La política de parole in place adoptada por la administración de Joe Biden, la cual permitía a cónyuges de ciudadanos estadounidenses obtener un estatus legal temporal en Estados Unidos, fue suspendida por un juez federal.
De acuerdo con el medio Telemundo 51, el juez federal en Texas, J. Campbell Barker, argumentó que el Poder Ejecutivo no tenía autorización del Congreso para implementar dicha política, señalando además que la interpretación de la ley por parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) estiraba demasiado la interpretación legal.
Con esto, casi medio millón de migrantes que residen en EEUU y se hubieran beneficiado de la política se han quedado sin una opción para evitar la deportación y obtener permisos de trabajo mientras tramitaban la residencia.
Este fallo surge de una demanda presentada por el gobierno de Texas y el de otros 15 estados republicanos que aseguraron que el programa impondría costos significativos en servicios públicos.
Los territorios que cuestionaron la constitucionalidad del programa fueron Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Idaho, Iowa, Kansas, Luisiana, Dakota del Norte, Ohio, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Tennessee, Texas y Wyoming, así como la organización America First Legal.
El juez federal también rechazó la solicitud de intervención de los beneficiarios, cuyos testimonios iban a tratar de defender la política de Biden.
La decisión de suspender el programa ha desatado reacciones de preocupación entre organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes, las cuales afirman que la medida afecta considerablemente a familias que ya han construido su vida en EEUU y que ahora se enfrentaban a la deportación.
Mientras que la administración de Joe Biden puede apelar la decisión del juez federal, su capacidad para preparar la apelación puede verse limitada, pues esta solo tiene 73 días antes de que tengan que entregar el poder al presidente electo Donald J. Trump.
Es importante recordar que el sistema de separación de poderes de EEUU divide al gobierno en tres ramas independientes, la ejecutiva, la legislativa y la judicial, cada una con facultades de control sobre las otras.
El poder judicial puede efectuar “revisiones judiciales” para declarar inconstitucionales políticas del ejecutivo o leyes del legislativo, lo que permite a los tribunales suspender temporalmente la implementación de ciertas órdenes presidenciales o políticas gubernamentales si llega a considerarlas anticonstitucionales.
