Juegos de poder
Quisiera concentrarme hoy en una de las órdenes ejecutivas más escandalosas que firmó Donald Trump en su primer día como Presidente porque demuestra la decadencia política que se está viviendo en el vecino del norte.
Me refiero a la proclamación “Concesión de perdones y conmutación de sentencias por ciertos delitos relacionados con los eventos cerca o en el Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021”.
Ese día fue uno de los más tristes en la larga historia democrática americana. El Congreso estaba por calificar la elección de 2020 y declarar ganador a Joe Biden. El todavía presidente Trump alegaba que los resultados electorales habían sido fraudulentos. Convocó el 6 de enero a su fanaticada a manifestarse en contra de la proclamación de Biden como siguiente presidente.
Después de escuchar a Trump, una turba se trasladó al Capitolio para tomarlo y evitar que el Congreso sesionara y formalizara el triunfo de Biden. Sin exagerar, se trató de un intento de golpe de Estado.
Las escenas le dieron la vuelta al mundo. La violencia campeó ese día. Cinco muertos y decenas de heridos, incluyendo 174 agentes de la policía.
Los congresistas tuvieron que esconderse de los subversivos. Al vicepresidente Mike Pence, en su calidad de presidente del Senado, le tocaba proclamar la victoria de Biden. Los trumpistas lo estaban buscando para matarlo por traidor.
Muchos alborotadores iban armados. Saquearon y destruyeron oficinas legislativas. Algunos de los rebeldes eran miembros de dos grupos de milicias: los Proud Boys y los Oath Keepers.
Un comité bipartidista de la Cámara de Representantes investigó el asunto y encontró que “el ataque fue la culminación de un plan de siete partes de Trump para anular las elecciones”. A Trump lo acusaron de incitar a la insurrección y la Cámara baja solicitó su juicio político en el Senado. En esa cámara, no se consiguió la mayoría calificada de dos terceras partes para condenarlo.
Ya con Biden como presidente, el Departamento de Justicia investigó y persiguió judicialmente a los responsables de una de las insurrecciones más peligrosas para la democracia americana. Se trató de una de las mayores pesquisas en la procuración de justicia de ese país.
La autoridad acusó a más de mil 400 personas relacionadas con el evento: “Mil diez se declararon culpables y mil 60 fueron sentenciadas, 64% de las cuales recibió una pena de cárcel”.
Un fiscal especial indició a Trump de cuatro cargos relacionados con el ataque del Capitolio. Sin embargo, después de la elección de noviembre del año pasado, al ganar de nuevo la Presidencia, los cargos fueron escandalosamente sobreseídos.
Por su participación en tan vergonzoso ataque, en donde demostró ser un actor desleal para la democracia, Trump debió haber sido perseguido y sentenciado. En sentido estricto, debió haberse prohibido su participación como candidato presidencial.
Para Trump, el hecho quedó impune. Quedaban pendientes todos los que participaron en el ataque que seguían en proceso judicial o ya habían sido sentenciado y encarcelados.
Día uno de Trump 2.0 y viene el perdón presidencial.
“Esta proclamación pone fin a una grave injusticia nacional que se ha perpetrado contra el pueblo estadunidense durante los últimos cuatro años y comienza un proceso de reconciliación nacional”, argumenta mentirosamente el nuevo presidente.
Se trata de una pésima señal para la democracia. Se legitima que un pequeño grupo de personas violentas y armadas ataquen a uno de los poderes soberanos del Estado, en este caso el Legislativo, si les disgusta una de sus decisiones.
La democracia requiere de actores leales a sus instituciones, no populistas como Trump que las utilizan cuando les conviene y, cuando no, las censuran y hasta atacan.
Hoy, con el perdón de Trump, se valida la tesis que le robaron las elecciones en 2020, cuando no existe prueba alguna de que así fuera. Y se legitima la rebelión violenta de una minoría en contra de la voluntad de la mayoría.
Eso, para mí, es signo de la decadencia de la democracia estadunidense.
Y no puedo irme sin criticar, también, los indultos preventivos que otorgó Biden antes de dejar el poder a miembros de su propia familia quienes no podrán ser procesados judicialmente en el futuro. Se argumenta que es para protegerlos de una posible venganza de Trump. La óptica, sin embargo, es igual a la de Trump: la justicia no importa, lo relevante es ser cercano de los políticos quienes tienen el poder de decidir a quién sí y a quién no se le persigue y castiga por violar la ley.
Así la decadencia política en Estados Unidos.
X: @leozuckermann
