La Corte Suprema se posicionó este miércoles del lado del gobierno del presidente Joe Biden en una disputa con los estados gobernados por republicanos sobre hasta dónde puede llegar la administración federal para combatir la desinformación en las redes sociales sobre temas como el covid-19 y la seguridad electoral.
Por una votación de 6 a 3, los jueces desestimaron los fallos de tribunales inferiores que favorecían a Louisiana, Missouri y otros al considerar que los funcionarios de la administración demócrata se apoyaron en las plataformas de redes sociales para, supuestamente de modo inconstitucional, censurar la difusión los puntos de vista conservadores.
La jueza Amy Coney Barrett (conservadora) escribió la opinión mayoritaria en la que la corte señala que los estados no tenían el derecho legal ni la legitimación para demandar. Los jueces Samuel Alito, Neil Gorsuch y Clarence Thomas (todos de línea conservadora) discreparon.
El juez Alito se pronuncia en contra del caso diciendo que las acciones del gobierno eran “manifiestamente inconstitucionales” y “peligrosas” porque eran “más sutiles” que otros ejemplos de coerción gubernamental. Barrett concluyó que ninguno de los demandantes tiene legitimidad para demandar.
Las redes sociales en el centro de muchos casos en la Corte Suprema
El caso es uno de los varios que la Corte Suprema había tomado en este periodo sobre redes sociales y libertad de expresión.
En febrero, el Máximo Tribunal escuchó argumentos sobre leyes aprobadas por los republicanos en Florida y Texas que prohíben a las grandes empresas de redes sociales eliminar publicaciones debido a las opiniones que expresan. En marzo, el tribunal estableció normas sobre cuándo los funcionarios públicos pueden bloquear a sus seguidores en las redes sociales.
Los casos sobre leyes estatales, además del que se decidió este miércoles, son variaciones sobre el mismo tema: quejas de que las plataformas están censurando puntos de vista conservadores.
Los estados habían argumentado que el personal de comunicaciones de la Casa Blanca, el director general de servicios de salud, el FBI y la agencia de ciberseguridad de Estados Unidos se encuentran entre quienes aplicaron una “presión implacable” para obligar a cambiar el contenido en las plataformas de redes sociales.
Pero los jueces se mostraron ampliamente escépticos ante esas afirmaciones durante los argumentos escuchados en marzo sobre el caso y varios temieron que las interacciones comunes entre los funcionarios del gobierno y las plataformas pudieran verse afectadas por un fallo a favor de los estados.
La administración Biden subrayó esas preocupaciones cuando señaló que el gobierno perdería su capacidad de comunicarse con las empresas de redes sociales sobre publicaciones antisemitas y antimusulmanas, así como sobre cuestiones de seguridad nacional, salud pública e integridad electoral.
Los defensores de la libertad de expresión, contemplada en la Constitución, habían instado a la Corte Suprema a utilizar el caso para trazar una línea entre el uso aceptable de la presión por parte del gobierno y las amenazas coercitivas a la libertad de expresión.
Un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos, con sede en Nueva Orleans, había dictaminado anteriormente que la administración Biden probablemente había ejercido una presión inconstitucional sobre las plataformas de medios.
El panel de apelaciones dijo que los funcionarios no pueden intentar “coaccionar o alentar significativamente” cambios en el contenido en línea. El panel había limitado una orden más amplia de un juez federal, que quería incluir a más funcionarios del gobierno y prohibir el mero estímulo de cambios de contenido.
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