Donald Trump logró una abrumadora victoria en las elecciones del 5 de noviembre con la promesa de una masiva deportación de migrantes como bandera. El apoyo popular que obtuvo se mantiene después de que sus acciones inmediatas confirmen que sus planes no se quedarán en la teoría y que llevará a cabo una de las políticas migratorias más duras de las últimas décadas. Así lo han revelado dos sondeos recientes, en los que la mayoría de los encuestados respalda la expulsión del país de los más de 11 millones de indocumentados que se estima residen en Estados Unidos. La encuesta publicada el domingo por CBS y realizada por YouGov, muestra que el 57% de la población apoya la que sería la mayor deportación de la historia, frente al 43% que la desaprueba. En otro sondeo, realizado por Ipsos y Scripps News después de las elecciones, un 52% de los encuestados está a favor de la deportación. El porcentaje es más elevado entre los republicanos, de los que un 85% confirma su apoyo a la expulsión de migrantes.
Esta última encuesta, realizada a 1.031 ciudadanos entre el 15 y el 17 de noviembre con un margen de error de 3.3 puntos, pone de relieve que aunque la mayor parte de la población desea las deportaciones, su apoyo cae cuando se sopesan las consecuencias. Si la política de expulsión significa la separación de familias, el apoyo cae 14 puntos y solo un 38% la apoyaría. Aunque la mayoría de los republicanos (68%) siguen a favor de la política, solo cuatro de cada diez independientes y aproximadamente uno de cada diez demócratas estarían de acuerdo. Esta no es una posibilidad remota, teniendo en cuenta el historial de deportaciones que el presidente electo colectó en su anterior mandato y en el que las dramáticas separaciones de padres de sus hijos fueron rutinarias.
La probabilidad de que la historia se repita se ha visto reforzada por los elegidos por Trump para dirigir la política migratoria. Tom Homan, que asumirá el cargo de “zar de la frontera”, fue director del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Bajo ese título se convirtió en uno de los arquitectos de la política “tolerancia cero”, por la que se deportó a miles de migrantes sin tener en cuenta si ello implicaba la separación de familias, lo que desencadenó situaciones de niños alejados de sus padres. En declaraciones recientes, Homan ha respondido que para evitar situaciones similares, deportará a las familias enteras.
Otro halcón defensor de una política que ha sido calificada de inhumana por las organizaciones proderechos humanos es Stephen Miller, también presente en la primera presidencia de Trump, que ocupará el cargo de jefe adjunto de Gabinete de la Casa Blanca, papel desde el que supervisará las políticas de inmigración.
Ya antes de las elecciones, los sondeos revelaban un giro hacia la derecha en materia migratoria entre la población estadounidense. Un ejemplo de ello es la Encuesta Anual de los Valores Americanos, realizada en agosto por Brookings y el Instituto de Investigación Pública de Religión, que por primera vez desde 2018 mostró una caída del apoyo a los migrantes que llegaron indocumentados siendo niños, los llamados dreamers. Una pequeña mayoría de estadounidenses (52%) se mostró a favor de permitir que obtengan el estatus de residentes legales, cuando hace seis años lo apoyaba un 62%. Los dreamers también están en el punto de mira de Trump, que ya intentó terminar con el programa que los protege de la deportación, DACA, en su anterior mandato.
Cuando afecta al bolsillo
Los economistas han advertido de los efectos negativos que tendría en la economía del país una deportación masiva. Los 11 millones de indocumentados son personas que trabajan, consumen, pagan impuestos… y su expulsión afectaría al resto de la población. Teniendo esto en cuenta, el apoyo a las deportaciones ya no es tan alto. Según la encuesta de Ypsos, el respaldo a las deportaciones caería al 48% si ello afecta a las arcas de la Seguridad Social y Medicare. Según el Consejo Americano de Inmigración, los trabajadores indocumentados contribuyeron con 22.600 millones de dólares a la Seguridad Social y con 5.700 millones de dólares a Medicare, programas para los cuales no son elegibles. Su expulsión pondría en problemas las finanzas de los servicios públicos y es ahí donde las deportaciones pierden adeptos.
Al igual que si se tiene en cuenta que su salida del mercado laboral dejaría muchos empleos sin cubrir, sobre todo los que no quieren los ciudadanos americanos. Los sectores más afectados serían la hostelería, la agricultura y los servicios de cuidados de personas. En ese caso, el apoyo de los encuestados cae al 47%. También se reduce el respaldo a las deportaciones hasta el 43% si ello supone un aumento de la inflación, algo de lo que los economistas ya han advertido.
La encuesta de CBS, realizada a 2.232 ciudadanos entre el 19 y el 22 de noviembre con un margen de error de 2,3 puntos, también muestra diferencias cuando se dan los detalles de lo que serían las deportaciones. Aunque Trump no ha aportado muchas pistas de cómo se realizará, el hecho de que el republicano haya afirmado que el Ejército participará en la operación no agrada tanto y un 60% de los encuestados opina que los militares no deberían formar parte.
El apoyo a los planes del republicano, sin embargo, queda también reflejado en el hecho de que un 73% de los encuestados cree que las deportaciones deberían ser de alta o media prioridad para la Administración entrante y solo el 27% opina que es un tema secundario.
