El fallo es en respuesta a la demanda interpuesta por la Alianza Nacional del TPS (NTPSA) y los venezolanos con Estatus de Protección Temporal (TPS) que presentaron el caso contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y la secretaria del DHS, Kristi Noem, ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Norte de California.
El juez detuvo la decisión de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, de eliminar el estatus de protección temporal a cientos de miles de venezolanos.
Según la demanda, estas decisiones privarían a más de 600,000 venezolanos de su derecho a vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos durante los siguientes 18 meses. Los demandantes, representados por afiliados de la ACLU y el Centro de Derecho y Política de Inmigración de la Facultad de Derecho de la UCLA, alegaron que las acciones de los demandados violaron la Ley de Procedimiento Administrativo (APA) y la Cláusula del Debido Proceso de la Quinta Enmienda.
Los demandantes solicitaron al tribunal que otorgara una medida declaratoria que estableciera que las acciones de los demandados eran ilegales e inconstitucionales y que la extensión del 17 de enero de 2025 de la pasada administración de Joe Biden sigue vigente bajo sus términos originales.
La decisión de la administración republicana de poner fin al TPS fue parte de la campaña del presidente Donald Trump para tomar medidas enérgicas contra los programas migratorios promovidos por la administración del demócrata Joe Biden, que van más allá de la intención de la ley estadounidense.
¿Qué dice la orden del juez?
Dentro de una semana a partir de la fecha de esta orden (31 de marzo), el juez instruye que las partes presenten un informe conjunto sobre la situación (tras reunirse y deliberar), en donde se abordarán los siguientes aspectos según la orden del jurista.
- Si el gobierno tiene intención de apelar la orden de este Tribunal.
- Si los demandantes presentarán una moción de posposición con respecto a las medidas de la agencia relacionadas con la designación de Haití al TPS (lo cual se encuentra dentro del alcance de la demanda enmendada recientemente presentada).
- Una fecha propuesta para la conferencia inicial de gestión del caso, en la que el Tribunal y las partes discutirán las maneras de agilizar la resolución del fondo de este caso.
Es decir, hasta tanto no haya una decisión firme sobre este caso, el juez ordenó suspender la acción de dejar sin protección a los venezolanos el 7 de abril cuando se vencía el TPS, ordenado por el DHS.
El juez se había preguntado si este Tribunal debería posponer temporalmente las acciones de Kristi Noem, secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, contra más de 600.000 ciudadanos venezolanos que tienen estatus legal para residir y trabajar temporalmente en Estados Unidos, para lo cual inició las argumentaciones legales del caso.
Inestabilidad económica y política
En el escrito se agrega que las acciones de la secretaria Noem privarían próximamente (a partir del 7 de abril) a casi 350.000 de estos residentes de la protección que les otorga el TPS, “lo que los expone a una posible deportación inminente a Venezuela, un país tan sumido en la inestabilidad económica y política que el Departamento de Estado ha clasificado a Venezuela como un país de ‘Nivel 4: No viajar’ debido al alto riesgo de detenciones injustificadas, terrorismo, secuestro, aplicación arbitraria de las leyes locales, delincuencia, disturbios civiles y una infraestructura sanitaria deficiente”.
Considera el escrito que la medida sin precedentes de anular el TPS existente, iniciada apenas tres días después de que la secretaria Noem asumiera el cargo, revirtió la decisión tomada por la administración Biden para extender la protección temporal de los ciudadanos venezolanos que ha estado vigente desde 2021.
Moción
En el documento se agrega lo siguiente:
• Dado el fallo del Tribunal sobre los argumentos jurisdiccionales planteados por el gobierno, no hay razón para retrasar la presentación del expediente administrativo, incluso si el gobierno tiene la intención de presentar una moción de desestimación. Las partes se reunirán y deliberarán sobre la presentación del expediente administrativo (si no lo han hecho ya) y el expediente será presentado por el gobierno dentro de una semana a partir de la fecha de esta orden. Existe interés en que este caso avance con prontitud.
• En este momento, el Tribunal no se pronuncia sobre a qué descubrimiento de pruebas, si corresponde alguno, podrían tener derecho los demandantes más allá del expediente administrativo. El expediente administrativo debe presentarse en primera instancia. Lo que el expediente administrativo revele o no probablemente determinará si se justifica un descubrimiento adicional. El Tribunal no impide a los demandantes presentar solicitudes de descubrimiento al gobierno ahora, pero este no está obligado en este momento a responder a dichas solicitudes.
Designación de TPS 2023
Al mismo tiempo, se extendió la segunda designación de 2021 tal y como fue aprobada en enero de 2025 por la administración de Biden, es decir, la medida del juez abarca los dos grupos, los TPS que vencían en abril y septiembre, aunque lógicamente favorece a los que pronto tendrían que sufrir una medida con riesgo de deportación al quedar sin estatus legal.
Seguridad
El juez consideró que la terminación de las designaciones del TPS para venezolanos tendría un impacto mayor que el económico en Estados Unidos y las comunidades locales donde viven los beneficiarios. El temor a la detención y la deportación hace que los inmigrantes indocumentados renuncien a la atención médica, como pruebas diagnósticas y vacunas, lo que aumenta los riesgos para la salud de la comunidad en general.
Al igual que en el caso anterior, el gobierno no ha presentado ninguna prueba que contradiga lo aportado por los demandantes. En la audiencia, el gobierno admitió no tener contrapruebas.
En cambio, el gobierno simplemente alega que el interés público se opone a la postergación de las acciones de la agencia debido a intereses de seguridad nacional. Sin embargo, la afirmación del gobierno de que los venezolanos beneficiarios del TPS representan algún tipo de peligro para el país o las comunidades donde viven carece totalmente de fundamento, indica el documento.
De hecho, una persona debe ser “admisible como inmigrante” para ser beneficiario del TPS, lo que significa, entre otras cosas, que no puede haber sido condenada por ciertos delitos (por ejemplo, un delito que implique depravación moral o drogas) ni ser miembro de una organización terrorista.
Además, se considera expresamente que una persona no es elegible para el TPS si ha sido condenada por cualquier delito grave o dos o más delitos menores cometidos en los Estados Unidos. Id. § 1254a(c)(2)(B). Por lo tanto, no sorprende que las jurisdicciones estatales y locales de todo Estados Unidos declaren expresamente que no han enfrentado ninguna ola de delincuencia debido a los beneficiarios venezolanos del TPS, expresó el escrito.
Los haitianos
Los demandantes también presentaron una querella enmendada el 20 de marzo de 2025, que refleja la decisión de la secretaria Noem de anular parcialmente la extensión y redesignación de Haití para el TPS, otorgada el 1 de julio de 2024.
El TPS está disponible para personas cuyo país de origen ha experimentado un desastre natural, un conflicto armado u otro evento extraordinario.
A continuación, el documento completo del Juez.
FUENTE: REdacciòn
