POR ALANNA DURKIN RICHER
WASHINGTON (AP) — Un juez federal le ordenó el jueves al gobierno del presidente Donald Trump explicar por qué el no haber solicitado que vuelos que transportaban deportados a El Salvador regresaran a Estados Unidos no violó su orden judicial al respecto, en un enfrentamiento creciente entre los poderes judicial y ejecutivo.
El juez federal de distrito Jeb Boasberg exigió respuestas después de que vuelos que transportaban a inmigrantes venezolanos —que según el gobierno de Trump son miembros de pandillas— aterrizaran en El Salvador después de que el juez bloqueara temporalmente las deportaciones bajo una ley de tiempos de guerra del siglo XVIII. Boasberg le había ordenado al gobierno que regresara a Estados Unidos los aviones que ya estaban en el aire cuando ordenó la suspensión.
Boasberg le había dado al gobierno hasta el mediodía del jueves para que proporcionara más detalles sobre los vuelos, o que presentara una declaración que no debe ser dada a conocer porque dañaría “secretos de Estado”. El gobierno se resistió a la solicitud del juez, calificándola de ser una expedición de “pesca judicial innecesaria”.
En una orden escrita, Boasberg declaró que la última respuesta de los funcionarios de Trump es “lamentablemente insuficiente”. El juez señaló que el gobierno “nuevamente evadió sus obligaciones” al simplemente repetir “la misma información general sobre los vuelos”. Y le ordenó al gobierno que “justifique” por qué no violó su orden judicial de pedir que los aviones se regresaran, lo que incrementa la posibilidad de que él pudiera considerar declarar que los funcionarios del gobierno actuaron en desacato al tribunal.
El Departamento de Justicia ha dicho que las instrucciones verbales del juez no contaban, que sólo su orden escrita necesitaba ser atendida y que no podía aplicarse a vuelos que ya habían salido de Estados Unidos. Un portavoz del Departamento de Justicia indicó el jueves que “continúa creyendo que el cuestionamiento superfluo por parte del tribunal para que se entregue información delicada de seguridad nacional es una extralimitación judicial inapropiada”.
Un funcionario del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas le dijo al juez el jueves que el gobierno necesitaba más tiempo para decidir si invocaría el privilegio de secretos de Estado en un intento por bloquear la divulgación de la información.
Boasberg les ordenó a los funcionarios de Trump que para el viernes presenten una declaración jurada de una persona “con participación directa en las discusiones a nivel de gabinete” sobre el privilegio de secretos de Estado, y que para el próximo martes le informen al tribunal si el gobierno lo invocará.
En un conflicto cada vez más profundo entre los poderes judicial y ejecutivo, Trump y muchos de sus aliados han pedido que se le haga un juicio político a Boasberg, quien fue nominado para el tribunal federal por el presidente demócrata Barack Obama. En una declaración poco común efectuada esta semana, el presidente de la Corte Suprema federal, John Roberts, rechazó tales exhortaciones, diciendo que “el juicio político no es una respuesta apropiada a un desacuerdo sobre una decisión judicial”.
