La preocupación por el medioambiente tiene cada vez más promotores y las instituciones relacionadas al tema son más sólidas y comprometidas. Una de estas organizaciones es el Foro Social de Defensa de la Amazonia (FOSPA XI), que advirtió que este pulmón de la humanidad llegó a un punto de no retorno por el colapso climático que amenaza la supervivencia y que urge la restauración de los daños y el cambio de paradigma. El foro, conocido también como «Pan-amazónico», planteó la autonomía y el autogobierno de las comunidades indígenas de la región, que enfrentan significativas barreras legales y burocráticas que limitan su capacidad de acción y desarrollo. Diversos medios de comunicación también se han sumado a la difusión de los temas de defensa ambiental.
El Foro se realizó en Rurrenabaque, Beni, donde se analizó la situación actual de la Amazonía. Participaron delegaciones de Bolivia, de Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela, junto con diversas organizaciones y movimientos de los pueblos amazónicos. Tras 22 años de su fundación, el FOSPA hizo conocer que sigue siendo un proceso clave que converge y fortalece las luchas de los pueblos amazónicos, según se destaca en las conclusiones adoptadas como mandato oficial. Se instó a eliminar las barreras legales y burocráticas que obstaculizan la consolidación de gobiernos autónomos indígenas y la gestión de recursos públicos según las prioridades territoriales, sin estar subordinados a la lógica estatal convencional.
Los delegados del foro enfatizaron la necesidad urgente de garantizar una participación efectiva de los pueblos indígenas en las discusiones sobre crisis climática y biodiversidad, dada su posición como defensores enfrentando problemas como la corrupción, la falta de acceso a la justicia, invasiones y violencia. Las delegaciones también se comprometieron a promover la justicia hídrica, la protección de los bosques amazónicos, la eliminación de subsidios y financiamientos a actividades extractivistas, y a prohibir la exportación de productos que contribuyan a la deforestación. Además, plantearon la creación de un sello amazónico para productos agroecológicos y la construcción de una zona libre de extractivismo minero.
Demandaron una transición energética justa, popular e inclusiva, que garantice el derecho a la energía y promueva alternativas económicas sostenibles en regiones libres de combustibles fósiles. También se expresó un firme rechazo a los proyectos de palma africana para biodiesel, señalando que vulneran derechos humanos y territoriales, beneficiando a empresas privadas sin abordar la crisis climática. Fue rechazado el uso de semillas transgénicas y la biotecnología, Se subrayó la importancia de la investigación e innovación en colaboración con instituciones académicas para alcanzar estos objetivos.
Anteriormente, mediante un comunicado, la Defensoría del Pueblo recordó que en los últimos años, el país viene atravesando situaciones adversas respecto al medio ambiente, que, por diferentes causas, afectan el ejercicio de los derechos humanos de las y los bolivianos, con mayor impacto en pueblos indígena originario campesinos, que se encuentran en una alta situación de vulnerabilidad.
Asimismo, se puntualizó que según el «Acuerdo de Escazú», ratificado por Bolivia 3 de junio de 2019, la Defensoría del Pueblo, interviene de manera preventiva en todos aquellos casos que puedan vulnerar los derechos humanos en asuntos ambientales, haciendo hincapié en el Acceso a la Información Ambiental, como el derecho a pedir información que todas las personas tienen en relación a asuntos ambientales y desarrollo sostenible.
En esa línea, se hace un seguimiento al tratamiento del Proyecto de Ley (PL) 036/2023-2024 «Aprobación de diecinueve contratos administrativos mineros suscritos por la Dirección Departamental de La Paz de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera, con Cooperativas Mineras», de las cuales, se solicitó la respectiva información a las instancias competentes. La senadora por Comunidad Ciudadana (CC), Cecilia Requena, ofreció compartir información sobre estos casos con la Defensoría, y otras instancias que lo requieran, puso a disposición toda la información de carácter público relacionada con contratos mineros, informes y otros análisis en los que se explican todas las ilegalidades cometidas en el tratamiento de contratos mineros como plazos vencidos, carencia de estudios ambientales, problemas con consulta previa y otros. Requena cuestionó la dificultad para evitar que actividades depredadoras de la naturaleza se expandan en distintos puntos del territorio nacional.
