Por Daniella Silva — NBC News
La mayoría de las muertes de detenidos bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) entre 2017 y 2021 podrían haberse evitado si la agencia federal no hubiera fallado a la hora de proporcionar la atención médica adecuada, denunció el martes la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y otras organizaciones de derechos humanos en un informe basado en una investigación de ACLU sobre las muertes en inmigrantes detenidos.
“La inmensa mayoría de las muertes ocurridas en centros de detención de inmigrantes podrían haberse evitado”, recalcó Eunice Cho, autora principal del informe y abogada del Proyecto Nacional de Prisiones de ACLU.
El informe de 76 páginas, un proyecto de la ACLU, Physicians for Human Rights y American Oversight, examinó las muertes de 52 personas bajo custodia de ICE desde el 1 de enero de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2021. Los detenidos suelen estar a la espera de audiencias ante cortes de inmigración, a veces durante años, incluidos los que solicitan asilo en Estados Unidos.
Los investigadores analizaron más de 14,500 páginas de documentos obtenidos a través de solicitudes de la Ley de Libertad de Información, solicitudes de registros públicos estatales y litigios civiles. Las muertes y sus correspondientes registros, incluidos los informes de investigación de ICE, fueron revisados a continuación por seis expertos médicos, de acuerdo con el informe publicado.
Los expertos médicos, entre los que se encuentran una profesora de medicina de la Universidad de Columbia; el codirector del programa de equidad sanitaria de la residencia de medicina interna de UT Health en San Antonio; y un profesor de medicina y director del Centro de Medicina de Asilo de la Facultad de Medicina de Yale, concluyeron que, de las 52 muertes registradas en este periodo de cinco años, 49 eran evitables, probablemente evitables o posiblemente evitables. Tres muertes se consideraron no evitables.
“Realmente vi deficiencias significativas de lo que se considera el estándar de atención médica”, contó Chanelle Díaz, profesora en el Centro Médico de la Universidad de Columbia, quien revisó los registros de los detenidos para el informe.
ICE no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre el informe. La agencia ha dicho anteriormente que “se toma muy en serio la seguridad de los que están bajo su custodia y mantiene su compromiso de garantizar que todos residan en entornos seguros, protegidos y humanos”. “Se proporciona atención médica integral desde el momento en que llegan las personas y durante toda su estancia”, aseguró la agencia federal, que ha afirmado que a ningún detenido se le niega atención de urgencia.
En un caso destacado en el informe, que analizaba una serie de documentos de ICE, Jesse Jerome Dean Jr., un hombre de 58 años de Bahamas, murió de una hemorragia gastrointestinal no diagnosticada mientras estaba detenido en la cárcel del condado de Calhoun, en Michigan. A pesar de que Dean no podía comer, había perdido unas 20 libras en tres semanas y tenía náuseas intensas, el personal médico del centro de detención no lo llevó a que lo revisara un médico, según el informe, que cita la investigación de ICE sobre la muerte de Dean. El hombre se desplomó en el suelo dos veces y fue trasladado a una unidad de observación médica la noche antes de morir, de acuerdo con el informe, pero siguió sin ser remitido a un doctor o a un proveedor de práctica avanzada.
Una enfermera afirmó haber examinado a Dean durante la noche, pero, según los informes de ICE sobre su muerte, la enfermera nunca lo hizo, y Dean murió al día siguiente de camino al hospital.
La oOficina del Sheriff del condado de Calhoun no respondió a una solicitud de comentarios sobre esta muerte.
En otro caso, Kamyar Samimi, un hombre iraní de 64 años, murió en diciembre de 2017 después de que el personal del centro de detención de Aurora, en Colorado, interrumpiera el tratamiento con medicación para el trastorno por consumo de opioides que le habían recetado más de dos décadas después de haber estado expuesto al opio como tratamiento para el dolor en Irán, según el informe que cita detalles incluidos en la investigación de ICE sobre la muerte de Samimi. Sin su receta, el hombre entró en síndrome de abstinencia y “se deterioró rápidamente, experimentando náuseas, vómitos repetidos hasta el punto de vomitar sangre y convulsiones, hasta que falleció 16 días después”, de acuerdo con el documento.
Díaz dijo que el caso de Samimi era una “muerte completamente evitable”. “Su muerte estuvo específicamente relacionada con el hecho de que fue detenido. Se interrumpió su tratamiento y no se trató su síndrome de abstinencia agudo, y para mí quedó claro que el equipo médico lo trató de forma realmente inhumana”, afirmó.
El operador del centro de detención, GEO Group, no respondió a la solicitud de comentarios sobre la muerte de Samimi.
Michele Heisler, directora médica de Médicos por los Derechos Humanos y experta médica revisora del informe, aseguró que era sorprendente lo “atroz” de los casos en cuanto a la prestación de “atención médica deficiente, equivocada, inadecuada y falta de supervisión”.
El informe incluyó descripciones y una cronología de algunas de las muertes de detenidos y las razones por las que los médicos creían, basándose en esta información, que una muerte era potencialmente evitable. “Esto es la punta del iceberg de lo deficiente que es la atención médica en las instalaciones del ICE”, mencionó Heisler.
El informe concluyó que “los actuales mecanismos de supervisión y rendición de cuentas de ICE en relación con las muertes durante la detención presentan graves deficiencias y contribuyen muy poco a prevenir futuras muertes”. Los autores señalaron problemas como la destrucción de pruebas, la falsificación de información médica y el hecho de no entrevistar a testigos importantes.
El análisis también descubrió que el personal médico realizó diagnósticos incorrectos o incompletos en el 88% de los casos revisados, y proporcionó tratamiento y medicación incompletos, inadecuados o tardíos en el 79% de los casos. Según el informe, los centros de ICE tampoco tomaron las precauciones básicas durante la pandemia de COVID-19, en la que murieron 18 personas en 2020.
En un caso documentado en el informe, los expertos médicos descubrieron que Emigdio Abel Reyes Clemente murió en abril de 2019 en una celda solitaria de aislamiento médico en el Centro de Procesamiento de Servicios de Florence, en Arizona, debido a una neumonía bacteriana no diagnosticada y no tratada “después de que el personal médico del centro de detención asumiera, sin realizar pruebas, que tenía gripe”, se pudo leer en el informe, citando la investigación de ICE sobre su caso.
El centro no le recetó antibióticos, no le proporcionó oxígeno ni le hizo una radiografía de tórax, agregó el documento. Reyes Clemente murió dos días después. Una autopsia independiente del médico forense del condado de Pinal, incluida en el documento, indicó que el hombre padecía neumonía bacteriana y dio negativo en la prueba de la gripe, y que Reyes Clemente falleció por complicaciones derivadas de una cardiopatía, diabetes y cirrosis hepática.
“Creo que lo que demuestra nuestra investigación es que realmente oculta al público lo que ICE ha hecho para ocultar los detalles del fracaso de la atención médica en centros de detención”, dijo Cho.
CoreCivic, el operador del centro de procesamiento, no respondió a una solicitud de comentarios sobre la muerte de Reyes Clemente.
El informe también señaló que ICE ha observado un aumento de las muertes por suicidio en centros que carecían de una atención adecuada de salud mental, gestionaban mal la medicación psiquiátrica y no contaban con personal suficiente.
Jean Jiménez, un panameño de 27 años, murió por suicidio en mayo de 2017 en el centro de detención Stewart de Georgia. El personal del centro sabía que Jiménez había sido diagnosticado con esquizofrenia y comunicó a los profesionales de salud conductual en cuatro ocasiones que sus medicamentos no estaban controlando eficazmente sus síntomas, que incluían alucinaciones auditivas e impulsividad, según el informe, citando la investigación de ICE.
Según el informe, el personal del centro no respondió a sus preocupaciones a tiempo y, en una ocasión, programó una cita de seguimiento con un telepsiquiatra dos semanas más tarde. Un memorándum de ICE al que se hace referencia en el informe señaló que los síntomas de Jiménez estaban empeorando progresivamente, que su régimen de medicación no estaba tratando sus síntomas y que el centro de detención no disponía de los recursos psiquiátricos adecuados para gestionar correctamente su atención.
El memorándum concluía que la mejor práctica habría sido remitir a Jiménez a un centro psiquiátrico de hospitalización o a otro centro de detención con recursos psiquiátricos pertinentes.
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Karina Kelley-Jiménez, la hermana mayor de Jean Jiménez, declaró a NBC News que él había comunicado, en repetidas ocasiones a ICE, sobre sus pensamientos suicidas, ya que la medicación que le habían administrado no controlaba sus síntomas. “Es imposible que no lo vieran venir”.
El operador del centro de detención, CoreCivic, no respondió a una solicitud de comentarios sobre la muerte de Jiménez.
Kelley-Jiménez recuerda a su hermano como “tan lleno de vida”.
“Tenía tantos años de vida por delante. Extremadamente carismático. Un joven con mucho talento”, mencionó Kelley-Jiménez, añadiendo que su hermano era músico y quería estudiar ingeniería.
Agregó que a su hermano le diagnosticaron esquizofrenia y trastorno bipolar, y su vida empezó a caer en un espiral.
“Mi hermano era una persona con una enfermedad mental aguda”, avisó Kelley-Jiménez. “Debería haber estado en un centro de salud mental desde el principio. Después de ser detenido por ICE, pasó unos tres meses allí, y 19 días de los tres meses fueron en confinamiento solitario, donde se quitó la vida”, concluyó.
Kelley-Jiménez añadió que ICE le falló a su hermano y que el personal “debería haberle aumentado la medicación cuando lo pidió y nunca lo hicieron”, y no le proporcionó un acceso adecuado a profesionales de salud mental.
“Las personas que tienen una oportunidad real de salir de estos agujeros infernales, seguir adelante con sus vidas y contribuir a la sociedad, amar a sus familias y cumplir con el potencial y el propósito de su vida están teniendo muertes prematuras y evitables bajo su vigilancia”, comentó.
Heisler apuntó que el informe pide en última instancia que ICE desmantele su programa de detención. Hasta entonces, exigen medidas como liberar a las personas con vulnerabilidades médicas y de salud mental de la custodia y garantizar la pronta revisión médica de los inmigrantes detenidos para identificar a aquellos que se enfrentan a un mayor riesgo médico y de salud mental.
