El juez estadounidense que suspendió una operación de expulsión de migrantes ordenada por el gobierno del presidente Donald Trump denunció este viernes las repercusiones “increíblemente problemáticas” de invocar una ley de guerra de 1798 para estas deportaciones.
Trump arremetió esta semana contra el juez James Boasberg y pidió su destitución, lo que le valió una reprimenda del presidente de la Corte Suprema, John Roberts.
El decreto que invoca la conocida como ley de enemigos extranjeros para detener y expulsar a presuntos miembros de la banda criminal venezolana Tren de Aragua lleva fecha de 14 de marzo.
La Casa Blanca lo divulgó al día siguiente, horas antes de la deportación a El Salvador de más de 200 personas presentadas como presuntos miembros esa organización criminal, declarada “terrorista” por Washington.
El juez preguntó en una audiencia este viernes por qué se firmó el decreto el viernes y se apresuraron a llenar aviones con migrantes.
“Me parece que la única razón por la que hacen esto es porque saben que hay un problema y quieren sacarlos del país antes de que se presenten demandas legales”, le dijo Boasberg al abogado del gobierno, Drew Ensign.
“¿Qué pasa con quienes no son miembros del Tren de Aragua ni ciudadanos venezolanos? ¿Cómo pueden impugnar su expulsión?”, enfatizó el magistrado, quien suspendió las expulsiones bajo esta ley hasta fin de mes.
Lee Gelernt, abogado de la influyente organización de derechos civiles ACLU, insistió en la necesidad de “poder impugnar” su pertenencia a la pandilla.
“Las repercusiones políticas son increíblemente problemáticas y preocupantes”, añadió el juez, e insistió en que se hizo “un uso extensivo y sin precedentes” de la ley.
Hasta ahora solo se invocó en el contexto de un conflicto militar, es decir “cuando era indiscutible que existía una declaración de guerra y quién era el enemigo”, afirmó.
Pero Trump reafirmó el viernes que esta declaración le da el poder de arrestar y deportar a extranjeros sin pasar por los juzgados.
“Eso es lo que dice la ley y lo que este país necesita”, sostuvo el presidente republicano en respuesta a la pregunta de un periodista en el despacho oval.
“Me dijeron que pasaron por un riguroso proceso de investigación, que también continuará en El Salvador”, contestó cuando le preguntaron si es seguro que las más de 200 personas deportadas y encarceladas en una prisión de alta seguridad salvadoreña son “criminales”.
“Eran un grupo malo (…) y estaban con muchos otros que eran absolutamente asesinos, homicidas y personas con los peores antecedentes penales”, agregó Trump.
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