El gobierno del presidente Joe Biden está considerando amparar de la deportación a poco más de un millón de cónyuges indocumentados de ciudadanos estadounidenses, revela un nuevo informe publicado por el diario The New York Times.
No es la primera vez que la prensa cita a fuentes de la Casa Blanca con respecto a esta posible iniciativa. En abril, The Wall Street Journal reseñó un reporte de la agencia Reuters donde dijo que el gobierno, ante presiones de organizaciones que defienden los derechos de inmigrantes, estudiaba propuestas y opciones para otorgar autorizaciones de empleo a este grupo específico de extranjeros sin estatus legal de permanencia en Estados Unidos.
Ambos reportes señalan que la idea viene siendo manejada desde el verano pasado y que ahora ha cobrado fuerza para contrarrestar los efectos negativos del cambio de postura de Biden en materia migratoria, sobre todo luego de emitir la semana pasada la orden ejecutiva que restringe severamente el asilo en la frontera con México a extranjeros que cruzan ilegalmente entre puertos fronterizos.
El amparo sería similar al otorgado a los cerca de 560,000 dreamers protegidos por DACA y a titulares del programa Estatus de Protección Temporal (TPS), quienes cada dos años, en el caso de los primeros, y cada 18 meses el resto, renuevan sus amparos de deportación y sus autorizaciones de empleo ante la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración.
Organizaciones presionan a Biden
La petición de amparo a los cónyuges indocumentados de ciudadanos estadounidenses es parte de la lista de beneficios que más de 100 organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes, junto con congresistas demócratas, ejercen desde febrero sobre la Casa Blanca para que Biden use su poder ejecutivo en respuesta a la inacción del Congreso en materia migratoria.
En febrero, durante el debate sobre el presupuesto, el Senado rechazó un plan bipartidista de $14,000 millones que iban a ser destinados a la contratación de unos 2,400 agentes fronterizos, 4,300 agentes de asilo y la creación de 100 tribunales de inmigración, todo ello para descongestionar la frontera, según un plan de la Casa Blanca.
En mayo un segundo intento volvió a ser rechazado por los republicanos, quienes alegan que la crisis en la frontera es consecuencia de la política migratoria de Biden luego de desarmar la ‘tolerancia cero’ del expresidente Donald Trump. Biden, por su parte, acusa a Trump de presionar a los republicanos para no hacer nada en la frontera y justificar su discurso de campaña.
Biden argumentó la semana pasada que el rechazo del legislativo al plan de financiamiento de emergencia en la frontera fue el detonante de la orden ejecutiva, pero reiteró que el Congreso todavía está a tiempo de reanudar el debate, aprobar los $14,000 millones y aumentar la capacidad de gestión del gobierno para atender la crisis en la frontera en el marco del debido proceso.
El parole que reclaman los esposos
Organizada por más de un centenar de organizaciones locales y nacionales, la estrategia está enfocada, además, en pedir a la Casa Blanca que conceda permisos de trabajo a cientos de miles de inmigrantes indocumentados que llevan tiempo en Estados Unidos, pagan impuestos y carecen de antecedentes criminales.
El martes de la semana pasada Biden emitió una orden ejecutiva que restringe el asilo a extranjeros que cruzan entre puertos fronterizos y no tienen una causa legal para permanecer en Estados Unidos.
La medida entra en vigor cuando las detenciones en la frontera superan el umbral de 2,500 detenciones diarias durante una semana y se desactiva cuando bajan de las 1,500. La restricción entró en vigor en los primeros minutos del miércoles.
La orden ha sido fuertemente criticada por las organizaciones de inmigrantes, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y congresistas demócratas. ACLU advirtió el martes que demandará la acción ejecutiva de Biden en los tribunales de justicia.
Durante una entrevista en el programa ‘The Week’ de la cadena ABC el domingo, el secretario del DHS, Alejandro Mayorkas, dijo que el país necesita la acción del Congreso e indicó que no está de acuerdo con la ACLU y anticipó que el grupo de derechos civiles “demandará” la acción ejecutiva migratoria del presidente.
