La ley prohíbe a los propietarios amenazar con llamar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y acosar o desalojar a los inquilinos en función de su estatus migratorio.
Por Cindy Hernandez, STNG • •
Un propietario de Chicago que amenazó con llamar a las autoridades de inmigración para denunciar a una pareja que le alquiló un apartamento en 2020 ha sido multado con 80,000 dólares.
La pareja demandó a Marco Antonio Contreras en virtud de la Ley de Protección de Inquilinos Inmigrantes de Illinois, que protege a los inquilinos de la discriminación o el acoso en función de su estatus migratorio, según informó el Fondo Educativo y de Defensa Legal México-Americano (Maldef), que presentó la demanda en nombre de la pareja en 2022.
Según la demanda, la pareja alquiló un apartamento en el sótano a Contreras y su esposa a partir de 2017. Pero el 30 de junio de 2020, Contreras se acercó a la pareja y les exigió el alquiler para el mes siguiente. Durante el enfrentamiento, Contreras amenazó con denunciar a la pareja ante los agentes de inmigración.
La ley prohíbe a los propietarios amenazar con llamar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y acosar o desalojar a los inquilinos en función de su estatus migratorio.
El 19 de febrero, un juez de un tribunal de circuito de Illinois ordenó a Contreras que pagara a la pareja 80,000 dólares, así como los honorarios y costos de los abogados por violar la ley de inquilinos. El juez también otorgó una suma menor en compensación por negar a los inquilinos el acceso a sus pertenencias, dijo Maldef.
“Decidimos no quedarnos callados porque nuestros propietarios nos amenazaron con llamar a inmigración, y no creemos que nadie tenga derecho a amenazarnos”, dijo la pareja en un comunicado. “Nadie debería sentirse o actuar superior a los demás. Todos somos iguales y merecemos respeto. El hecho de que alguien sea tu propietario no significa que pueda hacerte lo que quiera”.
El caso es el primero en llegar a una sentencia desde que se aprobó la ley en 2019, dijo Maldef. Illinois fue el segundo estado de Estados Unidos en promulgar una legislación que protege los derechos de los inquilinos inmigrantes.
