La detención del alcalde de Estambul, Ekrem İmamoglu, el pasado 19 de marzo, intensificó el debate sobre el estado de la democracia en Turquía. Este episodio puede interpretarse como un posible punto de inflexión en el progresivo desmantelamiento de los pilares laicos y democráticos del país.
Desde su fundación en 1923, la República de Turquía se estableció como un estado laico bajo el liderazgo de Mustafa Kemal Ataturk.
El laicismo fue concebido como una condición esencial para el desarrollo moderno, desvinculando las estructuras del poder estatal de las autoridades religiosas.
Sin embargo, estudios recientes han documentado un debilitamiento sistemático de esta separación desde la llegada al poder del Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP) en 2002.
La incidencia del islam
La investigadora Jenny White, especialista en política turca, analizó cómo el islam ha pasado de ocupar un espacio privado a convertirse en una herramienta de legitimidad política bajo el gobierno del AKP. En Muslim Nationalism and the New Turks (Nacionalismo musulmán y los nuevos turcos), White explora cómo el AKP ha promovido una identidad nacional-religiosa como alternativa al secularismo republicano tradicional.
Esta transformación del laicismo en Turquía también fue acompañada de un rediseño de la identidad nacional. Según un estudio del Think Tank Brookings Institution, el gobierno de Recep Tayyip Erdogan ha promovido una visión más religiosa y conservadora de lo que significa ser turco, debilitando los pilares republicanos fundados hace un siglo.
El islam, en lugar de ocupar un espacio privado o espiritual, se ha integrado cada vez más en la narrativa oficial del Estado, utilizándose como herramienta de cohesión política y legitimidad moral.
Esta redefinición ha tenido consecuencias claras: se ha reducido el margen para la disidencia, se han limitado las libertades individuales, y se ha condicionado la pertenencia cívica a criterios culturales y religiosos que excluyen a una parte importante de la sociedad.
Ascenso del autoritarismo competitivo
Autores como Steven Levitsky y Lucan Way conceptualizaron el “autoritarismo competitivo” como un régimen en el que las instituciones democráticas existen formalmente, pero son vaciadas de contenido por el control hegemónico del Poder Ejecutivo.
En el caso turco, se documentaron prácticas, como la cooptación del poder judicial, el control de los medios de comunicación y la inhabilitación de candidaturas opositoras, que contribuyen a una competencia electoral desigual.
La detención de İmamoglu bajo cargos de corrupción y supuestos vínculos con el terrorismo encaja dentro de este patrón. Su figura había emergido como un desafiante viable a la hegemonía del AKP tras ganar la alcaldía de Estambul en 2019 y, de nuevo, en 2024, una ciudad con alto valor simbólico y político.
Diversos analistas internacionales interpretaron su detención como una maniobra para excluirlo del juego electoral.
Instrumentalización del aparato judicial
El uso de procesos judiciales como herramienta de exclusión política ha sido una técnica recurrente en Turquía en los últimos años. Según el informe anual de Freedom House (2024), Turquía se clasifica como “no libre”, con puntuaciones decrecientes en independencia judicial y libertades civiles.
La detención de más de mil personas, incluyendo periodistas y manifestantes tras el arresto de İmamoglu, ha sido denunciada por organizaciones como Human Rights Watch y Reporteros Sin Fronteras.
En este contexto, el uso del derecho se transforma en una herramienta de control, lo que Guillermo O’Donnell denominó “legalismo autoritario”: un uso selectivo de la legalidad para mantener las formas institucionales mientras se elimina el contenido democrático.
Instituciones, equilibrio de poder y trayectorias autoritarias
El economista y premio nobel Daron Acemoglu, de origen turco, argumentó ampliamente que el declive de las democracias está directamente vinculado a la debilidad de las instituciones y la falta de frenos al Poder Ejecutivo.
En Por qué fracasan los países, sostiene que las instituciones incluyentes son claves para el desarrollo y la estabilidad, mientras que aquellas capturadas por élites extractivas tienden a derivar en regímenes autoritarios o ineficientes.
La situación actual en Turquía, donde el control del Poder Judicial, los medios y el sistema electoral ha sido centralizado progresivamente por el Ejecutivo, ilustra con precisión las consecuencias de esta captura institucional.
Una deriva con implicaciones internacionales
Turquía representa un caso de estudio clave para entender las transformaciones de los regímenes democráticos en el siglo 21. Steven Levitsky y Daniel Ziblatt advirtieron en Cómo mueren las democracias que el colapso de las democracias contemporáneas no suele producirse mediante golpes de Estado, sino por una degradación progresiva de los pesos y los contrapesos institucionales desde dentro del sistema.
El caso turco evidencia cómo el debilitamiento del laicismo, la concentración del poder y la criminalización de la oposición se articulan en un modelo político que aún conserva la fachada democrática. Esta “normalización” de la autocratización debe ser leída como una advertencia para otras democracias en riesgo.
La detención de Ekrem İmamoglu es un episodio clave dentro de un proceso estructural de transformación del sistema político turco.
A través del prisma de teorías sobre autoritarismo competitivo, regresión democrática y laicismo político, se comprende que no se trata de una coyuntura aislada, sino de una deriva ideológica profunda que pone en riesgo la esencia de la república moderna, fundada hace más de un siglo.
* Profesora adjunta de Globalización, Negocios y Medios, IE University (España)
