El lunes, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE,, todas las siglas en inglés) arrestaron y encarcelaron a Jeanette Vizguerra, de 53 años, madre de cuatro hijos y abuela, quien ha vivido en Estados Unidos durante 30 años. Agentes del ICE confirmaron a la prensa local que Vizguerra fue arrestada en el estacionamiento de un Target en Aurora, Colorado, donde trabajaba como cajera.
Según múltiples informes y según sus hijos, Vizguerra se encuentra actualmente encarcelada en un centro de detención de ICE en Aurora. En una entrevista con CNN, Luna Baez, una de las hijas de Vizguerra, declaró a la cadena que su madre notó que vehículos sin identificación la seguían en los últimos días mientras conducía hacia y desde el trabajo y durante sus descansos.
Baez relató que su madre le contó que agentes de ICE la rodearon por todos lados mientras estaba en su descanso. Después de sacarla del auto, la subieron a una camioneta; me dijo que se reían de ella todo el tiempo.
En declaraciones al New York Times, Jordan García, conocido de Vizguerra desde hace 15 años y defensor de los derechos de los inmigrantes del Comité de Servicio de Amigos Americanos, confirmó al periódico que fue arrestada en el almacén Target y que los agentes se jactaron tras encerrarla: ‘¡Por fin te atrapamos!’.
En una publicación fascistizante el miércoles, ICE Denver publicó una foto de Vizguerra encadenada con una declaración incitadora que la difamaba como ‘una extranjera convicta de delincuencia’ que ‘permanecerá bajo custodia de ICE a la espera de su deportación de Estados Unidos’.
Tras su arresto, los hijos de Vizguerra y sus simpatizantes en la comunidad han realizado manifestaciones y protestas diarias frente al centro de detención donde se encuentra encarcelada.
El arresto, la detención y la posible deportación de Vizguerra ponen de relieve que los ataques racistas y deshumanizantes de Trump contra los inmigrantes no tienen nada que ver con la ‘seguridad pública’, sino que buscan intimidar y suprimir los derechos democráticos de todos. Vizguerra no es una delincuente violenta y, de hecho, fue nombrada una de las ‘100 personas más influyentes’ de la revista Time en 2017 por su abierta defensa de los derechos de los inmigrantes.
Llegó a Estados Unidos desde México en 1997 con su esposo y su hija mayor. En 2009, Vizguerra fue citada por delitos menores relacionados con la indocumentación, incluyendo el uso de un número de Seguro Social falso. Durante los años siguientes, Vizguerra apeló las órdenes de deportación e intentó solicitar la ciudadanía.
En 2017, alcanzó fama internacional después de que ella y sus hijos se vieran obligados a refugiarse en el sótano de la Primera Iglesia Unitaria de Denver para evitar la deportación durante el gobierno de Trump. Vizguerra y sus tres hijos estadounidenses pasaron tres años viviendo en la iglesia.
En una declaración a NBC9News de Denver, el reverendo Mike Morran, de la Primera Iglesia Unitaria, denunció la detención de Vizguerra: ‘Esta administración ha demostrado que no le importan los aspectos legales’, dijo Morran. ‘Es bastante obvio para mí que el objetivo de este tipo de maniobra es generar miedo. Silenciar a la gente. Impedir que quienes pudieran denunciar las injusticias o insistir en el debido proceso lo hagan’.
Si bien han guardado silencio sobre el secuestro del activista antigenocidio y graduado de Columbia, Mahmoud Khalil, así como sobre los miles de personas secuestradas por la administración Trump en los últimos 60 días, algunos demócratas de Colorado han emitido declaraciones tibias oponiéndose al arresto de Vizguerra. El 18 de marzo, el senador Michael Bennet publicó en X: “Jeanette Vizguerra es una madre y un pilar en su comunidad. Estoy profundamente preocupado por las acciones del ICE para detenerla sin el debido proceso, como una orden de deportación. El ICE debería garantizar que Jeanette cuente con asistencia legal y liberarla de inmediato”.
Ese mismo día, el alcalde demócrata de Denver, Mike Johnston, emitió un comunicado en el que calificó el arresto de Vizguerra como una “persecución al estilo Putin de disidentes políticos”.
Mientras los demócratas buscan desviar la indignación social masiva para favorecer la guerra contra Rusia, el hecho de que Vizguerra se encuentre actualmente encarcelada y se enfrente a la deportación es enteramente culpa del Partido Demócrata.
En 2021, tras años de lucha contra las órdenes de deportación, el gobierno de Biden concedió a Vizguerra y a otros cuatro inmigrantes de Colorado solo una suspensión de un año de sus órdenes de deportación, pero se negó a concederles la ciudadanía o la residencia permanente.
En cambio, durante la administración Biden, demócratas y republicanos intentaron aprobar una legislación que proporcionaría unos 20 mil millones de dólares para ampliar considerablemente el aparato policial fronterizo. El ‘proyecto de ley fronterizo’ fue propuesto y respaldado por los demócratas como una forma de asegurar el apoyo republicano al gasto militar, incluyendo la financiación de la guerra de Estados Unidos y la OTAN contra Rusia, el genocidio en Gaza y el armamento a Taiwán en preparación para la guerra con China.
El proyecto de ley, respaldado por los demócratas, preveía financiación para más campos de prisioneros de inmigrantes y policía fronteriza, pero no una ‘vía a la ciudadanía’ ni amnistía para las personas indocumentadas que viven actualmente en Estados Unidos. Biden y la vicepresidenta Kamala Harris manifestaron repetidamente su apoyo a la legislación y atacaron a Trump desde la derecha por su papel en la anulación del proyecto de ley.
Cerca del final de su presidencia, aunque Biden se tomó el tiempo para indultar a sus familiares y aliados políticos al salir, no hizo nada para proteger a millones de inmigrantes, incluyendo a los ‘dreamers’ que llegaron a Estados Unidos de niños y a personas como Vizguerra, que han vivido en el país la mayor parte de su vida.
En cambio, antes de la investidura de Trump, los demócratas del Senado y la Cámara de Representantes votaron con sus colegas partidarios de MAGA para aprobar la fascistizante Ley Laken Riley. Esta legislación antiinmigrante otorga un gran poder a los fiscales generales estatales, otorgándoles legitimidad para impugnar la política federal de inmigración, incluso a título individual.
El proyecto de ley también exige la detención sin fianza de los inmigrantes que simplemente hayan sido acusados de un delito menor, como el hurto en tiendas. Según las últimas estadísticas del Departamento de Seguridad Nacional, los centros de detención de inmigrantes están actualmente al 120 % de su capacidad, con más de 43 000 personas, incluyendo ahora a Vizguerra, languideciendo en una red de prisiones privadas, en su mayoría con fines de lucro.
(Artículo publicado originalmente en inglés el 20 de marzo de 2024)
