QUITO – Las personas migrantes y refugiadas en Ecuador siguen enfrentando dificultades para acceder a derechos básicos, a pesar de los esfuerzos realizados. El más reciente informe de la Evaluación Conjunta de Necesidades (JNA, por sus siglas en inglés) revela que las necesidades siguen siendo críticas.
Desarrollada entre abril y mayo de 2024 por el Grupo de Trabajo para Refugiados y Migrantes (GTRM) en Ecuador, la sexta ronda del JNA destaca los principales retos de la población en destino, entre ellos, el acceso a protección, alojamiento y salud, además de la integración socioeconómica.
Entre la población económicamente activa, 9 de cada 10 personas trabajan en condiciones informales con un ingreso mensual promedio de USD 350,50 – por debajo de los USD 460,20 del salario básico en Ecuador – y 6 de cada 10 están subempleadas.
En el ámbito de protección, de acuerdo con el JNA, el 70% de quienes respondieron la encuesta y tienen vocación de permanencia se encuentra en una situación irregular, a pesar de que, entre 2022 y 2024, casi 100.000 personas en movilidad humana obtuvieron una visa VIRTE gracias al proceso de registro y regularización extraordinaria impulsado por el Gobierno nacional y acompañado por organizaciones como OIM y ACNUR.
Otro dato que presenta el informe corresponde a la vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria, que se agrava entre la población en tránsito, para quienes alcanza un 89%.
En cuanto a las condiciones de alojamiento, el 87,6% de los hogares venezolanos arrienda un lugar para vivir y el 13,3% ha enfrentado el riesgo de desalojo en los últimos tres meses. Por otro lado, el 67.2% de las personas migrantes y refugiadas en tránsito pasa la mayor parte de las noches en la calle. Esto resalta la urgente necesidad de proporcionar más alojamiento temporal seguro y digno a lo largo de las principales rutas más utilizadas en Ecuador.
“Esta situación evidencia el alto grado de vulnerabilidad de esta población y la necesidad de eliminar barreras que se agudizan por el estatus irregular en el que viven”, comentó Federico Agusti, Representante de ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados en Ecuador, agencia que colidera el GTRM. “A pesar de los grandes avances logrados, se requiere más y mejores esfuerzos para seguir complementando las acciones del Estado en la búsqueda de soluciones para personas refugiadas y migrantes en el país”, añadió.
Por su parte, Camila Cely, Oficial a cargo de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en Ecuador, agencia que colidera el GTRM, apuntó que este estudio “permite mejorar la comprensión de las circunstancias actuales de las personas migrantes y refugiadas en destino y tener resultados más representativos de toda la población venezolana en Ecuador”. Asimismo, sostuvo que desde el GTRM se espera que los resultados de esta sexta ronda del JNA “sean de utilidad para desarrollar políticas públicas y programas orientados a promover el bienestar, la adaptación y la integración de esta población en el país”.
Ecuador es hogar de, aproximadamente, 444.778 personas refugiadas y migrantes de Venezuela, muchas de las cuales comparten con las comunidades de acogida los desafíos derivados del contexto socioeconómico que atraviesa el país.
Las consecuencias del cambio climático y la inseguridad también tienen un impacto significativo en la capacidad de las personas de generar ingresos y estabilizar su situación en el país. En este sentido, de acuerdo con el informe, la percepción de inseguridad aumentó en el 55,3% de los hogares venezolanos, siendo los asaltos y robos los problemas más comunes.
El informe revela que el 39% de la población en tránsito ha estado expuesta a algún tipo de violencia durante su viaje y 15% dijo haber sido manipulada o emboscada para forzar su viaje. Además, se puede destacar que el 33,9% de los hogares venezolanos con vocación de permanencia experimentó discriminación durante los 12 meses anteriores a la realización de la encuesta, principalmente xenofobia, en el lugar de trabajo o durante la búsqueda de empleo.
La sexta ronda del JNA se llevó a cabo, por primera vez, mediante entrevistas presenciales con más de 3.000 hogares que representan a unas 9.869 personas en diez provincias donde reside más del 90% de la población refugiada y migrante venezolana. De manera paralela, se recopiló información sobre la población migrante y refugiada en tránsito por Ecuador de todas las nacionalidades, con 872 grupos entrevistados que comprenden un total de 1.688 personas.
El GTRM, con sus más de 70 organizaciones socias, continua respondiendo a las necesidades urgentes de las personas refugiadas y migrantes en Ecuador. Sin embargo, a la fecha, solo el 12% de las necesidades financieras de las organizaciones en Ecuador han sido cubiertas. ACNUR y OIM, como co-líderes del GTRM en el país, hacen un llamado a la comunidad internacional a seguir apoyando el trabajo vital realizado por estas organizaciones para el benificio de la integración y protección de la población migrante y refugiada y sus comunidades de acogida.
Para más información sobre este tema, por favor, contactar a:
- En ACNUR: Diana Díaz Rodriguez, [email protected]
- En OIM: Paula Vásquez, [email protected]
