WASHINGTON — A pesar de toda la confusión sobre el impacto de su repentina medida del martes, la Constitución, la ley federal y las decisiones judiciales lo dejan claro, dicen los expertos a ABC News: La controvertida orden ejecutiva del Presidente Donald Trump para pausar indefinidamente la financiación federal es ilegal.
“La idea básica es que el poder del monedero es otorgado por el Artículo I al Congreso”, dijo Michael Dorf, profesor de derecho constitucional en la Facultad de Derecho de la Universidad de Cornell, a ABC News. “Si el Congreso dice que se está gastando tanto dinero en los programas federales, eso es lo que se está gastando. El presidente no puede detenerlo ni siquiera temporalmente”.
Si bien los presidentes anteriores han intentado incautar -o retener- fondos federales en casos específicos, la directiva de Trump de congelar indefinidamente la asistencia financiera, las subvenciones y los préstamos y la ayuda exterior lo ha llevado a un nuevo nivel, según Steve Vladeck, profesor de derecho en la Facultad de Derecho de Georgetown.
Un juez federal estuvo de acuerdo el martes e impidió temporalmente que la pausa en la financiación entrara en vigor hasta la próxima semana.
A pesar de la influencia de Trump y el respaldo del Partido Republicano a la mayoría de sus políticas, los expertos advirtieron de que sus órdenes no tienen ningún fundamento jurídico en el que apoyarse, y la historia ha demostrado que tal flagrante desprecio por el poder legislativo ha sido sistemáticamente anulado.
“Es una cuestión de cuándo, no de si, este bloqueo es anulado por los tribunales”, dijo Vladeck a ABC News.
El uso del poder ejecutivo para restringir el gasto federal llegó al Tribunal Supremo de EE.UU. en la década de 1970, cuando el Presidente Richard Nixon ordenó a la Agencia de Protección Medioambiental que no repartiera fondos para diversos programas, entre ellos el de tratamiento de aguas. El Tribunal Supremo dictaminó en 1975, en el caso Train contra la ciudad de Nueva York, que el Presidente no tenía potestad para desautorizar al Congreso incautando fondos.
Dorf explicó que la polémica suscitada por esta medida llevó al Congreso a aprobar en 1974 la Ley de Control de Confiscaciones, que cerraba algunas lagunas jurídicas y dificultaba que un presidente tratara de impedir el gasto del dinero asignado por los legisladores.
“El Congreso aprobó esta ley con normas muy particulares sobre lo que tiene que hacer exactamente el presidente si quiere no gastar el dinero que ha gastado el Congreso”, explicó Dorf. “Puede pedir al Congreso una recisión, pero hay un reloj de 45 días y un montón de procedimientos, ninguno de los cuales ha sido seguido por Trump”.
El decreto de Trump, que ordenó que toda la financiación se detuviera a las 5 p.m. del martes, citó un vago razonamiento para la detención indefinida alegando que la Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca quería revisar la financiación que contradecía la orden ejecutiva anterior del presidente y “avanzaba la equidad marxista, el transgenerismo y las políticas de ingeniería social del nuevo acuerdo verde”.
La orden se hizo en nombre del jefe en funciones de la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB por sus siglas en inglés).
Varios desafíos a la ley y la incautación ejecutiva han llegado a través de los tribunales, incluyendo el caso de 1998 de la Corte Suprema Clinton v. Ciudad de Nueva York que desafió el uso del presidente Clinton de un veto línea de partida para recortar la financiación, los tribunales han fallado en contra de las incautaciones ejecutivas.
Vladeck dijo que las amplias y vagas condiciones utilizadas para “cerrar todo el grifo” violan esos precedentes y el lenguaje jurídico establecido por los tribunales.
“Es probable que argumenten que esto no es una incautación porque es temporal”, dijo Vladeck sobre el equipo legal de Trump. “Sin embargo, la Ley de Confiscación prohíbe estrictamente incluso una corta parada en la financiación”.
Los expertos dijeron que las acciones de Trump fueron telegrafiadas por el grupo de expertos de derechas Project 2025, que propuso utilizar una táctica de financiación similar, pero cuestionaron si esas propuestas fueron pensadas legalmente.
“Durante la primera administración de Trump echaron a perder un montón de cosas si conseguir mejores abogados, como añadir la pregunta de ciudadanía al censo o acabar con DACA, dijo Dorf. “Puede que no se consultara a los abogados y quienquiera que estuviera en la oficina presupuestaria decidiera decir: ‘Haced lo que podáis y a ver con qué puedes salir'”.
La acción judicial no se ha hecho esperar, ya que pocas horas después de la orden de Trump varios fiscales generales estatales y otros grupos presentaron demandas buscando bloquear la incautación. El juez de distrito Loren L. AliKhan ordenó una suspensión que bloquea la entrada en vigor de la política hasta las 5 p.m. del 3 de febrero.
“Parece que actualmente el Gobierno Federal no conoce en realidad el alcance total de los programas que van a estar sujetos a la pausa”, dijo.
Vladeck dijo que no le sorprendería que la orden llegara al Tribunal Supremo y se mostró confiado en que el tribunal anularía la decisión del presidente.
Señaló que el pasado mayo, el tribunal falló 7-2 en un caso que defendía la Oficina de Protección Financiera del Consumidor y la forma en que el Congreso decidió financiar la agencia, a pesar del enorme apoyo de los conservadores que buscaban desfinanciar la agencia.
“Sé que la gente está muy cerrada en sus opiniones sobre el Tribunal Supremo, pero no espero que este sea un caso que divida a los jueces por la mitad”, dijo.
Vladeck sí advirtió que mientras este caso se resuelve en los tribunales, millones de personas estarán en peligro debido al limbo por la incertidumbre que deja la orden.
Muchas organizaciones, organizaciones sin ánimo de lucro y gobiernos locales no tienen ni idea de si han perdido la financiación federal para programas clave como las comidas escolares o Medicaid, y esa confusión ha ido calando en el público, dijo. Incluso si la financiación se restablece pronto, el público ya ha recibido un golpe, según Vladeck.
“En una escala del 1 al 10, esto es un 13. No se trata sólo de dinero”, dijo.
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