El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, lanzó este miércoles una política que tiene como objetivo otorgarle la ciudadanía a más de medio millón de inmigrantes indocumentados que viven en Estados Unidos. Esta medida ha generado fuertes críticas por parte de expertos en inmigración, quienes advierten sobre posibles consecuencias negativas, incluyendo un aumento en el fraude matrimonial.
Thomas Homan, el exdirector interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE, por sus siglas en inglés) bajo la administración de Donald Trump, ha sido uno de los críticos más voraces. En una de sus últimas apariciones en los medios, advirtió que esta medida podría fomentar el fraude matrimonial, ya que los inmigrantes podrían simular casarse con ciudadanos estadounidenses para evitar la deportación.
“Esta administración no ha hecho nada para asegurar la frontera. Están haciendo un juego de apuestas”, dijo Homan en diálogo con Fox News. Asimismo, consideró que “esto es solo otro incentivo para que más inmigrantes ilegales crucen la frontera con la esperanza de aprovecharse de un programa de amnistía”.
En este sentido, el exfuncionario argumentó que esta política también podría permitir que los migrantes permanezcan en ese país mientras esperan que se implementen nuevas medidas en el futuro. “Un número récord de migrantes ha muerto, un número récord de ciudadanos estadounidenses ha muerto y un número récord de terroristas ha cruzado la frontera. ¿Y cuál es el enfoque de esta administración? Crear otro programa de amnistía, lo que solo atraerá a más personas”, enfatizó.
En esa misma línea, el exfuncionario sostuvo que, en caso de ganar las elecciones presidenciales de noviembre, Trump ayudaría a impulsar la creación de un “programa de deportación histórico”. Así lo adelantó el propio precandidato presidencial republicano, que afirmó que planea utilizar a las fuerzas de seguridad locales para cumplir ese objetivo. “No tenemos elección”, planteó el exmandatario.
Por su parte, Joe Edlow, exdirector interino del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés), también expresó ante ese medio su preocupación por la inminente medida al argumentar que las estimaciones del gobierno sobre el número de personas que podrían beneficiarse del programa son probablemente conservadoras y que la cifra real podría ser mucho mayor. “Desde mi perspectiva, no hay ninguna cantidad de amnistía que apoyaría o aceptaría. Si seguimos permitiendo que las personas violen flagrantemente las leyes de inmigración, no habrá integridad en el sistema”, completó
El “parole-in-place” es un mecanismo que se originó a partir de un memorando del expresidente Bill Clinton en 1998 y “permite a un ciudadano extranjero que ingresó a los Estados Unidos sin autorización de un oficial de inmigración quedarse por un cierto período de tiempo”, según explica el Uscis. Desde 2016, esta política se ha utilizado para proteger de la deportación a los familiares inmediatos de miembros del servicio militar estadounidense.
La nueva orden ejecutiva de Biden busca ampliar esta categoría para incluir a los cónyuges de ciudadanos estadounidenses que están en ese país de manera ilegal. Según estimaciones oficiales, podrían verse beneficiados a más de medio millón de inmigrantes, que recibirían una protección temporal contra la deportación y la posibilidad de solicitar permisos de trabajo. Sobre ese número, el Dr. Kevin Roberts, presidente de la Fundación Heritage, consideró que “la administración de Biden está esencialmente agregando la población de un estado entero a la nación”.
Para calificar, los cónyuges deberían contar con al menos 10 años de residencia en el país norteamericano, tener un matrimonio legalmente válido con un ciudadano estadounidense y mantener un historial criminal limpio. Sin embargo, algunos expertos consideran que estas condiciones no son suficientes para prevenir abusos del sistema.
LA NACION
