El juez del Tribunal de Distrito de Estados Unidos J. Campbell Barker, designado por el presidente electo Donald Trump durante su primera gestión, anuló el jueves un programa de la administración de Joe Biden que permitiría a inmigrantes no autorizados casados con ciudadanos estadounidenses obtener un estatus legal y un camino simplificado hacia la ciudadanía estadounidense, declarando ilegal la política.
El fallo se traduce es una gran derrota para la administración saliente de Biden, quien impulsó el programa “parole in place”, que otorgaría el estatus legal a unos 500,000 cónyuges indocumentados de ciudadanos estadounidenses, así como unos 50,000 hijastros indocumentados de ciudadanos.
Biden anunció en junio pasado el programa “Parole in Place”, que otorgaba estatus legal a algunos cónyuges inmigrantes de ciudadanos estadounidenses y les proporcionará un camino hacia la ciudadanía sin tener que salir del país como pena.
Este programa buscaba abordar los desafíos que presenta la ley actual de inmigración, la cual requiere que los no ciudadanos que desean solicitar la residencia permanente legal a través de su matrimonio abandonen los Estados Unidos y esperen el procesamiento en el extranjero, lo que lleva a separaciones prolongadas, a veces indefinidas, de sus familiares ciudadanos estadounidenses.
Sin embargo, 16 estados presentaron una demanda diciendo que la política les está costando millones de dólares en servicios públicos, incluyendo atención médica, educación y aplicación de la ley utilizados por los inmigrantes.
Por ello el pasado 13 de septiembre un panel de jueces de la Corte de Apelaciones del 5º Circuito ordenó a una corte federal de Texas que “suspenda administrativamente” todo procedimiento relacionado con el programa “Parole in place”, suspendido temporalmente en agosto por orden del juez federal J. Campbell Barker.
A finales de agosto, Campbell Barker dejó sin efecto temporalmente el programa en respuesta a una demanda entablada por una coalición de estados gobernados por republicanos encabezados por Texas, quienes alegan que el “parole in place” es ilegal al otorgar beneficios migratorios sin la autorización del Congreso a extranjeros que no tienen admisión legal en el país.
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