Decir que la crisis de la vivienda es uno de los retos más importantes a los que se enfrentan las sociedades modernas es un tópico. Ya no es solo en la capital del capitalismo neoliberal global —es decir, Estados Unidos— donde podemos observar niveles crecientes de personas sin hogar y al borde de la pobreza, como sabemos por la película Nomadland. Es un panorama que vemos cada vez más en la Península Ibérica o en Europa en general. Esto fue especialmente evidente durante la pandemia del covid19, cuando los indicadores AROPE (relativos a la exclusión social o al riesgo de padecerla) se dispararon en varios países europeos. Por cierto, no hacen falta indicadores: basta con pasear por las calles de cualquier ciudad europea.
Es necesario mirar la crisis de la vivienda desde todos los ángulos e intentar responder a la pregunta clave de la izquierda: ¿qué hacer?. Uno de los elementos de la crisis, especialmente en Estados Unidos o en el llamado Sur global, es el racismo. Keeanga-Yamahtta Taylor, reconocida historiadora y activista, profesora de Estudios Afroamericanos en la Universidad de Princeton, comenta los orígenes y efectos de la discriminación racial y el poder de los movimientos antirracistas. En su opinión, las protestas de Black Lives Matter (BLM) no solo tenían que ver con cuestiones del sistema penitenciario o la presencia cultural, sino también con la discriminación económica de los afroamericanos.
No es tan obvio vincular racismo y urbanismo. Incluso durante las protestas de BLM, en Europa los artículos en medios de comunicación trataban sobre todo del sistema penal, la brutalidad policial…
Pero este vínculo ha sido un aspecto muy importante de estas protestas, que todavía se discutía mucho en Estados Unidos.
En la década de 1960, más de medio millón de afroamericanos participaron en revueltas urbanas en todo Estados Unidos. Estos sucesos, que tuvieron lugar en cientos de ciudades, llevaron al presidente Lyndon Johnson a crear la Comisión Kerner en 1967 para investigar las causas de los disturbios. La Comisión envió investigadores a cada ciudad afectada para entrevistar a los residentes sobre las razones de los disturbios. En todas las ciudades se identificaron tres problemas recurrentes: brutalidad policial, pobreza e infravivienda. La infravivienda solía significar que los residentes pagaban alquileres elevados por viviendas de mala calidad, y la infestación de ratas era un indicador común de esta inferioridad. Uno de mis libros comienza con un relato de ratas que atacan a niños afroamericanos, poniendo de relieve las graves condiciones a las que se enfrentan estas comunidades.
Los afroamericanos se concentraron en las viviendas más pobres e inadecuadas de Estados Unidos, principalmente por diseño, influidos en gran medida por los intereses del sector privado, incluidos agentes inmobiliarios, banqueros y promotores. Estos grupos desempeñaron un papel importante a la hora de determinar dónde podían vivir los afroamericanos y el nivel de desarrollo de esas zonas.
Cuando el gobierno de Estados Unidos estableció por primera vez las leyes de vivienda en la década de 1930, pretendía fomentar la propiedad de la vivienda en los suburbios. Sin embargo, los afroamericanos no podían acceder a la propiedad de una vivienda en los suburbios, ya que estaban relegados a vivir en las ciudades. Como resultado, hubo un desarrollo significativo en los suburbios, pero poco o ningún desarrollo en las zonas urbanas donde vivían los afroamericanos. En consecuencia, las viviendas urbanas se deterioraron.
Este deterioro de la vivienda urbana se asoció a los residentes afroamericanos. La gente atribuyó erróneamente el mal estado de las viviendas a la presencia de afroamericanos, en lugar de reconocer la falta de inversión, de nuevas construcciones y de oportunidades laborales como las verdaderas causas. De este modo, raza y vivienda se convirtieron en temas interrelacionados en Estados Unidos, con un racismo sistémico profundamente arraigado en el mercado de la vivienda.
Hasta 1968, era legal discriminar a los compradores e inquilinos afroamericanos, lo que contribuyó significativamente al deterioro de las condiciones de las comunidades afroamericanas
¿Cómo acabaron los afroamericanos en las peores condiciones de vivienda?
Uno de los conceptos que trato en uno de mis libros se llama inclusión predatoria. Esta idea se refiere a la práctica que surgió después de que décadas de discriminación legal excluyeran a los afroamericanos del mercado de la vivienda. Hasta 1968, era legal discriminar a los compradores e inquilinos afroamericanos, lo que contribuyó significativamente al deterioro de las condiciones de las comunidades afroamericanas. Una vez que la discriminación pasó a ser ilegal, los afroamericanos pudieron optar a hipotecas y a diversos préstamos hipotecarios. Sin embargo, las malas condiciones de sus barrios se utilizaron entonces en su contra.
Los bancos y los prestamistas decían: “Ya no le discriminaremos negándole un préstamo sin más, pero evaluaremos los riesgos en función de las condiciones de su barrio, las escuelas y la falta de empleo”. Estas zonas se consideraban de riesgo, y el razonamiento era que conceder préstamos a sus residentes podía dar lugar a impagos o a que las viviendas no mantuvieran su valor durante el plazo de la hipoteca. En consecuencia, a los prestatarios afroamericanos se les aplicaban tipos de interés más altos y se enfrentaban a mayores cargas financieras, a pesar de que ahora se les permitía legalmente participar en el mercado de la vivienda.
Esta práctica impuso cargas indebidas a los afroamericanos y perpetuó la discriminación sistémica en los sectores inmobiliario y bancario, que persiste en la actualidad. El estereotipo de que los afroamericanos son malos propietarios se deriva de estas prácticas discriminatorias. Sin embargo, estas condiciones fueron creadas originalmente por la discriminación legal y la desinversión, facilitadas por la decisión del gobierno federal de promover el desarrollo suburbano descuidando las zonas urbanas.
Aunque la discriminación en materia de vivienda es ilegal, no hay ninguna entidad capacitada para hacer cumplir estas leyes adecuadamente porque el gobierno se percibe a sí mismo como un colaborador del sector privado
Mencionas cuestiones estructurales, como la inclusión predatoria, en la que, tras el fin de la discriminación legal en 1968, los afroamericanos seguían estando en desventaja por los tipos de interés más altos y las condiciones desfavorables de los préstamos, basadas en el estado de deterioro de sus barrios.
La inclusión predatoria se refiere a la práctica por la que los afroamericanos, a pesar de ser legalmente elegibles para las hipotecas posteriores a 1968, se enfrentaban a tipos de interés más altos y a cargas financieras adicionales porque sus barrios se consideraban “de riesgo” debido a la desinversión sistémica y a las malas condiciones. Esto creaba cargas indebidas y reforzaba la discriminación en los sectores inmobiliario y bancario, basándose en la falsa premisa de que los residentes afroamericanos eran intrínsecamente malos propietarios.
La cuestión más general es que el capital del sector privado influye profundamente en la política gubernamental, y el gobierno de Estados Unidos carece de un compromiso firme con la vivienda estatal y el aumento de la oferta de viviendas. El gobierno ha externalizado estas responsabilidades al sector privado, considerando que su papel consiste en asociarse con entidades privadas en la producción, el desarrollo y la gestión de viviendas.
Esta colaboración con el sector privado crea un conflicto de intereses que dificulta que el gobierno federal regule eficazmente el sector privado. Aunque la discriminación en materia de vivienda es ilegal, no hay ninguna entidad capacitada para hacer cumplir estas leyes adecuadamente porque el gobierno se percibe a sí mismo como un colaborador del sector privado.
Para que el gobierno federal aplique eficazmente sus propias leyes antidiscriminatorias, tendría que dejar de considerarse un socio del sector privado. En su lugar, tendría que desarrollar la vivienda estatal de forma independiente, manteniendo el control sobre la normativa y la gestión de la vivienda. Este planteamiento supone un reto importante en Estados Unidos, dado que los dos principales partidos políticos están profundamente empeñados en mantener el statu quo. Sin embargo, este cambio es necesario para abordar la cuestión de forma integral.
¿Crees que es posible promulgar legislación en EE UU para cambiar esta situación?
Es un problema mucho más amplio. El gobierno estadounidense se ve a sí mismo como un socio del sector privado en materia de vivienda, lo que dificulta una regulación eficaz. Para hacer cumplir las leyes contra la discriminación, el gobierno tendría que desarrollar de forma independiente la vivienda estatal y dejar de verse como un socio del sector privado. Se trata de un reto importante, dado el panorama político y los intereses creados de los dos principales partidos en mantener el statu quo.
¿Ha cambiado algo con la administración de Biden?
No sustancialmente. Biden no ha alterado radicalmente esta dinámica. Las condiciones podrían empeorar si Trump vuelve al poder. El sistema bipartidista estadounidense está profundamente comprometido con el mantenimiento del statu quo, lo que dificulta una reforma significativa.
Tanto Trump como Biden se muestran a menudo en las casas suburbanas como símbolos del sueño americano. ¿Hasta qué punto es exacta esta representación hoy en día?
No creo que sea exacto hoy en día. Hace mucho tiempo que los suburbios no se entienden así. Los disturbios de Ferguson, en Estados Unidos, que iniciaron el movimiento Black Lives Matter, ocurrieron en un suburbio. Muchos suburbios del centro de las ciudades estadounidenses están ahora llenos de pobreza y desempleo. En todo caso, el problema es la gentrificación, en la que partes de las ciudades están siendo reclamadas por los ricos y poderosos como lugares deseables para vivir.
Los suburbios de hoy son muy heterogéneos, es decir, algunos son pobres y de clase trabajadora, mientras que los que están más alejados de la ciudad son más acomodados. Ahora están mucho más diferenciados. Es probable que Trump y Biden sigan hablando de los suburbios de una forma casi anacrónica y anticuada, pero eso no se corresponde exactamente con la realidad actual de cómo son los suburbios.
Es ridículo que no haya un tope para los alquileres, ni un límite para lo que un propietario puede cobrar, y que no esté vinculado a la inflación ni a ninguna otra cosa aparte de lo que decida el propietario
Eso muestra que hay vínculos entre problemas de vivienda y lo político.
La vivienda es un tema extremadamente político, que implica cuestiones sobre dónde se puede construir y cuánto dinero se debe gastar en ella. Durante la pandemia, hubo una moratoria sobre los desahucios y las ejecuciones hipotecarias durante casi dos años, lo que dio lugar a un importante debate sobre si debía mantenerse. Al final, no fue así, y ahora se desahucia a más gente que en los últimos años.
Creo que la política va en distintas direcciones. Hay una cuestión política en torno al aumento del precio de los alquileres, ya que la mitad de los estadounidenses pagan la mitad de sus ingresos en alquiler. Es ridículo que no haya un tope para los alquileres, ni un límite para lo que un propietario puede cobrar, y que no esté vinculado a la inflación ni a ninguna otra cosa aparte de lo que decida el propietario. Se trata de una cuestión política importante.
Otra cuestión es la lucha por las leyes de zonificación, que dictan qué tipo de vivienda se puede construir y dónde. En algunos suburbios exclusivos, las leyes prohíben construir cualquier cosa que no sean casas unifamiliares. Esto impide la construcción de edificios de apartamentos o viviendas multifamiliares, manteniendo de hecho fuera a los pobres y a la clase trabajadora. Los republicanos estadounidenses, especialmente Trump, a menudo hacen campaña sobre el mantenimiento de estas leyes de zonificación para mantener la homogeneidad de los barrios, lo que implica un compromiso para mantenerlos predominantemente blancos.
Teniendo en cuenta películas como Nomadland y situaciones en lugares como Mallorca, donde la gente vive en vehículos debido a la crisis de la vivienda, ¿qué se puede hacer por los que ahora luchan por cualquier tipo de vivienda?
En Estados Unidos, algunas ciudades criminalizan el hecho de vivir en coches o tiendas de campaña, lo que agrava la situación de las personas sin hogar. Esta criminalización hace casi imposible que la gente viva legalmente. Toda la costa oeste se enfrenta a esta crisis, con unos costes de vida inasequibles que obligan a muchos a vivir en sus coches. Sin límites de alquiler y medidas de protección, el capitalismo crea una situación de vivienda inestable y caótica.
Entonces, ¿qué hay que hacer?
Abordar los problemas de la vivienda exige un cambio político y sistémico más amplio. El actual marco capitalista crea caos e inestabilidad para la clase trabajadora. Para garantizar una vivienda estable y asequible para todos es necesaria una reforma significativa, incluso un giro revolucionario hacia el socialismo.
