La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda a sus Estados miembro implementar impuestos específicos a alimentos y bebidas no saludables, por un lado, y a incentivar, con subsidios, la compra de alimentos que sí benefician la salud, de cara a mejorar los hábitos de vida nutricionales de la población. Se trata de una antigua pretensión del Gobierno de coalición PSOE-Podemos durante la pasada legislatura que no llegó a concretarse y que, ahora, el Ejecutivo ha retomado, aunque de forma parcial, de momento.
“La asequibilidad de los alimentos es un determinante clave del entorno alimentario y los cambios en los precios influyen en la demanda de muchos alimentos y bebidas por parte de los consumidores. Desde hace tiempo se reconoce que las medidas fiscales, incluidos impuestos y subsidios, son una opción política viable para promover dietas saludables”, se afirma desde la OMS en su guía sobre Políticas fiscales para promover dietas saludables, publicada recientemente.
En el texto se ofrece una serie de recomendaciones y directrices acerca de cómo tendría que articularse ese gravamen específico en base a diversos criterios, entre otros, los perfiles de nutrientes y la cultura alimentaria de cada país. En cualquier caso, se advierte de que las medidas fiscales no son suficientes, por sí solas, para fomentar hábitos alimenticios saludables. “Se necesita un enfoque de política integral para crear entornos alimentarios habilitadores y de apoyo, y se deben considerar acciones en el contexto de otras influencias individuales, sociales y ambientales sobre la nutrición”, reza la guía de la OMS.
Medidas contra la obesidad infantil del actual Gobierno
Es, precisamente, lo que se apuntó desde el Gobierno en una reciente respuesta parlamentaria en la que anunció medidas para restringir la publicidad de la comida basura destinada a público infantil. “Las medidas responden a un abordaje intersectorial, multifactorial y multidisciplinar dirigido a promover un entorno alimentario más saludable, reforzando el conocimiento y poder de decisión de la ciudadanía para lograr un cambio de hábitos de consumo”, indicaron desde el Ejecutivo.
En esa línea, Moncloa informó posteriormente, en otra respuesta, de que el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 pretende retomar los trabajos para aprobar un Real Decreto para hacer efectivas esas restricciones publicitarias. En ese marco, otro de los objetivos es regular nuevas directrices para los etiquetados frontales de los envases de esta clase de alimentos.
¿Qué prometió sobre la comida basura el anterior Ejecutivo?
La acción directa sobre la fiscalidad de la comida basura es una antigua pretensión del área ministerial de Consumo por la que también se abogó desde el departamento del ramo del Gobierno de coalición PSOE-Podemos. En el acuerdo sellado entre ambas fuerzas en diciembre de 2019 figuraba la promesa de “revisar la fiscalidad de los alimentos ultraprocesados o ricos en grasas y azúcares”, una meta incluida en el apartado de derechos de los consumidores, directamente vinculada al ministerio del ramo que comandó Alberto Garzón durante esa legislatura, la pasada.
Fue el propio Garzón el que, en enero de 2020, anunció su intención de duplicar el IVA de productos ultraprocesados del 10 al 21 por ciento, de cara a reducir el índice de obesidad en España, algo que no recibió el apoyo de profesionales médicos de la Atención Primaria, que preferían medidas enfocadas en la educación de menores y en el impulso de campañas de concienciación.
Por el momento, desde el ministerio ahora dirigido por Pablo Bustinduy no se habla de planes concretos en esta línea, pero el hecho de que sí se haya mencionado de forma expresa la intención de regular la publicidad y el etiquetado de alimentos no saludables abre la puerta a ‘meter mano’ en el gravamen de estos productos.
El impuesto sobre la comida basura cuenta con un apoyo, si no dentro del Gobierno, sí desde un organismo vinculado directamente al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, pero con clara relación sanitaria. Se trata de Marina Pollán, la directora del Instituto de Salud Carlos III, quien, en una reciente entrevista en El País, se mostró a favor de “encarecer los alimentos que no son saludables”.
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