La victoria de Donald Trump en las elecciones del 5 de noviembre no le da solo las llaves de la Casa Blanca. También le permite librarse (como mínimo temporalmente) de algunas de las acusaciones penales que pesan contra él. La doctrina del Departamento de Justicia señala como norma general que no se pueden seguir causas penales contra un presidente en ejercicio. La jueza que lleva el caso de Washington por los intentos del republicano de robar las elecciones de 2020, que perdió contra Joe Biden, ha dado el primer paso para abandonar el proceso. De momento, a petición del fiscal, ha dejado en suspenso los plazos que había previstos para los trámites procesales en marcha.
La jueza Tanya Chutkan ha dictado una resolución por la que se concede la petición del fiscal especial Jack Smith “para anular el calendario” de informes y alegaciones a presentar por las partes y “todos los plazos restantes del calendario previo al juicio”. “A más tardar, el 2 de diciembre de 2024, el Gobierno [en alusión al fiscal del Departamento de Justicia] presentará un informe de situación indicando el curso apropiado a seguir para este caso en adelante”, añade la resolución.
Smith acusó a Trump de conspirar para anular los resultados de las elecciones presidenciales de 2020. Tras la sentencia del Tribunal Supremo que concedía una amplia inmunidad a Trump por los actos realizados cuando era presidente, logró que un gran jurado imputase de nuevo al expresidente valiéndose solo de aquellas pruebas que consideraba no cubiertas por la inmunidad presidencial. El procedimiento estaba atascado en ese punto, pero ahora parece camino de descarrilar con la elección de Trump.
Smith es también fiscal del caso de los documentos clasificados que Trump retenía ilegalmente en su mansión de Mar-a-Lago. La jueza Aileen Cannon archivó el caso alegando que el nombramiento del fiscal era ilegal, pero este había recurrido la resolución. Ahora, incluso si triunfase es recurso, el caso puede entrar también en vía muerta en virtud de la doctrina del Departamento de Justicia destinada a proteger a los presidentes de cargos criminales mientras están en el cargo.
En Washington, el fiscal acusaba al expresidente de cuatro delitos: conspiración para defraudar al Gobierno estadounidense, conspiración para obstruir un procedimiento oficial, obstrucción o intento de obstrucción de un procedimiento oficial y conspiración para violar derechos civiles.
Trump aún sostiene que le robaron las elecciones, pero el fiscal no lo acusa por ese gran bulo sin fundamento, sino por sus actos para alterar el resultado e impedir la certificación de la victoria de Joe Biden. El fiscal considera que esa conspiración para permanecer en el cargo comenzó el 13 de noviembre de 2020, apenas una semana después de las elecciones.
El problema para el fiscal especial no es solo que el Departamento de Justicia tenga esa política, sino que Trump ha dejado claro que lo destituirá en cuanto asuma el poder. Previsiblemente, nombrará a un fiscal general para que haga ese trabajo y retire las acusaciones, si es que el propio Smith no tira la toalla antes.
El otro caso por los intentos de amañar las elecciones, el que se sigue en Atlanta por el intento de pucherazo en el Estado de Georgia, correrá probablemente la misma suerte, como mínimo durante la presidencia del republicano.
Por su parte, el juez Juan Merchan decidió en septiembre retrasar la sentencia contra Trump por el caso Stormy Daniels, en el que fue hallado culpable de 34 delitos, que lo convirtió en el primer expresidente declarado delincuente, en este caso por un jurado popular. El aplazamiento fue una gran victoria para el candidato republicano.
Trump pidió que la sentencia se retrasase hasta después de las elecciones presidenciales, alegando que un fallo a solo unas semanas de la votación sería una forma de interferencia electoral. El juez accedió a su solicitud y fijó como nueva fecha el 26 de noviembre, que de momento sigue en pie. Aunque los delitos por los que Trump fue declarado culpable pueden acarrear penas de cárcel, no es lo habitual. El fallo, por otra parte, no será firme y puede ser recurrido por el presidente electo que, en todo caso, ha sido el primero en ganar unas presidenciales como delincuente convicto.
