‘La paz con la naturaleza no se decreta, se construye’: funcionarios de la Embajada de los Estados Unidos en Colombia

Durante la COP16, uno de los grandes objetivos de los países megadiversos es impulsar más proyectos y direccionar recursos de cooperación internacional. Allí, las grandes potencias y socios internacionales toman amplia relevancia pues tiene la capacidad de movilizar los miles de millones de dólares que se requieren anualmente para la protección de la naturaleza.

En la Cumbre de Biodiversidad de Cali, Estados Unidos será uno de esos actores. Pese a que la gran potencia global no hace parte de los Estados que conforman y organizan la COP16 (es decir viene como veedor pero no tiene voz ni voto en las discusiones), sí es cierto que el país tiene una participación activa a nivel global en temas de protección ambiental.

En entrevista con EL TIEMPO, Anu Rajaraman, directora de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) en Colombia, y Kevin Murakami, director de la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL) en Colombia, hablan de lo que puede lograr nuestro país con la cumbre, de la cooperación internacional y de lo que ya se ha hecho en territorio nacional con dichos temas. “La COP16 será una oportunidad”, resaltaron los funcionarios de la Embajada de los Estados Unidos en Colombia.

EL TIEMPO: ¿Cuál será el rol de Estados Unidos en la COP16 de Biodiversidad si no hace parte de la CBD?

Anu Rajaraman: La COP16 será una oportunidad para que Estados Unidos muestre su compromiso con la protección de la biodiversidad en Colombia, un trabajo que ha venido realizando desde hace años junto a las comunidades locales. Esta cumbre será un escenario donde podremos demostrar cómo nuestros programas han fomentado la conservación y el manejo sostenible de los bosques, fortaleciendo la gobernanza territorial de comunidades indígenas y campesinas. En la Amazonia, por ejemplo, Usaid ha contribuido a mejorar el manejo de más de 500.000 hectáreas, y ha impulsado el fortalecimiento de cadenas de valor sostenibles, como la madera y los productos no maderables del bosque, facilitando el acceso a mercados responsables que promueven productos contra la deforestación.

Un ejemplo claro de nuestro compromiso con el desarrollo sostenible es el impulso al turismo regenerativo. En colaboración con la Alcaldía de Cali, Usaid organizó el Primer Foro Nacional de Turismo de Naturaleza Regenerativo y lanzó la iniciativa Book Cali Vibrante, una guía turística que destaca paquetes ofrecidos por 17 agencias en regiones como el Valle del Cauca y el Pacífico colombiano.

Más allá de las acciones concretas, también traeremos a la COP16 una reflexión profunda sobre la biodiversidad como un tema que va más allá de lo ambiental: es una parte esencial de nuestras vidas y nuestra economía. Con actividades como un festival de cine ambiental y una experiencia inmersiva de arte, los asistentes serán invitados a reconsiderar la conservación no solo como un desafío ambiental, sino como un reto existencial para la humanidad.

EL TIEMPO: ¿Cómo están trabajando en la protección de los recursos naturales de países como Colombia?

Anu Rajaraman: Colombia, con más de la mitad de sus bosques naturales en territorios étnicos y una biodiversidad increíble, la responsabilidad que recae sobre sobre sus instituciones y comunidades no puede ser subestimada. En este contexto, el apoyo de Usaid no es solo financiero, sino como un aliado estratégico en la construcción de un futuro donde la naturaleza y el desarrollo puedan coexistir.

Uno de los mayores desafíos para la Amazonia son los incendios forestales, por eso hemos trabajado en el entrenamiento de grupos de primeros respondientes y hemos brindado los equipos necesarios para enfrentar estas emergencias.

No podemos hablar de conservación sin tocar el tema del desarrollo económico. A través de programas como Inversión Clima, estamos fomentando la asignación de fondos hacia negocios y proyectos que sean favorables al clima, protegiendo los bosques y reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero. En los próximos años, Usaid espera movilizar $450 millones de dólares para proyectos que no solo mitiguen el impacto ambiental, sino que generen ingresos sostenibles para las comunidades locales. El objetivo es ambicioso: reducir, secuestrar o evitar al menos 20 millones de toneladas de emisiones de gases de efecto invernadero.

Kevin Murakami: Además, las actividades ilegales están poniendo en peligro la biodiversidad de Colombia. Por eso, en la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL por sus siglas en inglés) de la Embajada, estamos comprometidos a trabajar con el gobierno colombiano y su Fuerza Pública, para prevenir los crímenes ambientales y desmantelar y judicializar a los grupos que los perpetran.

Por ejemplo, toda la cadena del narcotráfico es devastadora para el medioambiente y todo comienza con los cultivos ilícitos, que son la cuarta causa de deforestación en Colombia. Tenemos aproximadamente 250.000 hectáreas de coca en Colombia, lo que quiere decir que son 250.000 hectáreas deforestadas. Esto genera graves impactos como la pérdida de fauna y flora de los bosques colombianos, daños y degradación a los suelos y aumento de la erosión y desertificación, causando un daño irreparable a los frágiles ecosistemas y a zonas donde se podrían cultivar alimentos, afectando la seguridad alimentaria de los colombianos.

Adicionalmente, en Colombia operan más de 10.000 laboratorios de producción de cocaína y en cada uno de ellos se utilizan precursores químicos tóxicos. Estos laboratorios vierten al suelo, cada año, más de 50 millones de galones de gasolina mezclada con otros productos químicos muy nocivos para el medioambiente, actividad ilegal que, no solo contamina las aguas subterráneas, sino que vuelve el suelo infértil.

En cuanto a la minería ilegal, es pertinente resaltar que, en Colombia, más del 70% de las actividades de explotación de oro son ilegales y son los narcotraficantes quienes se lucran de esta actividad. Aproximadamente, 70.000 hectáreas donde se practica la minería ilegal están contaminadas con mercurio y están ubicadas, de manera importante, en la región del Pacífico, una de las regiones con mayor biodiversidad de Colombia. Esto trae terribles consecuencias para el medioambiente y genera un impacto en la salud y en el bienestar de las comunidades que consumen no solo agua, sino también alimentos contaminados.

EL TIEMPO: Uno de los temas en los que han hecho mucho énfasis Estados Unidos es en la lucha contra los delitos ambientales. ¿A través de qué estrategias están enfrentándose y por qué han dado un enfoque fundamental a la minería ilegal y el narcotráfico?

Kevin Murakami: Apoyamos a las unidades del Ejército y de la Policía brindando apoyo logístico, capacitación y donaciones de equipos, para mejorar la efectividad de las operaciones que previenen la extracción ilícita de oro y para desarticular a las organizaciones criminales que las realizan. También estamos trabajando en un proyecto de fitorremediación, en asocio con la DICAR y con la Universidad de Córdoba y con la participación de las comunidades, que busca apoyar al Gobierno de Colombia en la recuperación de los suelos en aquellos territorios devastados por la minería ilegal, por medio de investigación científica y el trabajo comunitario sostenible. Hemos detectado, que plantas como el guarumo y el piñón pueden absorber, en promedio, el 85% de la contaminación del suelo por mercurio y otros metales pesados. El proyecto piloto inició en el municipio de Caucasia, Antioquia, y esperamos implementar esta tecnología en otros lugares en los próximos meses. De hecho, la Policía e INL obtuvimos un premio de las Naciones Unidas hace algunas semanas, que reconoció las buenas prácticas de desarrollo sostenible de este proyecto.

También estamos trabajando junto al Gobierno colombiano para fortalecer la Política Pública Minera con mejores leyes, protocolos y reglamentos que enfrenten el flagelo de la minería ilegal, sobre todo si tenemos en cuenta que esta actividad es el sustento de varias comunidades en Colombia. Así mismo, apoyamos a la Fuerza Pública para aumentar las incautaciones de precursores químicos y cocaína, la destrucción de laboratorios, la erradicación forzosa, entre muchos otros.

Anu Rajaraman: A través de Usaid, hemos enfrentado la minería ilegal con una estrategia integral que se enfoca en la formalización de la minería de pequeña escala y la creación de alternativas sostenibles para las comunidades afectadas. Entre 2016 y 2021, Usaid apoyó la formalización de casi 1.000 mineros en Antioquia y Chocó, logrando generar más de 14 millones de dólares en regalías y evitando la contaminación con 70 toneladas de mercurio.

Además de la formalización, Usaid también ha impulsado la rehabilitación de tierras degradadas. En Antioquia y Chocó, se han restaurado más de 17.000 hectáreas afectadas por la minería ilegal.

También hemos fortalecido las capacidades institucionales del gobierno colombiano. A través del programa Amazonía Mía, USAID ha colaborado con la Fiscalía General para crear herramientas de inteligencia artificial que investigan crímenes ambientales, y comparte información con Perú y Ecuador para enfrentar delitos transnacionales que afectan a la Amazonía. Hemos capacitado a más de 180 fiscales y jueces en la investigación de estos delitos, lo que refuerza la capacidad del Estado para enfrentar estos crímenes de manera efectiva.

Por último, Usaid trabaja con las comunidades indígenas y organizaciones sociales para crear redes de líderes ambientales y sociales que denuncien y prevengan crímenes ambientales.

EL TIEMPO: La cooperación con comunidades locales ha sido también un foco durante los programas que tiene como objetivo la conservación de la naturaleza, sobre todo en la Amazonia. ¿Por qué son tan relevantes las comunidades en estos proyectos?

Kevin Murakami: Las comunidades son la variable más importante para proteger las zonas donde se llevan a cabo los delitos ambientales, porque su conocimiento del territorio es invaluable, son ellos los más afectados y, además, los más interesados en reducir el delito, porque es la misma comunidad la encargada de cuidar y proteger su territorio.

Anu Rajaraman: Estas poblaciones, muchas de ellas indígenas y afrocolombianas, son las primeras en enfrentar las consecuencias del cambio climático, la deforestación y la violencia asociada a los crímenes ambientales. Pero también son las primeras en ofrecer soluciones y su conocimiento del territorio es invaluable. Por tanto, empoderar a estas comunidades no es solo una cuestión de justicia.

La paz con la naturaleza no se decreta, se construye, y las comunidades locales son quienes la están cimentando. Pero esta labor no está exenta de riesgos. Según la fundación PARES, entre 2018 y agosto de 2024, se registraron 361 asesinatos de líderes ambientales, con 2023 como el año más violento en la historia reciente del país.

Estamos comprometidos a llamar la atención sobre estos peligros y a apoyar la protección de los líderes, apoyando a las autoridades para prevenir ataques a su vida e integridad, impulsar su protección a través de las instituciones, y fortalecer la respuesta estatal contra la impunidad.

Nuestro apoyo a la Unidad Nacional de Protección ha contribuido a mejorar la pertinencia y efectividad de los análisis de riesgo para la protección individual y colectiva de mujeres, afrocolombianos e indígenas. Además, estamos facilitando la integración de los esfuerzos de protección colectiva de la Unidad y del Ministerio del Interior.

Colaboramos con el Ministerio del Interior y la Defensoría del Pueblo desde hace más de 20 años para mejorar el Sistema de Alertas Tempranas. Ahora, queremos mejorar la respuesta institucional a las alertas, a través de una mejor divulgación, apropiación y rendición de cuentas frente a sus recomendaciones.

Kevin Murakami: También, me gustaría destacar que el compromiso de las autoridades locales es fundamental y quiero dar un ejemplo del liderazgo local y cómo éste puede llevar cambios a una comunidad y proteger el medioambiente. En Cali, sede de la COP 16, el alcalde Alejandro Eder y su equipo, han mostrado la dedicación, compromiso y coordinación para trabajar junto a la Policía, el Ejército, la Fiscalía, Parques Nacionales, Conaldef, el Ministerio de Ambiente, INL y Usaid para enfrentar la minería ilegal de una manera coordinada y conjunta en el Parque Los Farallones, que hoy en día está casi libre de minería ilegal. Por lo tanto, el trabajo entre comunidad e instituciones es la clave del éxito.

EL TIEMPO: ¿Cuántos recursos se han destinado en proyectos de protección ambiental? ¿Cómo avanzan esos proyectos?

Anu Rajaraman: Desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016, Colombia ha entendido que la construcción de una paz duradera no se limita a la ausencia de conflicto, sino que requiere una reconciliación más profunda: la paz con la naturaleza. En este camino, Estados Unidos ha sido un socio clave, proporcionando más de $ 2,1 mil millones de dólares no solo para apoyar la implementación del acuerdo, sino para garantizar que esa paz también se refleje en la relación que las comunidades tienen con su entorno natural. Para el año fiscal 2023, el presupuesto de USAID en temas ambientales es de más de 50 millones de dólares.

Más allá de las grandes inversiones, lo que realmente se juega en esta ecuación es la capacidad de Colombia para equilibrar crecimiento económico con la conservación ambiental. Por ejemplo, Naturaleza Productiva, busca gestionar 550.000 hectáreas de ecosistemas críticos en los próximos cinco años, una superficie tres veces mayor que la de Bogotá. Pero entendemos que la sostenibilidad también debe ser rentable. Por ello, el programa movilizará $ 57.000 millones de pesos en inversiones público-privadas, enfocadas en sectores como la agricultura sostenible, la energía renovable y el ecoturismo.

Recientemente firmamos un memorando de entendimiento con tres empresas colombianas para llevar energía solar a 5 comunidades no conectadas, afectadas por el conflicto. Junto con Ecopetrol, ISA y Suncolombia, estamos invirtiendo 13 millones de dólares, de los cuales nuestros aliados aportan la mitad.

En la Amazonía colombiana también trabajamos mano a mano con las comunidades locales para desarrollar entre muchas otras cosas, proyectos de ecoturismo que no solo protegen especies emblemáticas como el delfín rosado y el jaguar, sino que también generan ingresos para las familias.

Además, Usaid ha colaborado con 45 comunidades indígenas en la amazonia y la orinoquia y socios locales, para establecer áreas de conservación (Áreas de Conservación Comunitaria, TICCAs) que abarcan 220.000 hectáreas, un territorio donde estas comunidades se reconocen como custodias no solo de su cultura, sino también de los recursos naturales que las rodean.

EDWIN CAICEDO

Periodista de Medioambiente y Salud

@CaicedoUcros