Por LINDSAY WHITEHURST Y REGINA GARCIA CANO Associated Press
Un juez federal cuestionó el lunes si el gobierno del Presidente Donald Trump ignoró sus órdenes de que los vuelos que transportaban deportados a El Salvador volvieran de inmediato a Estados Unidos, una posible violación a la decisión que había emitido apenas unos minutos antes.
El juez de distrito James E. Boasberg se mostró incrédulo ante las afirmaciones del gobierno de que sus instrucciones verbales no contaban, que sólo se debía cumplir a su orden por escrito, que no podía aplicarse a vuelos fuera del país y que no podían responder a sus preguntas sobre los viajes por cuestiones de seguridad nacional.
Boasberg señaló que el gobierno estaba al tanto que, en el momento en que los aviones despegaban, él estaba por decidir sobre una breve suspensión a las deportaciones que se llevaban a cabo en virtud a una ley del Siglo XVIII rara vez utilizada y que invocó el Presidente Trump aproximadamente una hora antes.
El abogado adjunto del fiscal general, Abhishek Kambli, sostuvo que únicamente contaba la breve orden por escrito de Boasberg, la cual se emitió aproximadamente 45 minutos después de que presentó su demanda verbal. Esta no contenía ninguna exigencia para ordenar que los aviones que ya habían salido de Estados Unidos para ese momento regresaran al país.
La audiencia respecto a lo que Boasberg calificó como una “posible desobediencia” a su orden judicial representa el más reciente paso en una lucha legal que comenzó cuando Trump invocó durante el fin de semana una ley de 1798 para tiempos de guerra con el objetivo de deportar a inmigrantes.
“Se ha hablado mucho sobre una crisis constitucional, se usa mucho ese término. Creo que nos estamos acercando mucho”, advirtió Lee Gelernt de la ACLU y abogado principal de la parte demandante. Gelernt dijo que la ACLU le solicitará a Boasberg que ordene el regreso a Estados Unidos de todas las personas que fueron deportadas de manera indebida.
El sábado por la noche, Boasberg ordenó al gobierno que no deportara a nadie bajo su custodia en virtud de la recién invocada Ley de Enemigos Extranjeros, la cual ha sido utilizada únicamente tres veces en la historia de Estados Unidos, todas durante guerras declaradas por el Congreso. Trump emitió una proclamación de que la ley de 1798 estaba en vigor debido a lo que él afirmó era una invasión por parte de la pandilla venezolana, Tren de Aragua.
La invocación de la ley por parte de Trump podría permitirle deportar a cualquier no ciudadano que él diga que está asociado con la pandilla, sin ofrecer pruebas o incluso identificarlos públicamente. Los demandantes presentaron su demanda a nombre de varios venezolanos bajo custodia federal que temían ser acusados falsamente de ser miembros del Tren de Aragua y ser expulsados del país de manera indebida.
Al enterarse de que había planes en marcha dirigidos a El Salvador, el cual aceptó albergar a migrantes deportados en una conocida prisión de alta seguridad, Boasberg dijo el sábado que él y el gobierno necesitaban actuar rápidamente.
“Oopsie… Too late”, (Ups, demasiado tarde), escribió en inglés el Presidente salvadoreño Nayib Bukele, en respuesta a un artículo en la red social X que hacía referencia a la orden de Boasberg y anunció que más de 200 deportados habían llegado a su país.
El gobierno argumenta que un juez federal no tiene la autoridad para decirle al presidente si puede determinar que el país está siendo invadido en virtud de la ley, o cómo defenderlo.
Después de que Boasberg programó una audiencia del lunes y dijo que el gobierno debería estar preparado para responder a una serie de preguntas sobre su comportamiento, el Departamento de Justicia objetó.
La orden de Boasberg sólo tiene vigencia de 14 días mientras él supervisa el litigio sobre el uso sin precedentes de la ley por parte de Trump.
El gobierno de Venezuela se refirió el lunes al envío de migrantes a El Salvador como “secuestros” que tiene previsto impugnar como “crímenes de lesa humanidad” ante las Naciones Unidas. También acusó a la nación centroamericana de beneficiarse de las penurias de los migrantes venezolanos.
La proclama de Trump alega que el Tren de Aragua actúa como un “Estado criminal híbrido” en asociación con Venezuela.
Franco Caraballo fue detenido por las autoridades de inmigración durante un control de rutina el 3 de febrero. Su abogado de inmigración, Martin Rosenow, dijo que Caraballo no había sido acusado de algún delito. La esposa de Caraballo cree que ha sido acusado erróneamente de pertenecer a la pandilla debido a un tatuaje que se hizo en honor al cumpleaños de su hija.
Caraballo llamó asustado a su esposa el viernes en la noche debido a que lo iban a esposar y colocar en un avión con destino desconocido desde Texas, el lugar desde donde partieron los vuelos a El Salvador.
Esa fue la última vez que la familia tuvo noticias de él y ha desaparecido del sistema de localización de detenidos de inmigración federal. “Nunca he visto nada igual”, dijo Rosenow.
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García Cano informó desde Caracas.
Joshua Goodman en Miami, Michael Kunzelman en Washington, D.C., y Nicholas Riccardi en Denver contribuyeron con este despacho.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
