Una decisión de Donald Trump complica aún más la situación de los menores de edad inmigrantes en Estados Unidos. El 21 de marzo, el gobierno federal canceló los contratos con decenas organizaciones que brindaban asistencia jurídica a niños y adolescentes migrantes que ingresan al país norteamericano sin un padre o tutor, lo que podría acelerar su expulsión.
El Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés) informó días atrás que rescindió el contrato con el Centro Acacia para la Justicia, la organización encargada de coordinar la defensa legal de los menores migrantes en todo Estados Unidos.
De esta manera, de acuerdo a las propias cifras brindadas por el HHS, más de 26.000 inmigrantes menores de edad no acompañados que se encuentran alojados en refugios del gobierno federal quedarían sin apoyo legal para enfrentar sus complejos procesos migratorios.
La directora del programa de niños inmigrantes no acompañados de Acacia, Ailin Buigues, calificó de “extremadamente preocupante” la medida. “Deja a estos niños sin un apoyo realmente importante. A menudo están en una posición muy vulnerable”, señaló en declaraciones consignadas por Associated Press
De no revertirse esta iniciativa, estos niños deberán atravesar sus procesos legales sin el derecho garantizado a un abogado, que podría derivar en una deportación más veloz y también en la repatriación de menores a países donde sus vidas corren peligro.
Los abogados especializados en migración advierten sobre las graves consecuencias que tendrá el fin de la asistencia legal para miles de niños inmigrantes no acompañados.
Michael Lukens, director ejecutivo de Amica, una organización que trabaja junto con Acacia, explicó que ante el fin del contrato habrá que “prepararse para lo peor, que es que los niños vayan a la corte sin abogados en todo EE.UU.”.
Si bien Lukens adelantó que las organizaciones intentarán revertir la cancelación del contrato y continuar con la asistencia legal de estos niños “durante el mayor tiempo posible”, consideró que si no lo consiguen se producirá un “colapso completo del sistema”.
Por su parte, Lindsay Toczylowski, presidenta del Centro de Defensa Legal de Inmigrantes, denunció que “las amenazas del presidente Trump son para que tengamos miedo de representar a los más vulnerables de nuestra sociedad”.
En declaraciones a El País, aseguró que la organización que dirige prepara una demanda para frenar la decisión del mandatario estadounidense, que podría presentarse en los próximos días. “No nos va a intimidar, pues nos respaldan nuestros clientes y las comunidades. Estamos en el lado correcto de la historia”, dijo.
En febrero, el gobierno de Trump dio inicio a un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) para deportar a niños migrantes no acompañados. El objetivo es ubicar a menores que ingresaron a Estados Unidos sin sus padres y tienen órdenes de expulsión.
Según un memorando interno al que accedió Reuters, el ICE clasificó a los niños migrantes no acompañados en tres categorías: “riesgo de fuga”, “seguridad pública” y “seguridad fronteriza”. La prioridad son aquellos con deportación pendiente o que fueron entregados a patrocinadores sin lazo sanguíneo.
