Inversiones forzosas: las claves de la controversia sobre aplicar la medida que utiliza parte de los ahorros

La propuesta de inversiones forzosas se convirtió en el eje de la más profunda controversia en los últimos días, luego de que el Gobierno Nacional confirmó que esta iniciativa haría parte de las medidas para reactivar la economía del país.

Por un lado, funcionarios del Gobierno han justificado la iniciativa como un mecanismo para facilitar el acceso al crédito de sectores específicos, a los que, según ellos, se les dificulta esa posibilidad.

Sin embargo, empresarios, gremios y expertos económicos han lanzado advertencias sobre la inconveniencia de esta propuesta porque advierten que hay varios riesgos y el ‘remedio’ podría terminar agravando la ‘enfermedad’ que se busca curar.

Las llamadas inversiones forzosas son un mecanismo en el que los bancos tienen que dirigir un porcentaje fijo de los ahorros del público a cierto tipo de inversiones obligatorias, como títulos, que a su vez se usan para prestar recursos a un sector o algunos sectores escogidos.

De acuerdo con Camilo Ignacio Coronado, experto de la Universidad Nacional, a este mecanismo se acude cuando el Estado quiere intervenir para influir sobre ciertos sectores o programas que considera que no tienen suficiente acceso al crédito, o que la magnitud de los montos para prestar no son los que necesita el país.

En la práctica, se les solicita a las entidades financieras que dispongan un porcentaje de sus reservas, una vez sea descontando el encaje técnico, que es la parte de los ahorros que se debe tener para atender los retiros cotidianos. Hasta ahora, en el país ha sido de entre el 1 y el 3 por ciento y se ha usado para fondear el sector agropecuario y algunos programas de emergencia, como el de la pandemia.

En general, se trata de que el porcentaje que se determine se destine para otorgar préstamos en condiciones más favorables que las normales del mercado, es decir, con un costo financiero pequeño, a las actividades de la producción que terminen siendo escogidas para ser beneficiarias de esta fórmula. Esos detalles los tendría que determinar el Gobierno en un proyecto de ley que aún no se ha radicado y del que apenas se sabe sus minucias gracias a las declaraciones del mandatario y otros funcionarios.

En palabras del presidente Gustavo Petro, esta propuesta de inversiones forzosas al sistema financiero consiste en “sacar del ahorro público de los bancos un porcentaje para destinarlo a crédito barato con un costo financiero pequeño a algunas actividades de la producción, como se está haciendo desde hace décadas con la agricultura”.

Parte de estos recursos se llevarían a Bancóldex, Finagro, Banco Agrario o el Fondo Nacional del Ahorro (FNA) con el fin de ofrecer créditos para los sectores de vivienda, agro o turismo, y ayudar a reactivar la economía.

Reparos y riesgos

Cuando se comenzó a hablar de la propuesta, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, se refirió a alicientes para la inversión en sectores como el turismo.

En otros momentos también se ha mencionado el sector de vivienda.

Lo cierto es que no hay claridad todavía sobre los sectores escogidos y lo único que parece concreto es que a diferencia de lo ocurrido en el pasado se incrementaría el porcentaje de inversiones forzosas, con lo cual han aparecido muchas preguntas e inquietudes de los sectores económicos y de los propios ahorradores.

En un análisis del tema, la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) advierte que con las inversiones forzosas “pierden los bancos, ya que los obliga a invertir en activos de baja rentabilidad y dicha política no necesariamente termina aliviando a los sectores menos atendidos”.

Más aún, el centro de estudios advierte que a las empresas y a los hogares se les reduciría la disponibilidad de recursos para préstamos y estos se volverían más costosos.

En palabras del presidente de Asobancaria, Jonathan Malagón, las inversiones forzosas provocarían que los colombianos tengan que pagar una tasa de interés más alta para que los sectores beneficiados cuenten con una más baja.

“El sector financiero –dice– considera que la propuesta de inversiones forzosas resulta inconveniente, porque constituye un mecanismo de represión financiera que limita el crédito para otras actividades”.

Al explicar la propuesta, el ministro de Hacienda dice que lo que se busca es incidir en sectores claves de la política del Gobierno, como el agropecuario. “Pero necesitamos ir más allá”, señaló.

Con esta frase, el jefe de la cartera de las finanzas públicas se refiere a que en la actualidad estas inversiones forzosas solamente están representadas en los Títulos de Desarrollo Agropecuario (TDA) y son una fuente principal de financiamiento del sector agropecuario.

El sector financiero considera que la propuesta de inversiones forzosas resulta inconveniente, porque constituye un mecanismo de represión financiera

Ese dinero proviene de todos los intermediarios vigilados por la Superintendencia Financiera y varias cooperativas vigiladas por Superintendencia de la Economía Solidaria (Supersolidaria). Ya sea de manera directa o a través del redescuento, estos actores son los que canalizan los recursos de crédito de fomento agropecuario.

Adicionalmente, subraya Bonilla, “las personas siguen teniendo disponible la plata de sus cuentas corrientes, eso no es ninguna expropiación”, al referirse a comentarios en ese sentido sobre la suerte de los depósitos del público si se lleva adelante la propuesta.

“Las inversiones forzosas existen hace más de 20 años en Colombia y nadie ha dicho que sea una expropiación”, agregó el funcionario.

Por su parte, el presidente Petro expuso que aunque los bancos tienen una responsabilidad con los ahorros de los usuarios, también la tienen con la reactivación económica. “No se perdería el dinero ahorrado en los bancos porque nosotros lo devolvemos con tasa de interés modesta”, explicó Petro.

En el análisis del tema, Anif acude a una analogía según la cual las inversiones forzosas son “el equivalente a que algún extraño obligue a un asalariado a gastarse parte de sus ingresos en un activo con baja rentabilidad, bajo el pretexto de que dicha inversión será conveniente para toda la economía”.

¿Puerta a la politización?

Por su parte, y ante los reparos, la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Laura Sarabia, dice que se deben buscar más propuestas para consolidarlas y, en ese sentido, el Gobierno tiene varias sobre la mesa que están estudiando porque es necesario dirigir nuevas inversiones a sectores que las necesitan para su reactivación.

“Se necesita una ley que está siendo objeto de debate sobre cómo mejorar este mecanismo y que se vuelva sostenible para el sector financiero, ya sea por tasas de interés o garantías”, señaló la funcionaria.

Agregó que esta discusión debe ir en dos vías: “Cómo optimizamos los recursos existentes y cómo dirigimos nuevas inversiones a los sectores que las necesitan. No podemos simplemente decir no, sino que debemos buscar más propuestas para implementarlas”.

Entre esas críticas se habla de la posible asignación ineficiente de crédito por parte del Gobierno. Según el exministro de Hacienda y rector de la Universidad EIA, José Manuel Restrepo, si dichas inversiones las administra el Gobierno Nacional, se generarían muchas más ineficiencias y politización en la asignación de los recursos.

“La duda es por qué un recurso privado, de ahorro privado, que se le entrega a un establecimiento de crédito, ahora el Gobierno tiene la autonomía para distribuirlo con criterios de gobierno; entonces, entregando ese recursos a través de créditos a sectores supuestamente beneficiarios de una política de reactivación económica con un criterio politizado o politiquero, con un criterio burocrático, donde puede haber, incluso, problemas de corrupción o de falta de integridad y donde claramente pude haber muchas ineficiencias”, dijo el exministro Restrepo.

Es una preocupación que comparte el también exministro de Hacienda Hugo Palacios: “Cuando se tienen inversiones forzosas, lo que se consigue es que la orientación de los recursos del ahorro no se haga en función de lo que la gente considera que es más eficiente y más rentable, sino que esas inversiones se hacen con criterios políticos”.

Jaime Alberto Cabal, presidente de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), afirma que, al ser una oficina gubernamental la que decida a quién se le debe asignar cupos de crédito más baratos, sin la exigencia y rigurosidad que caracteriza a los bancos, “se corre el grave riesgo de que muchos de esos recursos se pierdan por incumplimiento en los pagos, comprometiéndose la estabilidad fiscal”.

Se necesita una ley que está siendo objeto de debate sobre cómo mejorar este mecanismo y que se vuelva sostenible para el sector financiero, ya sea por tasas de interés o garantías

Sobre estas advertencias, el exministro Palacios manifiesta sus dudas, no porque se trate del gobierno Petro, sino porque, “como con todas las inversiones que dirige el Gobierno Nacional, existe el riesgo de que estas no sean productivas y que, por lo tanto, los proyectos en los que se haya invertido se pierdan. Si los proyectos salen mal, se crea un problema fiscal adicional”, comenta.

Estos recursos podrían perderse ya que, según el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), Bruce Mac Master, los créditos se les otorgaría a personas que, eventualmente, no cumplen con las condiciones para tener un crédito porque o no tienen un historial crediticio o tienen un riesgo demasiado alto. Por eso considera que esta iniciativa es una “muy mala idea”.

Pérdidas e incertidumbre

En el mismo sentido, el presidente de Anif, José Ignacio López, ha dicho que “en el pasado y en otros países hemos visto que las asignaciones forzosas a veces terminan generando una mala asignación de crédito y, por tanto, esos títulos que están respaldados con créditos direccionados terminan teniendo pérdidas importantes”.

A su turno, el grupo de Investigaciones Económicas de Corficolombiana señala que, aunque las inversiones forzosas podrían incrementar la colocación de créditos en sectores específicos, también podrían generar ineficiencias que aumenten el costo del capital, por lo que no se consideran una solución ideal.

Adicionalmente, estas medidas generan incertidumbre regulatoria y reducen la percepción de facilidad para invertir y hacer negocios en el país, potencialmente incrementando el costo del capital a largo plazo.

“Extrayendo recursos del ahorro de los colombianos, las inversiones forzosas afectan la solidez del sistema bancario y refuerzan la percepción de incertidumbre. Se debe hacer un esfuerzo para lograr austeridad del gasto y eficiencia en la ejecución”, comenta la presidenta de la Cámara Colombo Americana, María Claudia Lacouture.

Por su parte, el presidente de Asobancaria dice que el sector propone un ‘gran pacto por el crédito’ con criterios de eficiencia como la mejor vía para la recuperación económica, al tiempo de garantizar que los ahorros de los colombianos en las entidades financieras “no estén ni estarán en riesgo”.

Contrapropuesta

Asimismo, varios expertos coinciden en que una mejor alternativa sería implementar garantías del Gobierno Nacional.

De acuerdo con Corficolombiana, durante la pandemia estas garantías demostraron ser efectivas al dirigir crédito hacia proyectos más riesgosos, beneficiando aproximadamente a 12 millones de deudores y cubriendo cerca del 42 por ciento del saldo de cartera, superando así el promedio regional.

Las garantías no requieren recursos públicos de inmediato y en muchos casos logran impulsar proyectos rentables. El año pasado, el Fondo Nacional de Garantías movilizó 15,5 billones de pesos, apoyando 457.000 créditos en garantías en 1.094 municipios. De estos créditos, la mayoría se dieron en el sector de comercio (40 por ciento).

Para reactivar la economía, el Gobierno también tiene que facilitar las inversiones privadas, que serían el verdadero motor para la reactivación, dice el exministro Palacios. “Desafortunadamente se le ve más interesado en impedirlas. El Gobierno está empeñado en que él hará las inversiones y el pequeño problema es que no tiene plata”, agrega.

Además, es crucial ampliar el acceso al sistema financiero en Colombia, especialmente en la economía popular y sectores como el agro.

Lo que queda claro luego de varios días de intensa discusión y de los argumentos de los expertos en la materia y de las posiciones del Gobierno, es que el trámite de una ley de inversiones forzosas en el Congreso será álgido y complejo, tal como lo señalan varios líderes del Legislativo.

Lo que está por verse en las próximas semanas es si en el marco del acuerdo nacional, planteado por el Ejecutivo, se logra un consenso sin necesidad de llegar a medidas impositivas.

* EL TIEMPO hace parte de un grupo empresarial al que pertenecen entidades del sector financiero.

Experiencia pasada demuestra que es una medida ‘ineficiente’

Las inversiones forzosas no son nuevas en Colombia. La Ley 5 de 1973 las habilitó, estableciendo que los bancos destinaran entre el 15 y el 25 por ciento de sus recursos al sector agropecuario o adquirieran títulos emitidos por el Banco de la República.

“Es algo que existió durante mucho tiempo en el derecho colombiano y se fue demostrando que eran no solamente ineficientes, sino que creaban problemas muy graves dentro del sector financiero”, comenta el exministro de Hacienda Hugo Palacios.

El grupo de Investigaciones Económicas de Corficolombiana resalta que las inversiones forzosas redujeron considerablemente los recursos propios de los bancos disponibles para financiar el crédito ordinario, lo cual obstaculizó el crecimiento económico debido a una asignación ineficiente del crédito, dando origen al calificativo de “represión financiera”.

Por ello, a partir de los años noventa se decidió eliminar gradualmente estas inversiones, aunque se hicieron excepciones para el sector agropecuario y la vivienda de interés social.

La obligación de destinar una parte mínima del crédito hipotecario a la vivienda de interés social fue eliminada en 2004, mientras que el sector agropecuario fue el único que mantuvo la inversión forzosa, aunque con un subsidio reducido y tasas de inversión, redescuento y préstamo vinculadas al DTF.

Actualmente, los establecimientos de crédito deben destinar el 1 por ciento de sus inversiones a Títulos de Desarrollo Agropecuario (TDA) desde 1993.

De acuerdo con un estudio de Corficolombiana, el crecimiento en los requerimientos de inversión en TDA muestra una correlación positiva con el incremento en el saldo de la cartera de créditos del sector agropecuario. Dado que el 96,7 por ciento del fondeo de Finagro proviene de TDA, esta fuente ha sido crucial para sostener el crecimiento de la cartera.

Sin el acceso a estos recursos, Finagro habría enfrentado dificultades para lograr aumentar la oferta del crédito agropecuario. Sin embargo, desde 2014 otros actores como el Banco Agrario han incrementado su participación en la cartera de créditos del sector.

Al cierre de 2023, el requerimiento de inversión en TDA alcanzó los 17,5 billones de pesos, mientras que la colocación total de crédito en el sector agrícola fue de 24,8 billones de pesos y el saldo de la cartera alcanzó los 40,3 billones de pesos.

REDACCIÓN DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS

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