La represión contra la fe en Nicaragua no ha sido una improvisación sino una estrategia muy bien elaborada por parte de la dictadura para asumir el control de todo, hasta de la conciencia de los creyentes en el país, y para ello han desarrollado un plan en cuatro etapas, que incluye desde la estigmatización de sacerdotes, amenazas de muerte, agresiones físicas, confiscaciones, encarcelamientos, expulsiones del país, exilio, destierro y desnacionalizaciones, denuncia el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, a través de un informe publicado este miércoles, 30 de octubre.
El informe, presentado en Costa Rica, donde trabaja el organismo defensor obligado al exilio, resume las acciones represivas de la dictadura de Nicaragua, encabezada por Daniel Ortega y Rosario Murillo, y define el proceso de represión religiosa en el país como una estrategia desarrollada en cuatro etapas, que fue escalando hasta someter a esa represión a las iglesias católica, evangélica y morava, reducir al silencio, principalmente a los líderes religiosos católicos y sumir en el terror a la feligresía.
Las etapas de la represión religiosa
La primera: Inició en abril 2018 y se extendió hasta marzo de 2019. Se caracterizó por la realización de campañas de estigmatización y descalificación en contra de sacerdotes, monjas y personas religiosas o laicas, muestra de ello fueron las ofensas proferidas en contra de los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) a quiénes los dictadores Ortega y Murillo calificaron como «golpistas, asesinos y satánicos».
Ese proceso de estigmatización incluyó señalamientos por parte de la propaganda oficialista contra los líderes religiosos como «golpistas que levantan sectas satánicas y asesinas».
Junto a esos señalamientos se dieron amenazas de muerte y detención en contra de los obispos que denunciaron las graves violaciones a los derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad perpetrados en Nicaragua.
«Durante este período, el entonces funcionario gubernamental y exguerrillero Edén Pastora, conocido como Comandante Cero, en una entrevista en el medio oficialista Canal 4 expresó que «las balas atraviesan las sotanas» en una clara amenaza de muerte en contra de los sacerdotes en Nicaragua», recuerda el informe del Colectivo Nicaragua Nunca Más.
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El documento también resalta que en esta primera etapa se registraron agresiones físicas contra sacerdote e integrantes de la Iglesia Católica, como la ocurrida el 9 de julio del 2018 en la Basílica Menor de San Sebastián Mártir, en Diriamba, Carazo, otra de las agresiones contra la libertad religiosa en esta etapa fue la suspensión de fondos para parroquias y actividades religiosas, como en agosto del 2018 donde se recortaron fondos destinados a fundaciones religiosas con apoyo estatal a más de 170 instituciones católicas y evangélicas. Debido a esta situación se recortaron varios programas de ayuda social que incluía el acceso a la educación, alimentación de calidad, atención médica primaria, entre otros servicios brindados.
La segunda etapa: Inició en abril del 2019 y se caracterizó por el inicio del exilio de sacerdote y personas ligadas a la Iglesia Católica, el aumento del hostigamiento, amenazas y detenciones a feligreses católicos, el asedio a templos en actividades de conmemoración a la protesta o personas asesinadas, el cierre de las primeras organizaciones no gubernamentales ligadas a la Iglesia Católica, la persecución selectiva de sacerdotes y las agresiones físicas de terceros o simpatizantes del FSLN.
Entre las acciones de agresión contra la institución católica el informe destaca que, entre el 30 de junio y el 2 de agosto del 2020 se contabilizaron al menos ocho profanaciones de templos: a la parroquia Santa Rosa de Lima, en la ciudad de León; Iglesia La Asunción, en Ocotal; Capilla Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, en Monimbó, Masaya; en la capilla El Carmen, ubicada en Nueva Segovia, y la Parroquia Inmaculada Concepción de María, en los Brasiles, Managua. Por estos delitos solo una persona fue detenida hasta la fecha.
Y entre los hechos más graves se registra, el 31 de julio del 2020 el ataque incendiario a la Catedral de Managua donde fue incinerada la imagen de la sangre de Cristo, una reliquia con casi 400 años de antigüedad y símbolo de la fe católica nicaragüense.
«Este hecho fue considerado como un atentado ya que testigos, entre ellos la secretaria de la catedral, mencionaron que un hombre con un artefacto explosivo realizó el hecho», menciona el resumen.
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Asimismo, durante esta etapa se conoció de los primeros tres sacerdotes que se vieron obligados a marcharse al exilio por la represión sandinista: Juan de Dios García, de la iglesia de San Marcos, Carazo; Carlos Abea Balmaceda, de la Iglesia San Martín de Porres, en Nueva Guinea; y César Augusto Gutiérrez, de la iglesia de San Sebastián, en el barrio de Monimbó, de Masaya.
Tercera etapa: Se caracterizó por la ruptura de relaciones diplomáticas con la Iglesia católica. La dictadura expulsó al nuncio apostólico, monseñor Waldemar Stanislaw Sommertag, en marzo de 2022. La santa Sede se mostró sorprendida ante el echo.
«La Santa Sede ha recibido con sorpresa y dolor la comunicación de que el gobierno de Nicaragua ha decidido retirar el beneplácito a su excelencia monseñor Waldemar Stanislaw Sommertag, nuncio apostólico en Managua desde el 2018, imponiéndose que dejara inmediatamente el país después de notificar».
«Este comportamiento evidencia el desprecio del régimen Ortega-Murillo, no solo hacia la iglesia católica como institución religiosa, sino hacia la diplomacia o política exterior», señala el organismo defensor.
Durante la tercera etapa de la represión contra la fe en Nicaragua se dio un aumento en el cierre de medios de comunicación ligados a las iglesias católica y evangélica, universidades y asociaciones humanitarias ligadas al catolicismo, la expulsión de personas religiosas y o integrantes de la Iglesia católica. Además se da la prohibición de ingreso al país, retención o despojo de pasaportes de personas religiosas. Es la mayor escalada represiva.
La dictadura aumentó la privación de libertad, judicialización y condena de sacerdotes como método de persecución religiosa. «Los religiosos se convirtieron en personas presas políticas, a quienes se les violentaron sus derechos a la libertad individual, integridad personal, derecho al debido proceso, garantías judiciales y protección estatal. Se realizaron audiencias, juicios y sentencias sin argumentación jurídica fiable, condenas desproporcionadas, así como indebido tratamiento penitenciario y policial hacia los sacerdotes».
«Debido a la represión y a los actos de persecución, vigilancia y espionaje hacia la Iglesia en Nicaragua se dio un incremento significativo en el desplazamiento forzado o exilio de integrantes de la Iglesia católica».
Cuarta etapa: Se da el inicio a las mayores acciones represivas nunca antes vistas en Nicaragua. Durante esta última, dice el informe, se configuraron graves violaciones a los derechos y libertades fundamentales de sacerdotes, personas religiosas, feligreses y laicos, incluyendo el despojo arbitrario de la nacionalidad a sacerdotes y personas integrantes de la Iglesia católica.
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«Entre 2023 y 2024 los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo impusieron un esquema de destierro y expulsión a personas religiosas, no obstante, el detonante de esta fase se encuentra en el retiro del beneplácito y por ende la expulsión de Monseñor Waldemar Stanislaw Sommertag, en marzo de 2022», detalla el resumen.
Esta escalada represiva dio paso a «una política de expulsión y destierro» que sería acompañada de una mayor estigmatización reforzada con el informe final sobre las consultas realizadas por la Comisión de Justicia y Paz y la Comisión de Gobernación de la Asamblea Nacional en el que la dictadura, para justificar sus ataques contra las instituciones religiosas hizo plasmar que superpuestamente la población aprobaba «judicializar a religiosos, quienes se involucraron en la aventura golpista como dirigentes».
El Colectivo Nicaragua Nunca Más, en su informe, señala que la estrategia del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo es «el control total de todos los espacios de la vida, incluyendo la conciencia de las personas. La propuesta es el control de todo, siendo uno de los últimos reductos la iglesia, para ello, el régimen utiliza toda su violencia mediante sus instituciones; la mentira y la manipulación. Desde esta lógica lo que no puede ser controlado será cerrado y en últimas instancias aniquilado».
Añade que los datos documentados en el resumen confirman que «la sistemática persecución y comisión de crímenes de lesa humanidad que persiste en Nicaragua desde hace más de seis años, no cesa, por el contrario se ha perfeccionado con una estrategia dirigida a provocar más y severos daños mediante una política y práctica de terror de Estado dirigida con la finalidad de evitar cualquier expresión considerada contraria al afán del poder concentrado por la familia Ortega-Murillo».
