Un estudio de la American Principles Project (APP) reveló que un 70% de las penas económicas implementadas por el Departamento de Educación de Biden se dirigieron a instituciones educativas católicas o de formación, a pesar de que representan a menos del 10% del alumnado en todo el país.
Mientras que 12 universidades fueron objeto de penas económicas “excesivas” o se les prohibió recibir ayudas federales, ninguna escuela de la Ivy League fue sancionada. El Gobierno se habría ensañado especialmente con “dos de las universidades cristianas más destacadas del país: Grand Canyon University y Liberty University“. Estas recibieron “multas récord por un valor superior a todas las sanciones impuestas en los últimos siete años juntas”.
“Desde que asumió el cargo, la Administración ha emprendido un asalto sin precedentes contra colegios, universidades y estudiantes cristianos, al tiempo que protege sistemáticamente a las instituciones públicas y privadas de ‘élite’, impone la ideología woke a los estudiantes reacios, y permite protestas antisemitas y violentas en los campus de todo el país”, denunciaron.
Como arma en esta ‘guerra’, el Gobierno habría empleado a la Oficina de Cumplimiento del Departamento de Educación: “Una oscura subsidiaria de la Oficina de Ayuda Federal para Estudiantes (FSA) que fue creada con la intención implícita de cerrar escuelas y programas que no se ajusten a la agenda radical de la Administración”.
Aunque desde la organización ven en el presidente electo Donald Trump una esperanza de mejora, piden al Congreso que oiga a expertos y víctimas, y que organice audiencias de supervisión y cite a funcionarios para que den explicaciones.
“Durante los últimos cuatro años, los demócratas han estado ocupados armando cada parte del Gobierno federal para atacar a sus oponentes”, sostuvo Jon Schweppe, director de Política de APP. “La injusta persecución de estas instituciones ha sido atroz y debe cesar de inmediato”.
