lugar de decir, ‘Cualquiera que sea inadmisible no califica para el permiso de permanencia’, lo que está diciendo es, ‘Las personas con este tipo de antecedentes penales no califican’”, dijo McNamara. “Creo que la Administración Biden hizo esto debido a este tipo de pánico que está sucediendo ahora mismo”.
Los solicitantes con delitos graves quedan automáticamente descalificados, así como aquellos con condenas por delitos que incluyen, entre otros, asesinato, abuso sexual, trata de personas, explotación de menores, violencia doméstica, agresión agravada y delitos que involucran armas de fuego, independientemente de si son delitos graves o menores.
Generalmente, las condenas penales darán lugar a asumir que no podrán participar en este proceso, excluyendo las infracciones de tránsito menores. Las conjeturas pueden ser apeladas caso por caso.
“Las personas a las que he tenido que rechazar tenían antecedentes penales y, con solo leer el sobre, podría saber que no iban a calificar para este programa. Normalmente, no le diría eso a nadie. Me gustaría investigar un poco más y decir: ‘Bueno, tal vez podamos hacerlo’”, dijo McNamara.
Estar bajo investigación activa por un delito también es una descalificación automática para los solicitantes de la nueva política, lo que no es el caso de quienes solicitan la residencia regular o la ciudadanía, según McNamara.
“Creo que la presunción de inocencia es uno de los principios legales más importantes y fundamentales que tenemos en el derecho penal estadounidense”, dijo. “Pero, básicamente, en este programa, los inmigrantes no reciben la misma presunción de inocencia que recibirían en un proceso penal”.
A pesar de que se implementó hace más de una semana, McNamara dijo que comenzó a escuchar sobre personas que fueron aprobadas tan pronto como el 21 de agosto, solo dos días después. Dijo que Elevation Law recibió aproximadamente más de 20 consultas sobre el programa de parte de residentes de Colorado en la última semana.
“Definitivamente intentaría presentar una solicitud si cree que puede calificar porque quién sabe qué va a pasar con las medidas cautelares y todo eso”, dijo.
Smith Immigration, un bufete de abogados especializado exclusivamente en inmigración en Glenwood Springs, ha ayudado a al menos siete personas a solicitar el programa desde el 19 de agosto.
Estados impugnan el programa
A las 6 p. m. del lunes 26 de agosto, el juez del tribunal federal de distrito J. Campbell Barker en el distrito este de Texas emitió una suspensión administrativa temporal del programa Para Mantener Unidas a las Familias durante un mínimo de 14 días en respuesta a una demanda reciente de Texas que impugna su legalidad. El tribunal señaló que puede haber motivos para extender la pausa hasta mediados de octubre, según un informe de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración.
La demanda fue presentada el 23 de agosto por 16 estados (Texas, Idaho, Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Iowa, Kansas, Louisiana, Missouri, Dakota del Norte, Ohio, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Tennessee y Wyoming) y liderada por Texas y America First Legal. Quince de los estados están dirigidos por gobernadores republicanos.
La demanda no fue una sorpresa para Smith Immigration.
“Lo hemos visto con (la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia) y el programa potencial para padres de familia de niños ciudadanos estadounidenses hace un tiempo”, dijo Jennifer Smith, la propietaria y abogada de Smith Immigration. “Sabía que iban a presentar una demanda para intentar detenerlo, y sabíamos que iba a ser en Texas, al igual que ha sido con todos los demás litigios antiinmigrantes”.
Un grupo de seis inmigrantes indocumentados que se beneficiarían del programa y sus cónyuges ciudadanos estadounidenses presentaron una moción para intervenir como acusados en un tribunal federal, según la asociación de abogados de inmigración.
Los servicios federales de inmigración siguen aceptando solicitudes de permisos de permanencia del programa ‘Mantener Unidas a las Familias’ durante este tiempo, pero es posible que no las aprueben hasta que se quite la pausa.
“Aún tenemos más personas que presentan solicitudes incluso con la pausa, pero desafortunadamente ninguno de nuestros casos fue adjudicado antes de la pausa”, dijo Smith.
“Sin embargo, definitivamente es un riesgo mayor, porque hay una buena posibilidad que (el juez) pueda hacer que la orden judicial sea permanente”, dijo McNamara. “Por lo tanto, es posible que tengamos que esperar hasta el final de este litigio en la corte federal, que podría ser el mes próximo, un año o dos, para saber si este programa sobrevive o no”.
Si Barker dictamina que el programa continuará como hasta ahora, las aprobaciones podrían reanudarse después de los 14 días (o más tarde, si se extiende la suspensión) y se considerarían las solicitudes presentadas durante la pausa.
Si el programa se detuviera permanentemente, las solicitudes presentadas durante el período de pausa aún podrían calificar para la aprobación, o se podría ordenar al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos que rechace las solicitudes pendientes, dependiendo de la decisión de Barker. Algunos temen que los estatus ya otorgados a los no ciudadanos podrían ser revocados si Barker determinara que a los solicitantes aprobados se les concedió el permiso de permanencia de manera indebida.
“Podría ser que incluso si te aprobaran (el permiso de permanencia) te lo quiten, pero si DACA es un indicador, entonces tal vez no”, dijo McNamara, comparando la suspensión de solicitudes del programa de Acción Diferida para los menores con lo que podría suceder con este permiso de permanencia. “Por lo tanto, algunas personas podrían beneficiarse plenamente de este programa antes de que (y si es que) se suspende”.
Los abogados de inmigración de la franja montañosa aconsejan a los posibles solicitantes
Teniendo en cuenta el costo, los riesgos y los caminos alternativos para la residencia permanente, los abogados están aconsejando a los posibles solicitantes que consideren todas las opciones.
“Creo que (presentar la solicitud) es una decisión que deben tomar a nivel personal”, dijo McNamara. “Algunas personas sienten que no tienen otra opción y quieren presentar la solicitud de todos modos… y algunas personas me han dicho: ‘He estado indocumentada durante tanto tiempo que simplemente voy a esperar y ver qué sucede antes de pagar más dinero por algo que puede existir o no’”.
El costo por solicitud es de $580 se apruebe o no. Para algunas personas, no es una suma pequeña para arriesgar en un programa con un futuro incierto.
“Para ser honesta, creo que es una situación que se analiza caso por caso para cada cliente”, dijo Smith. “Algunos clientes tendrán otras cosas pendientes u otras opciones y es posible que no quieran gastar el dinero sabiendo que tal vez nunca obtengan un beneficio de ello porque no reciben un reembolso si el programa se detiene…Y no queremos que soliciten algo que los ponga en riesgo de no poder esperar su turno en los EE. UU.”.
Para aquellos interesados en el programa, que no tienen factores de riesgo como condenas penales y están seguros que cumplen los requisitos, tanto Smith como McNamara recomiendan presentar las solicitudes lo antes posible.
“Definitivamente diría que, si fuera mi vida y mi caso, trataría de presentar una solicitud lo antes posible”, dijo McNamara.
Para solicitar el permiso de permanencia en vigor en virtud de la ley ‘Mantener Unidas a las Familias’, el cónyuge o hijo no ciudadano debe presentar el Formulario I-131 en línea en USCIS.gov. Los solicitantes rechazados no serán remitidos al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos a menos que se determine que representan una amenaza para la seguridad nacional o la seguridad pública.
“En términos generales, sin que existan otros factores que compliquen la situación, lo que decimos es: ‘Si puede pagarlo, si no tiene ningún factor de riesgo y si tiene sentido para usted, entonces siga adelante y complete el proceso de solicitud’”, dijo Smith.
