“Mi nombre es Josh Paul”. Así comienza una carta que hoy guardan los responsables internacionales del Tratado de Comercio de Armas (TCA) y que mañana podría convertirse en una nueva prueba de la inestimable colaboración del Gobierno de EEUU con el genocidio perpetrado por Israel en la Franja de Gaza.
Paul tenía, como se suele decir, “la vida arreglada”. Este funcionario de la Administración estadounidense gozaba de un buen puesto en la Oficina Político Militar del Departamento de Estado, definida por otros funcionarios que pasaron por allí como un “pequeño Pentágono y CIA”.
En octubre de 2023, cuando las tropas israelíes comenzaban a arrasar la Franja de Gaza, Paul presentó su dimisión como encargado de asuntos parlamentarios en esa oficina. Pese a todas las comodidades derivadas de su puesto, consideró que no debía ser cómplice de la política seguida por el Gobierno de Joe Biden en Gaza.
El exfuncionario del Departamento de Estado llevó sus denuncias hasta el TCA, un acuerdo internacional suscrito por EEUU en 2013 y que el Senado de ese país nunca ratificó. El tratado establece que sus firmantes no autorizarán “ninguna transferencia de armas convencionales” a aquellos países donde “podrían utilizarse para cometer genocidio”.
Según ha podido verificar Público, Paul remitió su carta al Subgrupo de trabajo sobre cuestiones de aplicación actuales y emergentes del TCA en vísperas de la Conferencia Internacional de Estados Parte que tuvo lugar en agosto pasado en Ginebra.
En el documento al que ha tenido acceso este periódico, el exfuncionario señala que “Estados Unidos es, con diferencia, el principal proveedor de armas a Israel, al que suministra, mediante subvenciones y ventas y a través de canales tanto comerciales como de gobierno a gobierno, armas por valor de muchos miles de millones de dólares“, incluyendo material letal que “se ha utilizado en la actual guerra israelí contra Gaza”.
Según datos del Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz (SIPRI, por sus siglas en inglés), el 69% de las importaciones de armas de Israel en 2023 procedían de Estados Unidos.
Los ataques ordenados por el Gobierno de Netanyahu acumulan ya más de 42.000 asesinados
Por su parte, Amnistía Internacional ha identificado el uso en Gaza de municiones —incluidas municiones de ataque directo conjunto—, bombas GBU-39 de pequeño diámetro y componentes de fabricación estadounidense por parte de las fuerzas israelíes. Los ataques ordenados por el Gobierno de Benjamín Netanyahu acumulan ya más de 42.000 asesinados, la mayoría mujeres y niños. En Líbano suma otros 2.000 muertos.
Bombardeos indiscriminados
El exmiembro de la Administración Biden señaló al TCA que la Casa Blanca “tiene conocimiento real de que estas armas están siendo utilizadas para cometer violaciones de los derechos humanos” tanto en Cisjordania como en Gaza, donde “se han utilizado para llevar a cabo ejecuciones extrajudiciales”.
Aseguró además que EEUU había enviado a Israel “municiones aire-tierra, proyectiles de artillería y proyectiles de tanques, que se han utilizado, en palabras del presidente Biden, para llevar a cabo bombardeos indiscriminados“.
Paul remarcó que sabía perfectamente de lo que hablaba. “Puedo decir con seguridad que Estados Unidos tiene conocimiento real de que sus armas se utilizarán para cometer tales violaciones, ya que he formado parte de los debates internos del Gobierno estadounidense durante muchos años, y yo mismo planteé estas preocupaciones específicas tras el inicio del ataque de Israel contra Gaza antes de mi dimisión” en octubre de 2023, señaló Paul.
El exfuncionario del Departamento de Estado denunció que Estados Unidos está violando sus propias políticas y leyes, incluida la política de transferencia de armas convencionales que el propio Paul ayudó a redactar y que “se basó intencionadamente en el Tratado sobre el Comercio de Armas, que prohíbe expresamente la transferencia de armas cuando es más probable que se utilicen para cometer determinadas violaciones de los derechos humanos”.
Paul instó al Gobierno de EEUU a que “asuma sus responsabilidades como signatario del Tratado sobre Comercio de Armas, a la espera de su ratificación”, para que “no socave los objetivos” de ese acuerdo internacional y, por tanto, “suspenda las transferencias de armas letales a Israel que puedan ser utilizadas por este país en los territorios palestinos ocupados”.
