Inversiones forzosas: ¿Tiene futuro en el Congreso la ley anunciada por el presidente Gustavo Petro?

El proyecto de ley de inversiones forzosas que llevará el gobierno del presidente Gustavo Petro al Congreso de la República no parece tener ambiente en las bancadas ni en los gremios.

La propuesta, que venía sonando hace unas semanas, fue confirmada propio jefe de Estado, quien en su cuenta de X manifestó que su deseo es que el Legislativo le apruebe una iniciativa con el fin de realizar inversiones para la industria exportadora, la vivienda y la economía popular. Anteriormente se había hablado de la posibilidad de acudir a esta figura vía decreto. 

“Si logramos combinar inversiones forzosas con una ley de financiamiento organizadas alrededor y dentro de la transición hacia una economía productiva, tendríamos la posibilidad de reactivación económica que cambiaría las posibilidades del capitalismo y los modelos de producción”, señaló el mandatario el viernes durante el foro de reactivación económica que se llevó a cabo en Manizales, donde estuvieron las carteras económicas, los gremios y empresarios. 

La propuesta, no obstante, ha causado polémica y algunos sectores han lanzado alertas sobre lo que esto podría significar para los ahorros de los colombianos, pues el mismo presidente explicó los alcances de esta iniciativa.

“La inversión forzosa es sacar del ahorro público un parte para invertir en las actividades de la producción, a la banca le conviene porque en este momento se está deteriorando su cartera”, dijo el Presidente. 

Precisamente este punto es el que prendió las alarmas y generó preocupaciones en varios partidos, que desde ya, aunque no se conoce el texto que sería discutido, anuncian que no acompañarán un proyecto en ese sentido. 

“No contentos con confiscar los ahorros de una generación con la reforma pensional o proponer otra Tributaria para asfixiarnos con más impuestos, el presidente gustavo Petro propone tomar “prestado” el dinero que los colombianos tienen en sus cuentas bancarias para financiar sus inversiones forzadas. ¡Quieren dejar a la gente sin un peso en los bolsillos!”, advirtió el senador Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical.

Y es que el anuncio de las inversiones forzosas coincide con una propuesta de reforma tributaria que según el Gobierno es necesaria para alcanzar los objetivos del presupuesto del 2025, que está desfinanciado.

Pero precisamente ese proyecto también tiene mal ambiente, pues se da en medio del escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y está viva la discusión de la necesidad de cobrarles más impuestos a los colombianos cuando en el Gobierno se estarían desviando millonarios recursos en un caso de corrupción.

Y quien sería el encargado de liderar esas discusiones, el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, es señalado por la propia Fiscalía como uno de los determinadores del desvío de recursos de la UNGRD para, presuntamente, pagar a congresistas su apoyo a las reformas sociales.

“Esto no es un paquete de reactivación, sino una receta para el desastre”, aseveró frente a las iniciativas que plantea llevar el Gobierno al Capitolio.

Para la representante Saray Robayo, de ‘la U’, hay que tener mucho cuidado con estos anuncios pues se requiere de absoluta confianza en el Estado para que el uso sea adecuado. La congresista advirtió que hay tres riesgos de avanzar en una propuesta en este sentido. Primero se pregunta “cuáles son los criterios que se tendrían para garantizar que en pleno año electoral la administración de esos recursos sea transparente y destinada correctamente”.

Segundo, según Robayo, “una mala designación de créditos nos puede llevar a tener tasas de interés mal alto porque el riesgo de no pago aumenta, lo que terminará encareciendo el crédito. 

Y tercero, advirtió que “si no se pueden recuperar los créditos tendrán que ser compensados con los recursos de presupuesto porque al final los que le prestan el dinero al Estado. Vamos a terminar teniendo más reformas tributarias para cubrir el nuevo hueco”.

“Esto no es serio, esto es improvisación. Todos los sectores en los que el Gobierno ha metido la mano se han visto afectados”, remató la congresista.

Otras voces reaccionan a la propuesta de inversiones forzosas

Para el expresidente Iván Duque las inversiones forzosas son un sinónimo de expropiación de los ahorros de los colombinos e hizo un llamado para que una iniciativa con ese sentido sea aprobada por el Congreso y, si es así, no supere un examen de la Corte Constitucional. 

“Lo que llaman “inversiones forzosas” no es otra cosa que el inicio del “exprópiese” de los ahorros de la gente en los bancos. Ni el Congreso ni las Cortes pueden permitir esta peligrosa agresión a los derechos de los ciudadanos. Proteger los ahorros es un deber moral”, señaló el exmandatario.

Mientras que una antiguo aliado del presidente Petro, el exministro de Hacienda José Antonio Ocampo, insistió en que es inadecuado usar esta figura y compartió en su cuenta de X una reflexión que había hecho hace unas semanas.

“La propuesta del Presidente de inversiones forzosas del sistema financiero es inadecuada. Es un esquema del pasado, que solo se ha mantenido para el sector agropecuario. Lo que se necesita son acciones coordinadas del Grupo Bicentenario, que reúne a las entidades financieras del sector público. A través del Grupo se pueden otorgar líneas de crédito, algunas concesionales, así como garantías. Un esquema de este tipo es el programa de financiamiento de la economía popular lanzado a finales del 2022, que no ha sido implementado adecuadamente. Un buen programa de crédito puede y debe ser además concertado con el sector financiero privado”, comentó el experto. 

Lo que llaman “inversiones forzosas” no es otra cosa que el inicio del “exprópiese” de los ahorros de la gente en los bancos. Ni el Congreso ni las Cortes pueden permitir esta peligrosa agresión a los derechos de los ciudadanos.

Y desde el sector privado tampoco lo ven con buenos ojos propuestas como la ley de financiamiento: “No es el momento de ninguna ley de financiamiento, es el momento de que nos concentremos a ejecutar. Una ley de financiamiento se tomará su tiempo y una ley de inversiones forzosas nos demorará un año”, dijo María Lorena Gutiérrez, presidenta del Grupo Aval*.

Todavía no se conoce el texto que se llevará al Congreso, pero lo cierto es que no hay un buen ambiente para las inversiones forzosas ni para una nueva tributaria. Además, el trámite del presupuesto de 2025 no parece tener un camino sencillo y hay varias voces que piden que este sea devuelto al Gobierno.

MATEO GARCÍA 

Subeditor de Política

EL TIEMPO Casa Editorial es una de las compañías que hacen parte del Grupo Aval*