Nueve años después de que Alemania acogiera a un millón de refugiados que huían de la guerra de Siria, y tras las elecciones al Parlamento Europeo el pasado mes de junio, los vientos de cambio en política migratoria son incontestables por parte de muchos países de la Unión Europea. Cada vez más gobiernos nacionales cuestionan que un tema tan sensible como este sea gestionado a escala supranacional, visto el fracaso que hasta el momento las políticas comunitarias implementadas han supuesto, y quieren recuperar un mayor protagonismo para abordar este fenómeno con mayores garantías de éxito.
La propia Unión Europea ya ha planteado que en el próximo ciclo legislativo que se inicia en noviembre reforzar la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas —Frontex— con el objetivo de alcanzar 30.000 efectivos, además de dotarles con nuevas tecnologías para la vigilancia de las fronteras. Además, el Ejecutivo comunitario tendrá por primera vez un comisario para el Mediterráneo con el objetivo de velar por el cumplimiento de los pactos firmados con Túnez por valor de 900 millones de euros, Egipto 7.400 millones, Mauritania 500 millones y el Líbano 1000 millones, y proyectar nuevos acuerdos migratorios con países de origen y tránsito de la migración, como los ya rubricados anteriormente para el desarrollo económico de esos países y el control de sus fronteras.
En este contexto, la presidenta de la Comisión, Von der Leyen, ha declarado que el pacto migratorio alcanzado por la Unión que deberá aplicarse a partir de junio de 2026. Este pacto endurece las condiciones de acogida de refugiados, ampliando las repatriaciones de inmigrantes económicos y de quienes tengan rechazado el asilo. Sin embargo, para que este pacto tenga posibilidades de éxito es imprescindible que cada Estado revise y adapte la legislación actual para afrontar la presión de la migración irregular existente, abriéndose a generalizar los acuerdos con terceros países seguros para trasladar a los migrantes rescatados en el mar y solicitantes de asilo a centros de identificación y acogida mientras se resuelve el expediente, como ha hecho Italia con Albania.
En este sentido, 14 países de la U.E. con Francia, Alemania e Italia entre otros, han solicitado recientemente a la Comisión Europea que cambie la forma en que se devuelve a los inmigrantes que ven rechazado su solicitud de asilo, para hacer el sistema más eficiente y sustituya a la actual Directiva de retorno adoptada en 2008 y que ha evidenciado su fracaso. La nueva base jurídica debe facultar a los gobiernos a que puedan realizar deportaciones respetando los derechos fundamentales. España no ha formado parte de esta iniciativa planteada ante la Comisión.
En esta misma línea de reformas el Consejo de la Unión aprobó el pasado mes de mayo un nuevo Código de fronteras Schengen en el que ofrece a los países limitar el número de pasos fronterizos y reforzar las medidas de vigilancia de sus fronteras interiores para luchar contra la instrumentalización de la migración y los movimientos secundarios dentro de los países de la Unión.
Los principales países de la UE, con la salvedad española, están comenzando a adoptar nuevas estrategias para afrontar el desafío de la inmigración irregular y su tratamiento con un enfoque más realista y pragmático, donde cuestiones como la integración y la financiación de los servicios centran el debate político, y donde empieza a asomar ya la relación entre el incremento de los delitos y la migración irregular.
En Alemania, el ataque yihadista de finales del pasado mes de agosto en Solingen supuso un aldabonazo en su sociedad reabriendo el debate de la migración y la capacidad alemana para acoger a millones de extranjeros, pasando del «lo conseguiremos» —que fue el lema de Angela Merkel para acoger al millón de refugiados en 2015— a endurecer la política migratoria como ha prometido el canciller socialdemócrata Scholz, incrementando el número de deportaciones y frenando la entrada de la inmigración irregular mediante controles adicionales en sus fronteras interiores. El dividido Gobierno semáforo alemán intenta así recuperar protagonismo político en un momento donde sólo el 18% de los alemanes aprueba su gestión, un mínimo que nunca se había producido.
A este escenario hay que sumar el resultado de las elecciones regionales celebradas el pasado uno de septiembre, con el triunfo de Alternativa para Alemania en Turingia y el segundo puesto alcanzado en Sajonia. Unos resultados que vienen a confirmar el hartazgo de la población con el tratamiento que se da a esta materia y el fracaso de los partidos tradicionales con sus tácticas de cordones sanitarios como estrategia para contrarrestar el discurso del partido con mejores resultados. Es revelador que solo uno de cada 10 alemanes votó a algunos de los partidos que conforman el Gobierno de coalición tripartito.
En Francia son crecientes los problemas de integración ligados a la inmigración irregular, a pesar del control de las fronteras interiores que realiza y que desde 2015 ha emitido más de 500.000 denegaciones de entrada desde el restablecimiento de los mismos, aunque este mecanismo ha sido cuestionado por el máximo órgano francés de la jurisdicción contenciosa-administrativa, el Consejo de Estado, instando a que los controles en la fronteras interiores deben respetar el derecho de la Unión y que esos rechazos en frontera. En este contexto, destacar las recientes declaraciones del nuevo ministro del Interior, Bruno Retailleau, afirmando que la inmigración descontrolada tiene repercusiones en la propia seguridad interior francesa, y que en las próximas semanas presentará medidas precisas y concretas para frenar la entrada de inmigrantes irregulares, impulsando una política de ruptura en el tratamiento que se ha dado a este fenómeno hasta el momento actual.
En Italia, la llegada de migrantes irregulares a sus costas se ha reducido este año en un 65% respecto a 2023 gracias a la estrategia seguida por el gobierno de Meloni de fortalecer la cooperación con los países de origen y tránsito de los flujos migratorios y reforzar el control de las fronteras marítimas y terrestres, impidiendo la salida en el transcurso de este año de 60.000 migrantes de las costas de Libia y Túnez. Además, el acuerdo alcanzado con Albania envía un mensaje de contundencia a las mafias que trafican con seres humanos en el sentido que si llegan a sus costas serán trasladados a los centros de acogida en Albania sin pisar territorio italiano, como así ha ocurrido con el primer traslado de 16 inmigrantes, aunque un tribunal de Roma ha ordenado que sean retornados porque proceden según su criterio, de países no seguros, Egipto y Bangladesh.
En los Países Bajos, tras las elecciones generales celebradas el pasado mes de mayo, el partido ganador ha anunciado unos acuerdos programáticos junto a los otros dos partidos conservadores con los que formarán gobierno el próximo mes de noviembre, entre los que destacan un mayor control en materia de asilo e inmigración con medidas más restrictivas, como la derogación de la figura del asilo permanente y la supresión de la obligación de los municipios de acoger a un determinado número de solicitantes de asilo durante la resolución de sus expedientes. Además van a pedir a la Comisión salir de la legislación comunitaria en materia de política migratoria y de asilo común.
Nuestro vecino ibérico, Portugal, después de una etapa iniciada en 2017 con un Gobierno socialista y una ley que permitía la regularización de los inmigrantes con una mera declaración de interés, el actual Ejecutivo conservador también endurece su política en esta materia en línea con la mayoría de los países europeos, y ha presentado un Plan de Acción para las Migraciones en los que se exigirá a los extranjeros que obtengan un permiso de trabajo en los consulados de sus países de origen, además de dar prioridad a los inmigrantes procedentes de países lusófonos.
Los países nórdicos —Dinamarca, Finlandia, Suecia, Noruega e Islandia— suscribieron el año pasado un acuerdo de cooperación orientado a una política más restrictiva sobre la inmigración irregular que ya había iniciado Dinamarca en 2020 endureciendo las condiciones para solicitar asilo. En Suecia el Gobierno ha establecido nuevas medidas para dificultar el acceso de los inmigrantes a las ayudas sociales, en un sistema de integración que hasta ahora no planteaba obligaciones, exigiéndoles con las nuevas obligaciones desempeñar una actividad y aprender sueco, introduciendo además un límite en las ayudas que anteriormente hacía más rentable vivir de los subsidios que buscar un trabajo, con el objetivo final de integrar mejor a los que ya se encuentran y disuadir la llegada de más inmigrantes.
Para finalizar este recorrido por algunos países europeos, destacar al Reino Unido, donde en los últimos seis años han alcanzado sus costas 120.000 personas y decenas de inmigrantes siguen cruzando a diario el canal de la Mancha. El anterior Ejecutivo diseñó el denominado Plan Ruanda, que pretendía enviar a ese país africano a los solicitantes de asilo, y que ha sido desechado por el Gobierno laborista al entrar al poder, aunque su primer ministro Starmer ha manifestado que impulsarán las devoluciones de inmigrantes, desplazándose recientemente a Italia y teniendo un encuentro con Meloni para conocer las medidas implementadas por su Ejecutivo que han provocado una reducción sustancial en la llegada de inmigrantes irregulares.
Visto el giro que en política migratoria se vislumbra en Europa, España está viviendo la mayor presión migratoria de carácter irregular, como demuestra que a las costas canarias hayan llegado, hasta finales del pasado mes de septiembre, más de 30.000 inmigrantes irregulares. Esta cifra ya es superior a la registrada en 2006 en la denominada crisis de los cayucos, que marcó un récord en su llegada a nuestro litoral.
La situación es tan crítica que el director ejecutivo de Frontex ha declarado que la llegada de inmigrantes irregulares a las Islas Canarias a través de la ruta del África Occidental es la principal preocupación de la UE, y que el aumento que se observa en las costas canarias tiene un carácter estructural, mientras que en el resto de rutas utilizada por las mafias para llegar a Europa se está observando un progresivo descenso, y que la ayuda de la Agencia no puede materializarse al no haber una petición expresa del gobierno español ni un marco jurídico y acuerdos con los países africanos de origen y tránsito de la inmigración irregular.
Ante esta situación el Gobierno canario ha manifestado que los 50 millones de euros ofrecidos por el Gobierno central como única solución no palían la situación de colapso asistencial que sufren, y han aprobado un Protocolo de acogida de menores migrantes que ha sido suspendido provisionalmente por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias tras recurso presentado por la Fiscalía, y que establecía unos requisitos a las Fuerzas de Seguridad del Estado antes de su entrega a la administración canaria con el fin de ralentizar su entrega por la incapacidad de sus servicios asistenciales de absorber a todos los menas que llegan.
Además, y denotando la falta de iniciativa del gobierno español, el presidente canario se desplazó a Bruselas para solicitar el apoyo comunitario frente a la grave crisis que están padeciendo en el archipiélago, y declarar la emergencia migratoria como sucedió en Lampedussa en septiembre del año pasado.
En Ceuta y Melilla la situación también es preocupante: los intentos de entrada han aumentado este año un 182% respecto al año pasado. Marruecos frustró el mes pasado un intento masivo de asalto a la valla de Ceuta que había sido convocado por las redes sociales, en un ejercicio de demostración del reino alauita de que la seguridad de este enclave fronterizo depende de la actitud que demuestren sus fuerzas de seguridad, como sucedió en mayo del 2021 cuando cerca de 10.000 inmigrantes entraron en Ceuta violentando las fronteras ante la pasividad de las fuerzas marroquíes.
El periplo africano —Mauritania, Senegal y Gambia— del presidente del Gobierno el pasado mes de agosto no ha venido sino a confirmar la falta de una visión estratégica para abordar esta materia. Lejos de transmitir un mensaje de firmeza en la defensa de nuestras fronteras y del cumplimiento de los acuerdos internacionales en esta materia, anunció en Mauritania que se necesitan 250.000 empleos que serían cubiertos por la migración africana y presentó como solución un plan de migración circular para formar a los migrantes de Mauritania y Gambia en sus países y trabajar en España en campañas del sector agrícola o textil fundamentalmente, con el compromiso de retornar a su país al finalizar las mismas. Con Senegal ya existe este instrumento desde hace más de tres años, y solo 141 senegaleses se han acogido a este plan, debido fundamentalmente a que la mayoría de esas poblaciones quieren quedarse definitivamente en Europa. Es evidente que el efecto llamada de los migrantes irregulares que violentan nuestras fronteras y acceden rápidamente a prestaciones sociales es más tentador que realizar esos cursos de formación en sus países para trabajar temporalmente en nuestro país.
El fracaso de la gira africana de Pedro Sánchez se evidencia en las cifras de llegadas el pasado mes de septiembre, que en la última quincena alcanzaron una media de 270 al día, con más de 5.000 en todo el mes. Las previsiones para los próximos meses no invitan al optimismo.
También las noticias que regularmente salen en los medios de comunicación informando de la estancia en balnearios y hoteles turísticos donde se alojan producen un efecto demoledor en la imagen de España, e incentiva la llegada masiva de inmigrantes, que saben que con alcanzar las costas españolas se aseguran su posterior desplazamiento a la península para estar alojados y mantenidos en hoteles que muchos españoles nunca podrán pagarse para sus vacaciones. En principio esta acogida en hoteles es de un mes, pudiendo prorrogarse hasta un máximo de tres meses excepcionalmente, aunque hay constancia que en algunos hoteles de la costa alicantina la estancia ya supera los seis meses. El coste de mantenerlos supera con creces los 100 millones de euros anuales, y el sistema empleado con la participación directa de las ONG, sin contar con la patronal hotelera ha despertado también las críticas del sector que tilda de oscurantista la gestión de las plazas hoteleras, desconociéndose también cual es el coste diario en la asistencia de los migrantes alojados.
En definitiva, el actual sistema de asilo y migración es disfuncional y necesita una reforma en profundidad para lograr un marco común europeo en esta materia que supere la anterior etapa, y que deberá fundamentarse en una política de retorno eficaz, un fortalecimiento de la prevención de la migración incontrolada y un robustecimiento en la protección de las fronteras exteriores. La política migratoria europea solo puede ser sustentable si se devuelve realmente a quien no tiene derecho a estar en la UE, y actualmente menos del 20% son los que efectivamente regresan.
En el nuevo escenario comunitario que se está planteando y que supone un endurecimiento en el tratamiento de la inmigración irregular, España se presenta como un país crítico con la dinámica de las nuevas políticas que se quieren implementar y que aparte del aislamiento que su posicionamiento supone, estimula que nuestro país siga siendo objetivo de las mafias que trafican con seres humanos con mayor énfasis debido a los mensajes que transmite de ser un país amable en la recepción de la inmigración irregular.
Entre las iniciativas a desarrollar se podrían destacar las siguientes:
- Establecimiento de un procedimiento de asilo abreviado que facilite el rechazo acelerado de las solicitudes manifiestamente infundadas, y el traslado de los solicitantes a un tercer país seguro mientras se resuelve el expediente, lo que contribuiría a desincentivar las llegadas de migrantes irregulares que producen además enormes bolsas de pobreza generando en la sociedad cada vez mayor rechazo, restando además a a las bandas de traficantes de seres humanos el enorme poder que ejercen actualmente.
- Promoción de una política de retorno coordinando con los países de origen y tránsito para devolver en condiciones seguras a los que no reúnan las condiciones de asilo europeas, acompañado de mayores inversiones para el desarrollo de sectores productivos de esos países que generen riqueza para que su población no se vea en la obligación de emigrar.
- Reforzamiento del control de las fronteras exteriores de la UE dotando a la Agencia Frontex de más medios, recursos y capacitación para garantizar una rápida aplicación de las devoluciones lo que redundaría además en un mensaje de fortaleza frente a las mafias que trafican con seres humanos, y que son auténticas organizaciones criminales que se benefician de la laxitud que en muchas ocasiones representa la aplicación de la ley en esta materia.
