En el año 2018 un grupo de madres tucumanas preocupadas por el insistente adoctrinamiento en la religión católica que se les impartía a sus hijos e hijas en las escuelas públicas – en las que la materia Religión es un espacio curricular conforme a la legislación provincial- iniciaron una acción de amparo en contra de la provincia con el objeto de que se eliminara la enseñanza obligatoria de cualquier religión en la currícula de las escuelas públicas. Se formó la Comisión por la Educación Laica, integrada por madres, padres, docentes, el MST, el ILEC (Instituto Laico de Estudios Sociales Contemporáneos), ANDHES (Abogados/as del NOA en Derechos Humanos y Estudios Sociales) y el PTS, entre otros. La comisión realizó cortes de calle y conferencias de prensa para hacer pública esta acción judicial. Ese fue el inicio de una furibunda reacción no solo por parte del Estado provincial, sino también de las autoridades eclesiásticas.
Una primera medida adoptada por la Cámara Contencioso administrativa fue no solo darle intervención a las autoridades eclesiásticas (católicas) de la provincia, sino además disponer que se le diera intervención a todos los cultos reconocidos en el país para que emitieran opinión. Cuando se dieron cuenta que existían mas de 4.000 cultos reconocidos oficialmente en el país, tuvieron que dar marcha atrás y solo quedó el Episcopado, ya que la única religión que se enseña en forma obligatoria es la católica.
Hasta el día de hoy la causa sigue con múltiples maniobras dilatorias por parte de la provincia, y la materia Religión Católica sigue siendo curricular en las escuelas públicas. El férreo vínculo entre la Iglesia y el Estado provincial no solamente se expresó en la resistencia a brindar al alumnado una educación laica y de calidad sin injerencia de instituciones medievales; sino que además estuvo siempre a la cabeza de todo lo que fuera resistencia a cualquier expresión que implique libertad de pensamiento. El Estado provincial no solo se opuso a la implementación de la ESI cuando ya había sido aprobada por el Congreso de la Nación; sino también a la ILE (recordemos el caso Lucía) y finalmente terminaron declarando por ley provincial que Tucumán era una “una provincia católica”.
El 4 de julio de 2018 la Legislatura provincial aprobó una resolución que declara a Tucumán como una “provincia provida”, declaración que se realiza en el contexto del debate nacional sobre la legalización del aborto que estaba teniendo lugar en ese momento. Pero el broche de oro en este romance de las autoridades provinciales con la Iglesia Católica lo vamos a encontrar en la Ley No 8.925 de la provincia de Tucumán, que establece que todos los años las escuelas deberán realizar actividades alusivas y promover la lectura de la Biblia en las escuelas y organizar eventos.
El debate por la legalización del aborto en el Parlamento puso sobre la mesa una discusión más amplia y postergada en Argentina: la relación entre el Estado y la Iglesia Católica. Las maniobras de esta institución para interferir en las votaciones del proyecto que se dieron de forma explícita —como por ejemplo el arzobispo de Tucumán mencionando a los diputados por nombre y apellido durante el Tedeum o el arzobispo Mario Poli citando a legisladores a la curia para agradecerles su voto negativo— nos hacen pensar que la política nacional está fuertemente influenciada por el catolicismo, y que eso impacta necesariamente en las medidas de gobierno.
El artículo 2 de la Constitución Nacional establece: “El gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano”, un artículo que permanece en nuestra normativa desde 1853 y que genera una controversia respecto del estatus que confiere a nuestro Estado: ¿es Argentina un Estado confesional o es un Estado laico? La respuesta es simple, los obispos y otros miembros eclesiásticos no son autoridades normativas reconocidas en la Constitución Nacional. Pero además, las diferentes reformas constitucionales que se realizaron a lo largo de la historia despojaron a nuestra Carta Magna de los resabios de la Iglesia Católica.
El texto sancionado en 1853 reflejó la importante presencia del catolicismo en la etapa de la organización nacional. Ya desde ese entonces el artículo 2 establecía que “el gobierno federal sostiene el culto católico, apostólico, romano”. Se sumaba a este el artículo 76, en el que se establecía como requisito para ser presidente pertenecer a esa religión. Para la toma de posesión del cargo se fijó en el artículo 80 el juramento “por Dios nuestro señor y estos santos evangelios”. El artículo 67 inciso 15 establecía entre las atribuciones del Congreso la de “conservar el trato pacífico con los indios y promover la conversión de ellos al catolicismo”.
Poco tiempo después, en la denominada generación del 80 se produjeron los primeros hitos de separación del Estado con la Iglesia por medio de la creación del Registro Civil de la Nación, ya que hasta ese momento los nacimientos, los casamientos y las defunciones se registraban en las parroquias. Esto produjo una tensión importante entre gobierno y clero.
Pero la escisión fue más allá y la Iglesia también perdió el monopolio de la educación: en 1884 se sancionó la Ley General de Educación laica y gratuita, que significó un paso trascendente en la educación garantizada como un derecho desde el Estado. En esta etapa se llegó incluso a la ruptura con la Santa Sede.
El hecho más resonante fue sin dudas dar apoyo a la reforma universitaria de 1918, cuya consecuencia fue una universidad laica, gratuita y cogobernada. Hasta ese entonces, estaba dominada por la Iglesia y sectores reaccionarios y conservadores.
A eso siguió la ley de divorcio, primero en el segundo gobierno de Juan D. Perón y luego durante el gobierno de Raúl Alfonsín, que generó el hecho inédito de movilizar por primera vez en la historia a la Virgen de Luján en contra de un gobierno constitucional.
El texto constitucional que rige actualmente sancionado en 1994 mantuvo la letra del artículo 2, pero eliminó el requisito de profesar el culto católico para ser presidente de la nación, la fórmula de juramento con contenido religioso, la promoción de la conversión de los indios al catolicismo y las normas referidas al patronato.
Volviendo al artículo 2, podemos preguntarnos, cómo es que el gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano, entendido por la jurisprudencia de la Corte Suprema de la Nación como una obligación de apoyo económico. Sin embargo el Estado no está obligado a pagar los sueldos de los miembros del clero, cuyas asignaciones fueron establecidas por decretos-leyes de la última dictadura militar.
El laicismo es entonces una cultura de tolerancia y convivencia pacífica de la política y las religiones. El Estado es de todos, por eso no puede ser de una religión en particular. Está claro que no es una cuestión que solamente tenga que ver con la provincia de Tucumán, pero tenemos el deber de combatir cada una de las expresiones del oscurantismo religioso que ha demostrado a lo largo del tiempo y sobre todo en la historia reciente oponerse a cualquier libertad conquistada por la movilización de mujeres, hombres, jóvenes y disidencias.
Ángel Paliza
