Durante décadas, la agencia tributaria estadounidense (el IRS, por sus siglas en inglés) ha mantenido confidenciales los datos de los contribuyentes y cerrado el acceso de estos a las autoridades de inmigración. Este muro de privacidad, que ha permitido a los inmigrantes indocumentados contribuir a la economía estadounidense con sus impuestos —hasta 89.900 millones de dólares solo en 2023 entre estatales y federales—, está cuestionado por la Administración de Donald Trump. Según reveló The Washington Post, el IRS está terminando de negociar un acuerdo que permitiría al personal del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) usar datos fiscales para confirmar nombres y direcciones de personas indocumentadas que ya tengan orden de dejar el país.
Este acuerdo cerraría semanas de negociaciones en este sentido a pesar de que la información fiscal está protegida por reglas de confidencialidad y solo puede ser compartida con agentes de la ley en muy contadas situaciones y con garantías que incluyen una orden judicial, según la sección 6103 del Código de Rentas Internas estadounidense. Es algo que además coincide con la temporada de presentación de impuestos que finaliza el 15 de abril, lo que añade incertidumbre a muchos contribuyentes.
Hacer pública o compartir esta información ilegalmente es un delito. Si el acuerdo se cierra, sería la primera vez que se usen las bases de datos fiscales por parte de las autoridades de inmigración y además de forma masiva, no individualmente, como se ha hecho hasta ahora normalmente en casos de carácter criminal. Se abren así los límites de una regulación protectora de la privacidad, lo que deja encima de la mesa un problemático precedente.
Los inmigrantes indocumentados tienen que pagar impuestos a pesar de su estatus migratorio, según las regulaciones fiscales de Estados Unidos. Como carecen de número de Seguro Social, el IRS emite un número de identificación fiscal, el ITIN, que sirve para presentar las declaraciones de ingresos ante las autoridades con la particularidad de que no pueden acogerse a todas las deducciones o reembolsos ni tampoco pueden beneficiarse de algunos servicios que pagan con sus impuestos. Se estima que más de la mitad de los casi 11,8 millones de indocumentados que hay en el país pagan impuestos.
Apenas el 19 de marzo, una jueza del distrito de Washington rechazó la petición de dos grupos de defensa de derechos de inmigrantes que presentaron una acción judicial para bloquear un acuerdo entre el IRS y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), cuya legalidad aún tiene que ser argumentada. La acción se instó por parte del Centro de Trabajadores Unidos y la organización Immigrant Solidarity DuPage tras reportes iniciales de un posible acercamiento entre el DHS y el IRS. La representación de estos grupos por parte de Public Citizen Litigation Group, Alan Morrison y Raise the Floor Alliance explicó que se necesitaba este bloqueo para prevenir un daño irreparable, en el caso de que los oficiales de inmigración obtuvieran ilegalmente esas informaciones para arrestar y deportar a trabajadores indocumentados y sus familias.
Nandan Joshi, abogado de Public Citizen Litigation Group, explicaba que como respuesta al abuso presidencial de información fiscal, “el Congreso escribió una ley que trata a todos los informes fiscales de todos los contribuyentes como confidenciales, independientemente del estatus migratorio” de cada uno. Según Joshi, una orden de bloqueo temporal “aseguraría la confidencialidad y que la información fiscal no termine en manos equivocadas” mientras el caso se mueve por los tribunales.
Finalmente, la jueza Dabney Friedrich dijo que no se había demostrado lo suficiente que el IRS estuviera a punto de compartir esta información con el DHS.
En el escrito ante la jueza se recuerda que la Administración ha caracterizado a todas las personas no autorizadas a estar en Estados Unidos como criminales, algo que es incorrecto. Aunque la jueza haya dado a entender que una acción de este calado es muy preliminar y de hecho aún hoy no se conoce el detalle del acuerdo, se teme que una vez que se cierre pueda ser muy tarde. Desde un punto de vista jurídico, un acuerdo como este, que tenga implicaciones para datos que afecten a un conjunto de personas que pueden ser cientos de miles, debería requerir una acción del Congreso.
La situación creada con los datos protegidos llega cuando también The Washington Post ha reportado que el IRS espera que los ingresos por impuestos caigan más de un 10% debido a los recortes dentro de la agencia por parte de la Administración, entre otras razones.
