Ana Tuñas Matilla
La Xunta de Galicia ha dado el visto bueno ambiental a la controvertida macroplanta de celulosa soluble y lyocell proyectada en Palas de Rei (Lugo), una resolución que ha sido aplaudida por los promotores del proyecto y fuertemente criticada por los que se oponen a su construcción por su impacto ambiental, social y económico.
Tras obtener la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable, Greenfiber, sociedad promotora del proyecto participada en un 75 % por la portugesa Altri y en un 25 % por la española Smarttia, deberá obtener la Autorización Ambiental Integrada (AAI) para poder iniciar las obras de construcción del proyecto, denominado Gama.
Greenfiber confía en lograr 250 millones públicos
Mientras tramita la AAI, Greenfiber también debe cerrar la financiación del proyecto, cuya inversión asciende a 1.000 millones, de los que prevén financiar 500 con deuda, 250 con fondos privados y los 250 millones restantes con fondos públicos.
Para lograr esos fondos públicos, la compañía explicó que negociaban con Industria una ayuda directa de 250 millones con cargo al PERTE de descarbonización, que se nutre de los fondos europeos Next Generation.
Tras recibir la DIA, desde Greenfiber han explicado ahora a EFEverde que “se están explorando las mejores vías para acceder a los fondos que la Unión Europea contempla para apoyar nuevos proyectos industriales alineados con sus planteamientos en materia de sostenibilidad“.
Según la misma fuente, el Gobierno “ya ha trasladado que no tendrán problema para acceder a estos fondos europeos aquellos proyectos que cumplan rigurosamente con los requisitos en materia ambiental” por lo que “estamos tranquilos en ese sentido”.
Gama está alineado con el Informe Draghi y con el Clean Industrial Deal” y “una DIA favorable indica que estamos en el buen camino”, han aseverado desde la compañía.
Industria calla, Sumar se opone
Preguntado al respecto, el ministro de Industria, Jordi Hereu, se ha limitado a señalar que se trata de un proyecto industrial que se está tramitando igual que hacen con muchos otros proyectos industriales.
“Está en proceso de análisis técnico (…) Es un proyecto sobre el que hay mucho debate social, unos dicen que no, sea lo que sea; otros dicen que sí sea lo que sea. Nosotros estamos en la posición de tramitar como cualquier otro proyecto industrial este proyecto y por tanto no tengo nada más que añadir”, ha dicho tras participar en un acto en Tarragona.
Por su parte, desde SUMAR han asegurado que trabajarán para que no se destinen recursos públicos a Gama porque va a destruir “todo el tejido empresarial existente”, afectando a turismo, sector primario y a cualquier opción empresarial”, ha asegurado su portavoz en el Congreso, Verónica Martínez Barbero
Los socios del Gobierno consideran que de salir adelante, será “un desastre ambiental” que acarreará consecuencias no solamente para el entorno natural sino “también para la salud de las personas”.
La Xunta pone la pelota en el tejado de Transición Ecológica
Desde la Xunta sostienen que, una vez lograda la DIA, el proyecto depende “absolutamente” de que el Ministerio de Transición Ecológica autorice la conexión eléctrica que requiere la instalación, han explicado en rueda de prensa las conselleiras de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, y Medio Ambiente y Cambio Climático, Ángeles Vázquez.
El Ejecutivo gallego, han añadido, deberá otorgarle la Autorización Ambiental Integrada (AAI), además de tramitar informe de la junta consultiva y requerir a Greenfiber el proyecto de ejecución, que deberá ser validado por el Consello de la Xunta para dotarlo o no de la condición de “proyecto estratégico”.
“La decisión de la Xunta siempre estará condicionada a la autorización de la subestación eléctrica en tanto que una fábrica, si no se puede enchufar, no puede funcionar”, ha aseverado Lorenzana en una intervención en la que ambas consellerias han defendido las “condiciones” impuestas al proyecto para que pueda llevarse acabo.
Ecologistas y vecinos, en pie de guerra
Tras publicarse la DIA este viernes en el Diario Oficial de Galicia (DOGA), la Plataforma Ulloa Viva, que reúne a vecinos de varias comarcas gallegas, ha mostrado su indignación por una decisión contra la que no descartan acciones legales.
“Las condiciones impuestas en la DIA no alteran la decisión de fondo que es la de evaluar favorablemente todo el proyecto en un procedimiento viciado, parcialmente externalizado y que estuvo siempre sobredeterminado por la decisión política previa de autorizar la macrocelulosa”.
Desde la Plataforma han hecho un llamamiento a todos los vecinos y vecinas de la cuenca del Ulla, río del que usará el agua la planta, a salir a las plazas de sus pueblos a las 12 del mediodía del domingo a gritar alto y claro: ¡NO OTRA VEZ! y reiterar su rechazo a un proyecto contra el que se han presentado unas 27.000 alegaciones.
Greenpeace ha rechazado “tajantemente” la resolución porque, en su opinión, no va dirigida a evaluar la viabilidad del proyecto, sino a ayudar a la empresa a instalarse “dando todo tipo de facilidades al retorcer la normativa ambiental, hacer análisis más que cuestionables, dejar demasiados cabos sueltos y lo que es peor, confiar excesivamente en la voluntad del promotor”.
Para la organización ecologista, la DIA “es un libro de instrucciones para que Altri atente contra el medioambiente y la sociedad gallegas con el beneplácito de la Xunta de Galicia”, a la que advierte de que se verán “en la calle, en los procesos administrativos y también en los juzgados hasta que este proyecto sea desechado”.
Greenpeace ha hecho un llamamiento a la sociedad gallega a acudir masivamente el próximo 22 de marzo a la manifestación en defensa de la ría de Arousa, en la que desemboca el río Ulla, convocada en A Pobra do Caramiñal al mediodía.
SEO/BirdLife ha lamentado la decisión de la Xunta de dar luz verde a uno de los proyectos con mayor impacto ambiental de la historia de Galicia y que amenaza espacios de la Red Natura 2000, especies en peligro de extinción y la calidad del agua del río Ulla. Por ello, explorará todas las vías legales para impedir su ejecución.
BNG batallará contra una bomba ambiental en el corazón de Galicia
La líder del BNG, Ana Pontón, se ha comprometido a plantar “batalla política, social y, si hace falta, legal” contra lo que considera una “traición” del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, “a Galicia”.
“Se consuma la traición del señor Rueda a Galicia (…) Está poniendo una bomba ambiental en el corazón de Galicia y nos parece una tremenda irresponsabilidad y traición a la ciudadanía”, ha afirmado Pontón.
En su opinión, la DIA es una “decisión política que se viste de carácter técnico” y ha exigido al Gobierno central que “sea claro y rotundo” y niegue la asignación de fondos europeos “a una empresa contaminante”.
PSdeG critica celeridad y opacidad
El secretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha asegurado que la DIA no despeja dudas fundamentales sobre la sostenibilidad de un proyecto que se está tramitando con una rapidez inusual y ha señalado que concederle 250 millones de euros públicos puede suponer “hipotecar” recursos fundamentales para Galicia.
El presidente de la Diputación de Lugo, el socialista José Tomé, ha opinado que “sería conveniente que se despejasen dudas razonables que todavía existen” sobre el proyecto, del que ha denunciado que se ha ido transmitiendo información muy parcial e incompleta y que no es tan social como se dijo, pues creará menos empleo del anunciado.
Además, se ha preguntado qué será del proyecto si no logran 250 millones de fondos europeos y ha pedido a la Xunta que aclare “cuál va a ser el compromiso y el esfuerzo económico para ayudar a la financiación de este proyecto con fondos de todos los gallegos”.
Alianza Verde pide la intervención de Transición Ecológica
El partido ecologista Alianza Verde ha pedido la “intervención del Ministerio de Transición Ecológica” y ha denunciado que la concesión de la DIA “es una demostración de la connivencia de la administración gallega con los intereses económicos del entramado empresarial”.
“La destrucción que va a generar este proyecto no puede quedar en manos de quienes están demostrando que sólo ponen los intereses económicos por delante del territorio y la naturaleza”, sostienen. EFEverde
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