“Tenemos que discutir mi propuesta de separación”, escribía Tom Homan en un correo electrónico en agosto de 2017. El entonces responsable del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) se refería a la política de separación de familias de inmigrantes implementada en la frontera durante el primer mandato de Donald Trump. Aunque no entró en vigor hasta 2018, miembros de la Administración republicana empezaron a impulsar la medida tan solo unas semanas después de que el magnate asumiera el cargo en enero de 2017. Ahora, Homan y otros dos propulsores de la normativa regresarán al segundo Gobierno de Trump, algo que ha hecho saltar las alertas de varias organizaciones pro migrantes, a las que se ha sumado Human Rights Watch.
En un informe de 135 páginas publicado este lunes, Human Rights Watch advierte contra la vuelta al poder de halcones contra la inmigración como Homan por el “trauma grave y duradero” que ya causaron durante el primer mandato de Trump mediante la llamada política de “tolerancia cero” que acabó separando a más de 4.600 niños migrantes de sus padres. Basándose en documentos públicos e internos de la Administración, procedimientos judiciales y conclusiones de investigaciones internas, la organización defensora de los derechos humanos rastrea el rol que desempeñó, entre otros, el futuro “zar de la frontera” de Trump en la aplicación de esta política, la cual muchos defensores de los inmigrantes temen que pueda repetirse en su segundo mandato.
“[Homan] ha estado defendiendo que tenemos que separar las unidades familiares”, escribía un funcionario en otro correo electrónico en agosto 2017 al que Human Rights Watch tuvo acceso. “Si anunciáramos eso, ¿qué tan mal crees que se pondría?”, preguntaba el oficial. Un año después se supo lo mal que se pondría: miles de niños fueron arrancados de sus familiares entre mayo y junio de 2018 después de que la Administración Trump implementara la política de “tolerancia cero” en la frontera con México, bajo la cual cualquier inmigrante irregular se procesaba como un delincuente y, por tanto, era separado de sus hijos para disuadir a otras familias de entrar ilegalmente en el país.
Sin ningún registro de las familias que separaba ni una estrategia para luego reunificarlas, los menores acabaron amontonados en centros de detención parecidos a cárceles o perreras sin acceso a servicios básicos, como duchas, camas o alimentos suficientes. Aunque Trump terminó firmando una orden ejecutiva para supuestamente aparcar la política en junio de 2018 después de que esta provocara la indignación del país, su Gobierno continuó separando a familias hasta que el republicano dejó el cargo, aunque a un ritmo mucho menor. En total, entre 2018 y 2021, más de 4.600 menores fueron separados de sus padres tras cruzar la frontera de forma irregular. A día de hoy, casi el 30% de ellos sigue en paradero desconocido.
Además de Homan, en el reporte elaborado junto al Texas Civil Rights Project y la Lowenstein International Human Rights Clinic de la Universidad de Yale, las organizaciones identifican a otros dos responsables de la separación de familias en la frontera que, aseguran, no deberían volver al poder: Matthew Whitaker y Stephen Miller. Según el informe, Whitaker —jefe de gabinete del entonces fiscal general Jeff Sessions entre 2017 y 2018 y luego fiscal general de Estados Unidos en funciones— mostró su apoyo a la política de separación de familias meses antes de que se implementara y participó en reuniones para aterrizar su aplicación. Hace unas semanas, Trump nombró a Whitaker embajador de Estados Unidos ante la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).
Y Miller, el entonces asesor principal de la Casa Blanca en materia de inmigración, impulsó la separación forzosa de familias desde principios de 2017, cuando la Administración comenzó a plantear la política, según el reporte. Un alto funcionario del Departamento de Seguridad Nacional, en una cita recogida en el informe, decía sobre Miller: “Nos dejó claro que si empiezas a tratar a los niños lo suficientemente mal, podrás convencer a otros padres para que dejen de intentar venir con los suyos”. Miller será a partir de enero el jefe adjunto de gabinete de la Casa Blanca de Trump.
“El Senado de Estados Unidos debe ejercer su autoridad de asesoramiento y consentimiento para rechazar a cualquier candidato del segundo Gobierno de Trump que haya participado previamente en la planificación o ejecución de la política de separación familiar”, denuncia Human Rights Watch en el reporte, que incluye como parte de su introducción una lista de 10 nombres de funcionarios gubernamentales que estuvieron detrás de la estrategia de “tolerancia cero”.
Aunque solo el nombramiento de Whitaker debe ser confirmado por el Senado, los autores del documento querían “llamar por su nombre a los responsables de la separación de familias, para que, aunque el Senado no tenga que confirmarlos, el público y otros políticos sepan de qué fueron responsables bajo la anterior Administración”, aseguró Danny Woodward, del Texas Civil Rights Project, al medio Border Report. “Y sepan en qué tipo de cosas podrían estar pensando de cara al futuro, y realmente intenten vigilarlo y asegurarse de que algo tan perjudicial como la separación familiar no vuelva a ocurrir”.
Trump no ha dicho si volverá a aplicar una política de separación de familias en la frontera, pero sí ha prometido que recuperará algunas medidas migratorias que implementó durante su primer mandato para llevar a cabo la deportación masiva de millones de personas que planea. Además, Homan continúa defendiendo la normativa de “tolerancia cero” y no descarta repetirla.
“Desapariciones forzadas” y “tortura”
Además de señalar a los culpables, Human Rights Watch también recopila decenas de testimonios recogidos en entrevistas con padres e hijos inmigrantes detenidos para retratar las desgarradoras consecuencias de la política de separación familiar. Un bebé separado de sus padres en su primer cumpleaños, un grupo de adolescentes turnándose para cuidar a una niña en pañales, un niño de 15 años “desesperado, desconsolado y preocupado” tras dos meses sin ver a su papá…
“La separación forzosa de los niños de sus familias causó daños graves y previsibles. Cuando los padres se dieron cuenta de que no iban a reunirse inmediatamente con sus hijos, se sintieron angustiados. Algunos niños sollozaban desconsoladamente. Muchos se sintieron abandonados. Casi todos estaban desconcertados, sobre todo porque los funcionarios de inmigración no les decían dónde estaban sus padres o les daban respuestas que resultaban ser mentiras”, los autores aseguran en el reporte. Como consecuencia, los menores “sufrían ansiedad, tenían pesadillas, retrocedían a etapas anteriores de su desarrollo o tenían dificultades para confiar en los demás y establecer vínculos afectivos. Algunos se enfurecían. Otros dejaron de hablar”.
El informe demuestra que el Gobierno se negó —en muchos casos, durante días o semanas— a revelar a sus progenitores las circunstancias y el paradero de los menores separados, lo que encaja con la definición de desaparición forzada, según denuncian los autores. “Las separaciones familiares forzosas también pueden haber dado lugar a tortura”, añaden los expertos.
Además, algunos de los padres entrevistados aseguran que las autoridades les indujeron a renunciar a sus derechos, incluido el de solicitar asilo, diciéndoles que era la única forma, o la más rápida, de reunirse con sus hijos. Otros relataron a Human Rights Watch que aceptaron ser deportados porque los funcionarios les dijeron que serían expulsados con sus hijos, aunque luego no fuera verdad.
“Es escalofriante ver, en documento tras documento, la crueldad calculada que entrañó la política de separación forzosa de familias”, señala en un comunicado Michael García Bochenek, asesor principal sobre derechos de la infancia de Human Rights Watch y autor del informe. “Un Gobierno nunca debería apuntar a los niños para enviar un mensaje a los padres”.
Las acciones que emprendió el Gobierno constituyen violaciones de los derechos humanos, según las organizaciones, por lo que el Departamento de Justicia “debe investigar y, en su caso, procesar a los artífices” de la política. “El pleno reconocimiento de las graves violaciones de derechos humanos inherentes a las separaciones forzosas de familias exige una rendición pública de cuentas, disculpas, indemnizaciones y otras medidas, incluidos posibles procesos penales por desaparición forzada o tortura, para garantizar que estos males no vuelvan a repetirse”, el informe concluye.
