Mientras la sociedad sigue con atención el juicio iniciado el 28 de octubre por la matanza de pingüinos ocurrida en 2021 en Punta Tombo, los jueces decidieron postergar una semana su sentencia y darla a conocer “por escrito y de manera electrónica a las partes”. Por su carácter de oral y público, la instancia judicial se transformó en pionera en el país, ya que hasta hoy los casos ambientales fueron archivados o se resolvieron mediante un acuerdo entre las partes.
La pena solicitada por la Fiscalía es de cuatro años. La esperanza de todos, que sea una condena ejemplar que opere como punto de partida para una modificación de las normas ambientales y la elaboración de una Ley Nacional que esté incluida en el Código Penal.
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Agravantes clave: el conocimiento y la premeditación en el daño ambiental
En su alegato, la doctora Florencia Gómez, fiscal que investigó el caso, justificó el pedido de una pena superior al mínimo legal debido a varias razones que agravan la conducta del imputado, quien afectó gravemente una reserva de pingüinos.
Entre las principales razones, detalló el conocimiento de parte del establecimiento rural La Regina del impacto ecológico que su accionar estaba provocando en un sitio de importancia internacional. También, mencionó el hecho de omitir los trámites legales pertinentes como autorizaciones y estudios de impacto ambiental para poder ejecutar un plan premeditado que implicó una crueldad fuera de lo común y que excede cualquier pena prevista en las normas vigentes.
A su vez, señaló que en el marco de la Ley Nacional de Política Ambiental (Ley 25.675), que establece la responsabilidad por daños al ambiente, el imputado tiene el deber de restaurar el área afectada a su estado original en la medida de lo posible, de lo contrario, se requiere una compensación económica para el Fondo de Compensación Ambiental. Además del resarcimiento económico, evaluado en una cifra “superior a los 500.000 dólares”, la querella solicitó las costas del proceso y la cesión de 500 hectáreas para destinarlas a la protección de la fauna del lugar.
Después de enumerar las circunstancias agravantes del caso (peligrosidad de la conducta, intencionalidad del acusado e impacto social), se solicita un aumento de la pena.
Matanza de pingüinos: Cronología de un desastre ambiental
El hecho ocurrido exactamente tres años atrás, que se llevó a cabo utilizando maquinaria pesada con el objetivo de construir caminos y un cerco electrificado en medio de una de las mayores colonias continentales de pingüinos de Magallanes del mundo, destruyó más de 175 nidos y mató alrededor de 300 pichones.
El lugar es Punta Tombo, una extensa área de estepa patagónica que abarca más de 200 hectáreas a lo largo de la costa atlántica, a unos 110 kilómetros de Rawson, la capital provincial. Este hábitat excepcional, que se encuentra protegido por normas locales e internacionales, alberga a los pingüinos de Magallanes, especie que fue catalogada como “Casi Amenazada” por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y que en la actualidad enfrenta múltiples amenazas, entre las que se incluyen actividades humanas -como la expansión de la industria petrolera, la pesca intensiva, degradación del hábitat, entre otros- y los efectos del cambio climático en los océanos que afectan directamente su entorno.
Evidencias y justicia ambiental, del análisis de pruebas al fallo unánime
Gracias al aporte de organizaciones como Greenpeace, CONICET, National Geographic y Disney, que pusieron su tecnología al servicio de la causa y brindaron imágenes de alta resolución en las que figura día y hora de los hechos, se pudo confirmar el momento exacto de la depredación: entre el 26 de noviembre y el 4 de diciembre de 2021.
Este dato tiene una relevancia clave, ya que a partir de septiembre los pingüinos abandonan el océano para armar sus nidos en cuevas o entre una tupida vegetación que los aísle de los depredadores, iniciando de este modo su ciclo reproductivo. Por esta razón resulta imposible que, al desmontar la zona para trazar el camino de casi 200 metros hacia el mar, la máquina pesada de construcción no arrasara con los nidos.
Debido a la dimensión del daño ocasionado, tanto los querellantes -Fundación Patagonia Natural, Greenpeace y la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas- como la doctora Florencia Gómez, fiscal general jefe de Rawson, calificaron el hecho como “ecocidio”.
Por esta razón el festejo fue inmediato y todos manifestaron su satisfacción. “Es un hito para la justicia ambiental y la protección de los pingüinos y la naturaleza“, expresó Matías Arrigazzi, biólogo e integrante de Greenpeace. “Se trata de una condena histórica y un punto de inflexión decisivo en la lucha contra la impunidad ambiental en Argentina”, afirmó Lucas Micheloud, director de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas. Para el presidente de la Fundación Patagonia Natural, José María Musmeci, a partir de ahora “las expectativas están puestas hacia delante, sobre todo en las herramientas que tendremos a disposición en el ámbito de la Justicia para defender la biodiversidad, los ecosistemas y las áreas protegidas”.
Los argumentos que esgrimió el acusado
En cuanto a la defensa del dueño de la estancia La Perla (que en un sus comienzos intentó evitar el juicio ofreciendo terrenos al Estado para ser sumados a las áreas de conservación, ofrecimiento que fue rechazado), esgrimió diversos argumentos como la inexistencia del delito, debido a que las acciones realizadas fueron con el objetivo de mejorar una propiedad que le pertenece al igual que lo se encuentra en ella, la falta de pruebas contundentes y hasta puso en duda las evidencias presentadas por la fiscalía. Por último, solicitó la absolución del imputado.
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A largo de seis audiencias, durante las que se presentaron testimonios, pruebas y alegatos, el tribunal -constituido por los jueces Eve Ponce, Laura Martini y Carlos Richieri– dictó el veredicto en el que declara al empresario de 37 años autor penalmente responsable de daño agravado en modalidad de delito continuado en concurso real con crueldad hacia los animales en el último hecho, entre las fechas del 26 de noviembre y 4 de diciembre.
La sentencia, que será emitida el lunes 18 de noviembre, prevé una condena de entre 4 a 12 años de prisión efectiva. Las organizaciones querellantes festejaron este fallo y declararon su compromiso de que, además de obtener justicia para el caso específico, “genere un cambio sistémico en las políticas de conservación”.
