La ultraderechista Marine Le Pen, líder de Reagrupamiento Nacional (RN), compareció pasadas las ocho de la tarde de este miércoles ante los periodistas. Salía de la sala del tribunal que la juzga a ella y otros 24 miembros de su partido —entonces llamado Frente Nacional— por desviar a su formación en Francia los fondos de la Unión Europea asignados al pago de asesores en Bruselas. Le Pen tenía los ojos rojos y parecía algo emocionada. Enfadada, pero también desconcertada. Acababa de escuchar cómo el fiscal pedía cinco años de cárcel —con opción a que tres queden en suspenso― y una condena de inelegibilidad para los siguientes cinco años de inmediato cumplimiento. Es decir, que durante el proceso de recurso ya se le aplicaría esa parte de la pena. Si resultara condenada y se confirmara el fallo, no podría presentarse a las presidenciales de 2027. La peor noticia para sus intereses.
Un mes y medio después del comienzo del proceso, la Fiscalía solicitó el miércoles penas de inhabilitación contra Le Pen y los otros 24 acusados —miembros del partido, exeurodiputados y antiguos asistentes parlamentarios— “moduladas” según las responsabilidades. La acusación pedía, así, cinco años de prisión, de los cuales dos serían en firme —aunque con posibilidad de ajuste— y cinco años de inhabilitación para la jefa de los diputados de RN, además de una multa de 300.000 euros. “Su único objetivo es impedirme ser la candidata de mi grupo en las elecciones presidenciales [de 2027]. Hay que estar sordo y ciego para no verlo”, lamentó ella.
La semana pasada, Le Pen expresó al tribunal que la inhabilitación a la que se podría enfrentar tendría “consecuencias extremadamente graves”, como privar a millones de votantes de “su candidata”. Si eso sucediera, el partido debería activar también con efecto inmediato el proceso de sucesión y coronar definitivamente a su delfín, el joven eurodiputado de 29 años y actual presidente de la formación, Jordan Bardella, candidato en las últimas elecciones legislativas, en las que la ultraderecha perdió frente a la coalición de izquierdas. La decisión sería dramática para Le Pen.
Falsos asistentes, ahorro en salarios
El denominado escándalo de empleos ficticios fue, supuestamente, una acción dirigida por la cúpula del partido de Le Pen para utilizar la financiación que recibía de Bruselas entre 2004 y 2016, un periodo en el que el partido tenía mucha más presencia en Europa ―y, por tanto, subvenciones― que en Francia, para funciones fuera de su perímetro legal.
Bruselas elevó entonces a 6,8 millones de euros el montante del que se benefició el RN a través de un “sistema fraudulento de desvío de fondos” que, fundamentalmente, destinaba el dinero para pagar asistentes en el Parlamento Europeo a asuntos domésticos de la formación en Francia. Durante sus alegatos, según publicó el diario Le Monde, los dos fiscales describieron, uno tras otro, la estructura de un “sistema” consistente en contratar “falsos” asistentes parlamentarios europeos que, en realidad, trabajaban para el partido.
Los acusados son sospechosos, según los magistrados franceses que llevaron a cabo la instrucción desde finales de 2016, de haber puesto en marcha “de manera concertada y deliberada” durante ese periodo un “sistema de malversación” de los 21.000 euros mensuales asignados por la UE a cada eurodiputado para remunerar a sus asistentes parlamentarios. Estos últimos habrían trabajado todo o parte de su tiempo para el RN, permitiendo así al partido un ahorro considerable en salarios.
En 2014, tras la elección de una veintena de eurodiputados del FN, el tesorero del partido Wallerand de Saint-Just escribió: “Solo podremos salir adelante si logramos ahorrar significativamente a través del Parlamento Europeo”, recordó la fiscal, mencionando correos electrónicos —“no todos, ya que son demasiados”— que hablan de “montajes financieros” y de “traslados” de determinados asistentes a ciertos diputados en función de la disponibilidad de los fondos. En un mensaje se lee: “Uno u otro, tú puedes elegir”.
Principios de 2025, fecha clave
Si la inhabilitación se dicta con suspensión de la pena, como ocurrió con los acusados del Movimiento Demócrata ―el otro partido político francés que pasó por un proceso parecido―, no se aplicaría a menos que Le Pen cometiera otra infracción dentro del periodo fijado por el tribunal. La decisión debería conocerse a principios de 2025.
Entre los acusados está el padre de la actual líder del RN y fundador del antiguo Frente Nacional, Jean-Marie Le Pen, de 96 años, así como otros 11 eurodiputados en ese periodo, como Louis Aliot (actual alcalde de Perpiñán), e incluso el propio RN, al que se le pide el pago de una multa de 4,3 millones de euros. El patriarca de la familia, que este miércoles fue hospitalizado, no ha estado presente en el juicio debido a su estado de salud, considerado incompatible con una audiencia.
El proceso tiene un impacto directo en la vida política francesa, justo en el momento en el que el partido de Le Pen se ha convertido en el árbitro de la contienda. Tras un resultado imprevisto en las últimas elecciones, mucho peor de que lo que la formación auguraba, Macron dio alas al RN al rechazar la propuesta de la izquierda para formar Gobierno. El partido ultraderechista ―con 126 diputados y 10 millones de votos― tiene ahora mismo la llave de la continuidad del nuevo Ejecutivo, el del primer ministro conservador Michel Barnier.
