Google no solo se juega su futuro en la investigación, la tecnología y la inteligencia artificial. Su porvenir pasa también por los tribunales. La compañía, englobada en el grupo Alphabet, batalla en paralelo en dos casos de gran calado contra el Departamento de Justicia de Estados Unidos. En el primero, por mantener un supuesto monopolio ilegal con las búsquedas, fue declarado responsable y ahora se están discutiendo los remedios, entre los que los fiscales piden medidas radicales. El segundo, en el que se acusa a la compañía de ejercer un triple monopolio en la publicidad digital, quedó este lunes visto para sentencia en un tribunal de Alexandria (Virginia), en las afueras de Washington.
La jueza encargada de este segundo caso es una veterana de 80 años, Leonie Brinkema, que ha llevado el juicio con paso firme y acelerado. Inicialmente, dijo que esperaba tomar una decisión para finales de este mismo año, aunque este lunes no ha concretado el calendario. Si la jueza concluye que Google ha mantenido de forma ilegal un monopolio en el mercado de la publicidad digital, lo previsible es que se abra un periodo de alegaciones y vistas para decidir qué medidas adoptar.
En realidad, en este caso, el Departamento de Justicia sostiene que Google tiene tres monopolios diferentes en el mercado de la publicidad digital y que abusa de ellos en perjuicio de anunciantes y editores. “Google es una, dos, tres veces monopolista”, dijo Aaron Teitelbaum, fiscal del Departamento de Justicia, que aseguró en la vista que “los documentos internos de la empresa dejan claro que tiene tres mercados y no uno”, según recoge Bloomberg.
El Departamento de Justicia sostiene que Google controla a la vez la tecnología utilizada por casi todos los principales editores de sitios web para ofrecer espacios publicitarios, las principales herramientas usadas por los anunciantes para comprar esos espacios y el mayor intermediario de anuncios que pone en contacto a editores con anunciantes.
La empresa, en cambio, sostiene que dividir sus herramientas en esos segmentos es erróneo y que su negocio se entiende mejor como un mercado único en el que los editores de sitios web y los anunciantes realizan transacciones. La abogada de Google, Karen Dunn, dijo que la legislación antimonopolio de Estados Unidos permite a la empresa decidir si hace que sus productos funcionen con los de sus competidores. Obligar a Google a proporcionar tecnología y recursos para que la tecnología publicitaria funcione a la perfección con las herramientas rivales ahogaría la innovación, afirmó.
Los demandantes piden la división del negocio publicitario de Google mediante desinversiones para fomentar la competencia. La compañía niega las acusaciones y advierte de que si se rompe su modelo, el resultado puede acabar siendo menores ingresos para los editores y mayores precios para los anunciantes. Google, además, sostiene que no se está analizando correctamente el mercado de la publicidad digital. Si se considera en sentido más amplio, incluyendo las redes sociales, los servicios de televisión por streaming y la publicidad en aplicaciones, la empresa calcula que controla tan solo el 10% del mercado, una cuota que además está disminuyendo.
Los editores se declararon en el juicio rehenes de Google para acceder a la enorme demanda de publicidad digital que pasa por sus manos. Si la jueza concluye que Google infringió la ley, uno de los posibles remedios sería la venta de Google Ad Manager, una plataforma que incluye el servidor de anuncios de editores de la compañía y su intercambio de anuncios. Google ofreció este año vender el intercambio de anuncios para poner fin a una investigación antimonopolio de la UE, pero los editores europeos rechazaron la propuesta por considerarla insuficiente, según informó Reuters.
El juicio visto para sentencia es el último episodio de la ofensiva Gobierno de Joe Biden contra las prácticas monopolísticas de las grandes empresas, en particular los gigantes tecnológicos. En esa batalla ha tenido como principales arietes a Lina Khan, responsable de la Comisión Federal de Comercio (FTC, en sus siglas inglesas) y, como en este caso, al equipo del Departamento de Justicia, dependiente del fiscal general, Merrick Garland.
Aunque importante, el caso publicitario se considera de menor calado que el que afecta directamente al buscador. En él, el juez sentenció que Google ejerció un monopolio en las búsquedas. Los fiscales han pedido que se obligue a la compañía a vender su navegador Chrome, a desvincular su buscador de Android y a romper los acuerdos con Apple y otras empresas para que sus navegadores usen Google como buscador por defecto, entre otros remedios. Google tendrá la oportunidad de presentar en diciembre sus propias alegaciones sobre las medidas a adoptar. El Departamento de Justicia puede complementar su posición en marzo. Luego, habrá una vista oral de dos semanas en abril y no se espera una decisión del juez hasta agosto.
