Un reciente estudio de OpenTheBooks cifró el costo millonario de las subvenciones públicas para estudiar la llamada desinformación: al menos 267 millones de dólares desde 2021. En concreto, explica, a estudiar o monitorear cómo se difundía y de qué manera convencer al público para que escuche voces oficiales. Gran parte del dinero, unos 127 millones de dólares, fue destinado a proyectos vinculados al covid-19.
Aunque las ayudas con aquel fin comenzaron antes de que Biden asumiera, “hubo una explosión de efectivo durante los años de malestar del Covid”. El aumento entre 2020 y 2021 es notable: de 2,2 millones a 126 millones de dólares.
Desde entonces, aclara OpenTheBooks, este gasto se ha ido reduciendo año a año, llegando a unos 18,3 millones en 2024. Sin embargo, este número está muy por encima de los cuatro años anteriores en los que no se superaron los 3 millones por año.
Otro cambio notable de 2020 fue que a partir de entonces los contratos se destinaron cada vez más a “vigilar o eliminar la supuesta desinformación en su origen”, como los $299.964 otorgados a Gryphon Scientific para la “comprensión sistemática” y la “eliminación de la desinformación en línea”.
Principales beneficiados
El Departamento de Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) fue la agencia que más gastó en estos estudios, destinándoles más de 185 millones de dólares. Le siguen la Fundación Nacional de Ciencias (65 millones), el Departamento de Estado (12 millones) y el Departamento de Defensa (2 millones).
Por el lado de los receptores se encuentran, además de las empresas de monitoreo en directo, ONG y universidades. De estas últimas, la más beneficiada habría sido la Universidad Municipal de Nueva York con más de 3 millones de dólares. Completan el podio de las primeras 5 la Universidad de Wake Forest (2,8 millones), la Universidad de Michigan (2,7 millones), la Universidad de Pensilvania (2,3 millones) y la Universidad de Texas en Houston (2,1 millones).
De las palabras a la acción
“Aunque gran parte de esta investigación es académica, a menudo pretende sentar las bases de intervenciones públicas”, explican desde el grupo de monitoreo del Estado. La investigación se suma así a la serie de revelaciones sobre la ambición y acción del Gobierno de Biden por controlar el discurso público, iniciadas con los Archivos de Twitter.
El propio Mark Zuckerberg, CEO de Meta, confesó haber “cedido” a presiones de la Administración para censurar discursos sobre el Covid-19 y la laptop de Hunter Biden. Aunque la Corte Suprema falló a principios de año que estas actividades no violaban la Primera Enmienda, cada vez son más las voces críticas con estas prácticas, lideradas por los republicanos del Comité Judicial de la Cámara de Representantes.
Aquel comité ha publicado una serie de reportes que, sirviéndose de correos internos de las empresas recabados mediante citaciones, revelan cómo funcionaba el aparato de presión. Estos detallan una campaña de coacción demócrata que, tras meses de presión, habría derivado en cambios de las políticas de moderación de contenidos. En efecto, censurando libros, videos y publicaciones.
Las prohibiciones no se produjeron solamente en Twitter o Facebook, sino también en Google y Amazon. Este último, por ejemplo, creó a pedido de la Administración una lista de libros a No Promover (llamada literalmente Do Not Promote) e incluyó más de 40 libros vinculados a la temática de las vacunas sin siquiera notificar a sus autores. “Es una violación escandalosa de nuestros derechos en la Primera Enmienda”, dijo a VOZ una editora de dos libros en la lista negra.
$200.000 dólares para ‘estudiar’ a Trump
OpenTheBooks destaca un caso especialmente “desvergonzado”: $199.516 para una investigación “dirigida contra el expresidente Donald Trump“.
La receptora de los fondos, la Universidad George Washington, incluyó al primer mandato de Trump en una lista de gobiernos “populistas” que impedían a la sociedad unirse en “solidaridad” durante la pandemia, según explicó la ONG.
Además, los investigadores aclararon quién debe tener la voz de mando durante las crisis sanitarias: “Los funcionarios públicos debían tener la ‘voz principal’ en materia de orientación sanitaria la próxima vez”.
