Por Sakshi Venkatraman — NBC News
Cuando Khadengra Subedi emigró a Estados Unidos, el primer trabajo que le ofrecieron fue en un establecimiento de sándwiches Subway en San Francisco. Subedi, nepalí y padre de dos hijos, necesitaba ganar dinero, así que aceptó.
En los nueve meses que trabajó allí durante el año pasado, nunca recibió sueldos oficiales. En lugar de eso, le pagaban 14 dólares la hora en efectivo, y algunos meses esos pagos no llegaron a tiempo. A menudo no podía tomarse descansos, ni siquiera para ir al baño.
“Fue la primera vez que llegué en Estados Unidos”, declaró a NBC News. “No conocía del salario mínimo, las horas extra, ni la indemnización por enfermedad. Vine aquí con mi familia. Tenía que tomar cualquier empleo”.
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Ahora, la Oficina del Comisionado Laboral de California está investigando esa franquicia y otros seis Subways en relación con acusaciones de violaciones a los derechos laborales de sus empleados, en su mayoría inmigrantes, muchos de los cuales afirmaron que se les pagó muy por debajo del salario mínimo de 18.67 dólares la hora en San Francisco, o no se les pagó en absoluto.
Los empleos en comida rápida y servicios son comunes entre los inmigrantes en Estados Unidos, especialmente para quienes no hablan inglés con fluidez. Demandas e investigaciones anteriores ponen de relieve lo que, según sus defensores, es un patrón de abusos contra los trabajadores inmigrantes en las franquicias de Subway de todo el país.
El problema salió a la luz cuando, el año pasado, uno de los trabajadores se puso en contacto con representantes del sindicato Trabajadores Unidos Workers United, con sede en San Francisco, que se asoció con la organización sin ánimo de lucro Legal Aid at Work, grupo que presta servicios jurídicos gratuitos a los trabajadores. Diez de ellos se han puesto en contacto con el sindicato hasta ahora, asguró este y, basándose en sus relatos, el grupo calcula que 25 se han visto afectados en los últimos tres años por estas prácticas.
Los siete restaurantes Subway, todos en San Francisco, son propiedad de una pareja, Christopher Van Buren y Marta Gebreslasie, quienes dirigen dos empresas dueñas de las siete franquicias.
Trabajadores Unidos y representantes de Legal Aid at Work afirmaron que la gran mayoría de los empleados contratados por ambos han sido y son inmigrantes. Algunos empleados cobraron menos que el salario mínimo y recibieron pagos en efectivo en sobres, según la denuncia original presentada por las dos organizaciones.
NBC News revisó fotos de los sobres de pago a Subedi, que él guardó, y cotejó las cantidades en dólares escritas en ellos con las horas correspondientes en sus tarjetas de control horario. Otras personas que cobraron el salario mínimo durante su horario habitual no recibieron el pago de horas extra, según los defensores que compararon sus talones de pago con sus tarjetas de horario.
Trabajadores Unidos y Legal Aid at Work presentó la denuncia y, en mayo, la Oficina del Comisionado Laboral de California envió a la pareja una notificación, pidiéndoles que pusieran fin a sus prácticas laborales ilegales.
Sus infracciones salariales abarcaron tres cargos: pagar menos del salario mínimo de 16 dólares la hora en California, pagar menos del salario mínimo de 18.67 dólares la hora en la ciudad de San Francisco y pagar menos del nuevo salario mínimo estatal de 20 dólares la hora para los trabajadores de comida rápida, establecido en abril.
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“Nos tomamos estos asuntos muy en serio y estamos estudiando las supuestas denuncias”, dijo un portavoz de la oficina corporativa de Subway. “Nuestros restaurantes son de propiedad y gestión independiente, y los franquiciados están obligados a cumplir las leyes federales, estatales y locales”.
Tras los trabajadores inmigrantes
Van Buren y Gebreslasie tenían una directora de franquicia a la que los antiguos trabajadores identificaron como una mujer llamada Shila Acharya Thapa. Los trabajadores comentaron que, por sus prácticas de contratación, creen que Thapa quería contrara a inmigrantes recién llegados con dificultades para hablar inglés.
“La gerente quiere contratar al máximo de nepaleses y birmanos”, aseveró Subedi. “No entienden el inglés, ni el salario mínimo, ni las horas extra, ni las bajas por enfermedad, como yo”.
Thapa no respondió a las llamadas telefónicas ni a los mensajes de texto en busca de comentarios. Van Buren y Gebreslasie no respondieron a las solicitudes de comentarios en su número de teléfono personal o a través de sus abogados.
Tanto Subedi como otra exempleada, Mónica Ramírez, de 50 años, quien trabajó en una ubicación diferente durante dos meses en 2019, aseguraron que Thapa era con quien más interactuaban. Subedi contó que Thapa le dijo que mintiera si alguien le preguntaba cuánto ganaba y que indicara que era el salario mínimo.
Ramírez aseguró que sorprendió a Thapa en múltiples ocasiones editando su hoja de control de horario para establecer que había salido del trabajo antes de lo que lo había hecho.
“No había descansos”, recordó Ramírez. “Simplemente trabajaba sin pausa hasta la hora de cierre”.
Subedi indicó que, viviendo con un salario de 14 dólares la hora durante nueve meses, pasó trabajo para pagar sus facturas y mantener a sus hijos. Tuvo que pedir dinero prestado a amigos para sobrevivir, rememoró.
“San Francisco es muy caro”, afirmó. “Soy la única que trabaja de mi familia. Aquella época fue difícil”.
Ramírez incluso dijo que, durante un mes, no recibió ninguna paga. Cuando se quejó con los jefes, la recibieron con agresiones y gritos. Y en el tiempo que tardó en encontrar otro trabajo, dejó de pagar el alquiler.
“Le pregunté a Marta [la propietaria]: ‘Si te comprometes a pagarme a tiempo, me quedo’”, dijo Ramírez. “Ella sólo bajó la mirada. No dijo que sí. Así que decidí renunciar”.
Aunque ya han pasado varios años desde que trabajó allí, contó, todavía no le han pagado nueve días de trabajo.
Tanto Subedi como Ramírez han encontrado trabajos empleos con cheques que cumplen los requisitos del salario mínimo y ofrecen prestaciones, horas extra y descansos. Pero los defensores comentaron que temen por los que siguen trabajando en estas franquicias y en otras miles en todo el país.
Subway bajo la lupa
Hay 20,605 establecimientos de Subway en Estados Unidos, según el sitio web de la cadena. Entre el 30% y el 50% de ellos son propiedad de inmigrantes, según algunas estimaciones.
Subway se ha enfrentado a otras acusaciones en el pasado, no sólo por la explotación de trabajadores inmigrantes por parte de los propietarios de franquicias, sino también por las luchas a las que se enfrentan los propios propietarios inmigrantes.
Una demanda interpuesta en 2021 acusó a la cadena de restaurantes de aprovecharse de los inmigrantes asiáticos, animándoles a abrir franquicias y luego cobrándoles tasas innecesarias, lo que provocó la quiebra de algunos. El caso fue desestimado.
Una portavoz de Subway declaró entonces al diario The New York Post que la empresa “está orgullosa de su diversa red de franquiciados, muchos de los cuales son pequeños empresarios o propietarios de grupos de minorías”.
Una “cultura del miedo”
Una investigación realizada el año pasado por el Departamento de Trabajo sobre una serie de franquicias de Subway en la zona de la Bahía reveló que los propietarios contrataban a trabajadores de tan sólo 14 y 15 años para laborar largas horas y manejar equipos peligrosos. Los propietarios también retenían las propinas y no pagaban los salarios regulares a sus empleados.
El Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Norte de California ordenó a los propietarios pagar casi un millón de dólares en salarios atrasados.
Este año, una demanda de la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo de Estados Unidos acusó a los propietarios de una franquicia de Subway en Seattle de crear un ambiente de trabajo hostil para los empleados negros y de dar instrucciones a un gerente para que no contratara a trabajadores negros. Los propietarios de la franquicia acordaron finalmente pagar 25,000 dólares para resolver la demanda.
“No es casualidad que esto ocurra una y otra vez en los restaurantes Subway y en otras empresas de comida rápida”, afirmó Alexx Campbell, abogada de Legal Aid at Work que defiende a los trabajadores de San Francisco. “Todo el modelo está montado de tal manera que anima a las franquicias más pequeñas a bajar los costos todo lo que puedan para exprimir hasta el último centavo de su mano de obra”.
Es un patrón de abuso hacia los trabajadores inmigrantes recientes que Miriam Medellín Myers, organizadora de Trabajadores Unidos, señaló que también ha visto en otras industrias.
“En parte, se trata de una cultura del miedo, en la que la gente siente que no puede hablar porque, si lo hace, perderá su trabajo, su vivienda y su medio de subsistir”, explicó. “Llegar a un país y no conocer el idioma es algo muy traumático, y vivir en la zona de la bahía ya es muy caro. Así que cuando alguien te ofrece un trabajo te sientes genial y quieres aceptarlo”.
